INTRODUCCION
PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE
1. SECTOR TEMATICO POLITICO-INSTITUCIONAL
1.1 Reforma electoral 1.2 Reforma del Estado
1.3 Descentralización y regionalización
1.4 Participación
1.5 Democracia semidirecta
1.6 Control de gestión
1.7 Autonomía municipal
1.8 Relaciones interjurisdiccionales
1.9 Política fiscal
1.10 Justicia
1.11 Seguridad y prevención del delito
2 SECTOR TEMATICO DE POLÍTICAS SOCIALES–INCLUSIVAS
2.1 Igualdad de género
2.2 Minoridad
2.3 Juventud
2.4 Tercera edad
2.5 Personas con capacidades diferentes
2.6 Educación
2.7 Ciencia, investigación y tecnología
2.8 Cultura
2.9 Salud
2.10 Deportes y recreación
3. SECTOR TEMATICO DE POLÍTICAS ECOLOGICO – ESTRUCTURALES
3.1 Ordenamiento urbano y territorial
3.2 Medio ambiente
3.3 Tratamiento de residuos
3.4 Infraestructura
3.5 Red vial caminera
3.6 Red ferroviaria
3.7 Puertos fluviales y marítimos
3.8 Vivienda y hábitat
3.9 Transporte urbano
3.10 Energía
3.11 Patrimonio público
4 SECTOR TEMATICO DE POLÍTICAS ECONOMICO – PRODUCTIVAS
4.1 Producción agropecuaria
4.2 Actividades pesqueras
4.3 Minería
4.4 Industria
4.5 Pymes y microempresas
4.6 Economías zonales
4.7 Turismo
4.8 Economía solidaria
4.9 Comercio
4.10 Sistema bancario y financiero
4.11 Promoción de empleo
PROGRAMA DEL PARTIDO SOCIALISTA
INTRODUCCION
Los argentinos ingresamos al nuevo siglo con el peso de una crisis que no ha tenido antecedentes en nuestra corta historia. El país que muchos de nosotros conocimos, y que se distinguía por una educación pública que nos preparó para ser ciudadanos, que construyó un estado social que a pesar de sus déficits promovió nuevos derechos, que logró ser el más igualitario de esta parte del mundo, que generó una gran movilidad social, que esbozó un proyecto nacional con fuerte énfasis en una industrialización sobre crecientes bases tecnológicas propias, que alcanzó el pleno empleo y que fue capaz de iniciar un proceso de desarrollo, pues bien, ese país no existe más.
La provincia de Buenos Aires no ha sido ajena a ello, peor aún, registra los índices más elevados de indigencia y de pobreza, constituyéndose el conurbano bonaerense en un claro ejemplo de esta situación.
La finalización de esta primera década del nuevo siglo nos coloca entonces ante un gran desafío: reconstruir el país en general y nuestra Provincia en particular. Pero reconstruirlo sobre nuevas bases de equidad, solidaridad, justicia social y eliminación de toda forma de explotación social. En ese cometido, es notorio que deberá replantearse a fondo, el sistema político-económico-social que nutre los fundamentos de las actuales carencias, privaciones e injusticias que agobian a la mayoría de la sociedad.
No existe política sin proyecto. Pero, además, es imposible imaginar la superación de una crisis tan profunda como la actual sin un Proyecto Provincial. Este proyecto, como es obvio, deberá ser diseñado en el marco de una continuidad en gran medida de las políticas desarrolladas en la década de los 90 que favorecieron a los grupos concentrados de la economía, así como de los casos de corrupción en los que se han visto implicados y sospechados funcionarios del Poder Ejecutivo de la Nación.
En el marco de una estricta alineación con el gobierno nacional, el Poder Ejecutivo Provincial viene aplicando las mismas políticas, entre las cuales, la continuidad de las concesiones de obras y servicios públicos, y la cuestionable práctica de recurrir a las figuras de “estados de emergencia”, “iniciativas privadas” y fondos fiduciarios, representan modalidades diversas de procedimientos destinados generalmente a encubrir maniobras cuyos beneficiarios son empresas vinculadas con el poder político oficial.
Se trata de sacar a luz la idea de Proyecto democráticamente formulado, es decir, de una plataforma ideal que oriente al gobierno de nuestra sociedad. Para ello, entre otras cosas, tendremos que reelaborar la idea de un "Estado provincial", que sea económica y políticamente soberano.
Este proyecto, es fácil advertirlo, no se propone enfrentar las consecuencias, sino las causas de los desequilibrios que genera esta situación crítica que estamos padeciendo. Nuestro objetivo no es adaptarnos a una sociedad menos injusta, sino avanzar hacia un orden fundado en una sociedad justa.
El país y la Provincia toda se ven sacudidos por una crisis que altera hasta grados desconocidos las diversas instancias de la vida ciudadana y de las instituciones alrededor de las cuales se organiza la sociedad, las propuestas programáticas y los instrumentos organizativos que nos acompañaron hasta ese momento tienen necesariamente que ser repensados con una profundidad tal que obliga a poner en juego toda nuestra inteligencia e imaginación Este es el escenario en el que tenemos que actuar. Y de nuestra capacidad intelectual y política dependerá que desempeñemos un rol primordial o que sigamos siendo actores secundarios.
Esa Nueva Sociedad a alumbrar, en un largo y creativo camino, tendrá que asegurar a todos el derecho a una inserción política, social, económica y ambiental que dé lugar a relaciones sociales libres de explotación, dominación o cualquier manifestación de poder coercitivo
PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE PARA LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Como en el siglo pasado, el siglo cuya primera década está finalizando requiere de instituciones nuevas, de organizaciones políticas inteligentes y participativas. Sin ellas no será posible reconstruir una Provincia arrasada.
Previo a detallar un Plan de Desarrollo Sostenible que proponemos para el Estado bonaerense, es fundamental definir que modelo de provincia queremos. En primer lugar, queremos una provincia que juegue un rol protagónico en el escenario del país que integre con sus políticas sociales a los distintos sectores desprotegidos de la población, que contenga articule y sincronice a los diferentes actores locales y regionales del desarrollo.
Un nuevo modelo de provincia debe cimentarse en la inclusión social, la redistribución de la riqueza, la desconcentración administrativa y. la protección del medio ambiente. Este modelo al que aspiramos tiene que restablecer la comunión entre la sociedad y el Estado.
En la actualidad existe una creciente insatisfacción con el fracaso de las estrategias de desarrollo prevalecientes en lograr las metas de mejorar las condiciones de la gente y particularmente de los sectores más pobres de la población. Los fracasos aparecen en la dimensión social, en la dimensión ambiental, y aún en la dimensión económica, que es donde se ha puesto tradicionalmente el mayor énfasis.
Deben distribuirse los recursos disponibles de forma tal que se maximicen los beneficios de bienestar social equitativamente, por ello resulta imperativo fusionar fines sociales, institucionales y ambientales, con fines económicos en la toma de decisiones. La estrategia para asegurar la sustentatibilidad se basa en el hecho de considerar al desarrollo como: ecológicamente armonioso, económicamente eficiente, socialmente equitativo y políticamente viable.
La perspectiva ambiental de desarrollo replantea las formas de incorporación de la población en la vida económica, promueve la participación democrática de la sociedad en el aprovechamiento de los recursos productivos actuales y potenciales. Las estrategias del desarrollo, más que una autarquía de las comunidades, plantea su participación en la gestión de su ambiente –entendiendo a éste como el conjunto de estructuras físicas (naturales y construidas) y de redes sociales, económicas y políticas-, para alcanzar un desarrollo igualitario y sustentable.
El gran desafío de nuestra época, es lograr establecer las condiciones para posibilitar el desarrollo sustentable. Este nuevo paradigma plantea un desarrollo más equitativo que permite elevar la calidad de vida de todos los habitantes y lograr un uso eficiente de los recursos en el tiempo, minimizando los efectos negativos sobre el medio.
Para afrontar este desafío es preciso realizar profundas reformas políticas, sociales y económicas en las que puedan participar importantes segmentos de la actividad humana, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. La lucha por un mundo sostenido transformará numerosas facetas de la sociedad, desde la política y la economía hasta los valores culturales y los derechos humanos.
El concepto de progreso humano es infinitamente más amplio que el de crecimiento económico. El compromiso de todos, hombres y mujeres, en la toma de decisiones es requisito previo para la mejora de la condición humana; es decir que en un su sentido más absoluto se trata de aplicar los criterios de democracia participativa.
Los Socialistas somos abanderados de una visión social que propugna el desarrollo sostenible por medio del reconocimiento de los derechos fundamentales individuales y colectivos. Somos capaces de integrar las agendas medioambientales y de desarrollo, es decir, una agenda capaz de responder a los deseos de justicia sin dañar la biosfera, ya que la equidad ya no puede separarse de la ecología. Nuestra visión está basada en un modelo socialdemócrata que se caracteriza por el bienestar para todos, empleo pleno y justo, la solidaridad y un medio ambiente sano. En la nueva visión del futuro, la perspectiva ambiental, junto con la económica y social, es fundamental para una sociedad basada en la democracia, la solidaridad y la justicia.
Para los Socialistas, la erradicación de la pobreza es el reto más importante en la actualidad, la máxima prioridad y requisito indispensable para el desarrollo sostenible. La degradación medioambiental es un obstáculo que impide poder ganarse el sustento de una forma sostenible y que afecta mayormente a los pobres. Es por tanto imprescindible que las estrategias y procesos nacionales para disminuir la pobreza abarquen cuestiones de tema medioambiental.
Como socialistas, nosotros debemos seguir trabajando a fin de lograr un marco para la acción internacional, regional y local que traiga al mundo el desarrollo sostenible y la equidad. Nuestra fe en los conceptos de libertad, justicia y adopción democrática de decisiones es esencial en la lucha contra las amenazas al hombre y la naturaleza.
En síntesis, nuestro modesto aporte a una conceptualización integral del desarrollo sostenible, indicaría que serían cuatro las condiciones necesarias para asegurar un plan de este tipo: a) Sustentabilidad político - institucional, para garantizar que el desarrollo sea posible al existir estabilidad política e institucional, en un marco de democracia, vigencia del Estado de derecho y gobernabilidad; b) Sustentabilidad social a fin de asegurar que el desarrollo mejore equitativamente la calidad de vida de toda la población, con participación de la misma en el control y la toma de decisiones, y de forma compatible con los valores y la identidad de la comunidad; c) Sustentabilidad ecológico - estructural para garantizar que el desarrollo sea compatible con el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales, de la diversidad biológica y de los recursos biológicos; y d) Sustentabilidad económica para que el desarrollo sea económicamente eficiente y que los recursos sean gestionados con responsabilidad y criterios de preservación.
Cabe recordar que no existe desarrollo verdaderamente sustentable si no tiene fines humanos, sociales, expresados en el mejoramiento creciente de la calidad de vida, bienestar creciente equitativamente distribuido. Pero también debe señalarse que la idea de bienestar social así planteada está estrechamente ligada al concepto de sustentable, pues no se puede vivir con calidad si el ambiente ha sido tan degradado que ya es incapaz de sostener la vida humana.
La política a nivel provincial a la que adherimos los Socialistas no es la de la conveniencia de algunas actuaciones concretas, carentes de perspectiva global, sino que desde siempre hemos concebido la administración provincial como referente inequívoco para la articulación de un proyecto de transformación social integral.
En consecuencia, aplicamos ideas y programas cuya naturaleza excede a una visión formal de la Institución, y lo hacemos como algo capaz de impregnarse de su entorno y con imaginación para incorporar nuevos elementos, que sean renovadores, solidarios e integradores.
Una vez más, reafirmamos nuestro compromiso con las instituciones provinciales y municipales, como instrumentos capaces de dar respuestas a las necesidades, de producir y articular políticas sociales que permitan un desarrollo sustentable.
Un desarrollo basado en la preservación del medio natural, en la promoción de la salud, la educación pública, laica y gratuita, el incremento de la participación, el empleo y la producción, el acercamiento a la cultura y el deporte a todos los ciudadanos, estableciendo medidas positivas que favorezcan la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, incentivando políticas de atención a la minoridad, juventud y tercera edad, prestando especial atención a los más desfavorecidos.
El presente Plan de Desarrollo Sostenible de la Provincia de Buenos Aires, está estructurado en cuatro sectores temáticos donde se agrupan por su relación las políticas y programas específicos que proponemos aplicar. Los citados sectores los hemos definido como: político – institucional, social – inclusivo, ecológico – estructural, y económico – productivo.
1. SECTOR TEMATICO POLITICO-INSTITUCIONAL
El socialismo persigue la construcción de una sociedad democrática, donde todos puedan organizarse libremente para defender sus intereses; donde la ciudadanía tenga acceso a la información y a la cultura. El socialismo entiende la democracia no sólo como un sistema político sino también como una forma de vida.
La democracia debe ser representativa pero también participativa, a través del incremento de la participación popular. El Estado como forma de organización política debe estar al servicio de la sociedad. El Estado debe ser democrático, federal, representativo y participativo.
El socialismo se compromete a luchar por la democratización del Estado con el objeto de construir una relación entre gobernantes y gobernados, basada en la participación, en elecciones libres, y en el control permanente de la gestión de gobierno por la ciudadanía.
Es esencial el fortalecimiento de la esfera pública como espacio por excelencia de lucha por los derechos de ciudadanía. La participación efectiva de las organizaciones sociales es imprescindible para el desarrollo de la democracia participativa.
El socialismo se pronuncia por un Estado laico que sea tolerante con todas las formas de pensamiento y estilos de vida. Es fundamental el respeto a la división de poderes y la independencia de la justicia.
Es necesario desarrollar un estado eficiente, participativo, sin privilegios y con claros mecanismos de control. Un nuevo contrato social requiere de un Estado fuerte y activo, con capacidad de planificación, coordinación y regulación de acciones, recursos y servicios públicos, incrementando su calidad con economía de recursos, e implementando mecanismos efectivos de gestión por resultados y evaluación permanente con publicidad de los mismos.
El socialismo aspira a la transparencia de todos los niveles de gobierno para garantizar la buena administración de los recursos y la eficiencia en los programas y acciones de gobierno. Es esencial la aplicación efectiva del derecho del ciudadano reconocido constitucionalmente de acceder a la información pública, dando permanente publicidad a los actos de gobierno.
El socialismo, como concepción de vida, lucha por erradicar en forma definitiva la corrupción, la arbitrariedad y el autoritarismo. Se deben eliminar los gastos reservados en todos los Poderes del Estado, con precisas excepciones establecidas por Ley y mecanismos de control, sólo necesarias para la defensa nacional
Es prioritaria la profesionalización y capacitación de las estructuras administrativas de los Poderes del Estado, la incorporación de nuevas tecnologías de gestión pública, de regulación, de monitoreo, y de procesos de modernización administrativa.
La democracia es condición previa al desarrollo sostenible. Debe expresarse a través de la participación pública y de consultas regulares entre los gobiernos, las organizaciones ambientales, los sindicatos y el público.
En un plan de desarrollo sostenible como el que promovemos, se debe incorporar la buena gobernabilidad, como -por ejemplo- el respeto a los derechos humanos, a la democracia, y al Estado de derecho, que representan la base fundamental para la reducción de la pobreza y para promover el potencial de los marginados.
En este sector temático político – institucional hemos agrupado los siguientes aspectos del Plan de Desarrollo Sostenible que impulsamos para la provincia de Buenos Aires: reforma electoral, reforma del Estado, descentralización y regionalización, participación, democracia semidirecta, control de gestión, autonomía municipal, relaciones interjurisdiccionales, política fiscal, justicia, seguridad y prevención del delito.
1.1 Reforma electoral
Proponemos una reforma política que avance en la construcción de un Estado al servicio de la sociedad, democrático, federal y participativo. Para esto es esencial una mejor relación entre gobernantes y gobernados, basada en la participación popular y la transparencia de la gestión de gobierno.
La posibilidad de rearmar las estructuras actuales deberá responder a una línea de pensamiento; la línea de pensamiento que dirige esta propuesta de reforma apunta a generar lo que se denomina un Estado republicano representativo provincial y municipal; incluye, también algunos cambios que tienden a lograr más independencia del Poder Judicial y a reorganizar el Poder Legislativo.
Se requiere un sistema electoral que respete a las minorías y las proporcionalidades sin piso, debe necesariamente mejorar las representaciones políticas garantizando el pluralismo y estimulando la participación popular. De igual forma, un sistema de funcionamiento de los Partidos Políticos que garantice transparencia de los aportes y fondos con la obligatoria publicación de sus orígenes y procedencia.
La reforma socialista en la Legislatura provincial determinará la unicameralidad. Se sostiene que hay tres dimensiones de representación: la primera, referida a si las características personales de los representantes, reflejan las características personales de los/ representados, la segunda, vinculada a la composición del Parlamento y si ella refleja la distribución de los votos, y la tercera, referida al comportamiento de los representantes y su relación con los deseos, los ideales y las preocupaciones del pueblo.
De importancia para nuestra reforma, nos ocupa el análisis de la representación. La cual está ligada a la proporcionalidad en el número de habitantes respecto de las fracciones partidarias que alcanzan una banca. No obstante, conceptos modernos de participación, no pueden separarse de la otra proporcionalidad, aquella que se relaciona a la necesidad de reflejar las opiniones del electorado con una distribución aproximada en el territorio.
En nuestra provincia, existen grandes territorios con poca densidad poblacional, y otras pequeñas áreas donde conviven millares de personas. Analizar estas situaciones, nos lleva a la historia económica y social de cada una de ellas. Una modalidad, a definir, es la representatividad del actual sistema utilizado para todos los cargos.
Otra característica a tener presente es la búsqueda de un equilibrio que eviten la dualidad actual, en que la Cámara de Senadores no tiene una especialización ni un origen que justifique el desempeño de una representación geográfica genuina, es decir, que el método de selección es similar al de Diputados, así, la dualidad legislativa se transforma en repetición, y las desventajas para los ciudadanos se profundizan.
El sistema unicameral deberá contemplar la proporcionalidad poblacional y territorial. Limitar el gasto de la función legislativa hasta un porcentaje del gasto público consolidado de cada jurisdicción.
En síntesis, el Socialismo se propone para el fortalecimiento de la democracia y la representatividad de las instituciones políticas:
- Mejorar las formas de representación política, facilitando la formación de partidos políticos, el acceso ciudadano a las candidaturas, preservando el derecho de las minorías y la proporcionalidad, garantizando el pluralismo y estimulando la participación popular.
- Garantizar los sistemas de representación proporcional, y establecer disposiciones legislativas o constitucionales tendientes a que los sistemas electorales nacionales o provinciales no puedan incluir la variante del doble voto simultáneo.
- Asegurar la transparencia en el financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales mediante el control efectivo de los aportes y el origen obligatoriamente público de la mayoría de los fondos.
- Limitar el tiempo de duración de las campañas electorales, acotando los costos de las mismas y asegurando los efectivos mecanismos de control del gasto electoral.
- Establecer el sistema unicameral en los poderes legislativos provinciales a través de la modificación de las respectivas constituciones provinciales.
- Restringir el gasto de la función legislativa provincial y municipal hasta un porcentaje del gasto público consolidado de cada jurisdicción.
- En correspondencia con lo planteado, hemos elaborado y presentado en la Legislatura un proyecto de ley para modificar la Constitución provincial, a fin de establecer la unicameralidad y la segunda vuelta para elección del gobernador -entre otras medidas-; así como un proyecto para un nuevo Código Electoral que impediría las listas sábana, las candidaturas testimoniales y demás modalidades utilizadas para burlar la voluntad popular. Ambas iniciativas, junto con otras complementarias también presentadas, seguirán siendo impulsadas por el Socialismo para lograr su aprobación legislativa y su aplicación.
1.2 Reforma del Estado
La Provincia de Buenos Aires es el Estado más grande y rico de la Nación Argentina, a pesar de lo cual es institucionalmente uno de los que presenta un mayor cuadro de atraso en cuanto a las reformas necesarias para consolidar un Estado fuerte y moderno.
Las posibilidades de reforma, la última en 1994, se frustraron por la preeminencia de los intereses de grupo a las reales necesidades de la provincia y sus ciudadanos. Así la Provincia de Buenos Aires continúa siendo un Estado prácticamente obsoleto ya que sus premisas e instancias institucionales datan algunas de principios de siglo pasado cuando otra era la realidad del país.
Desde el Partido Socialista sabemos que transformar la Provincia, nuestra Provincia, es tarea de todos. Y también sabemos que el primer paso que debemos dar es el de asumir compromisos y tener confianza en nuestras propias fuerzas para construir una sociedad realmente independiente, justa y solidaria.
La realidad de la Provincia reclama alternativas de políticas de inclusión social y económica en ese marco es necesario impulsar un abierto y franco debate acerca del lugar que juegan los distintos sectores sociales, de la producción y el trabajo y el papel del Estado en la búsqueda de respuestas a las nuevas necesidades que la población requiere hoy.
El Estado, por otra parte, tendrá que ser una herramienta eficaz para cumplir sus roles indelegables, de gestor, de promotor y garante del desarrollo en una estrategia de crecimiento que contemple los diversos intereses de la comunidad en su conjunto. En este marco los Socialistas proponemos una reforma profunda que modernice el Estado provincial y sus instituciones bajo preceptos solidarios e igualitarios que permitan construir un Estado eficiente y una ciudadanía activa.
La sociedad deberá adquirir un rol protagónico en la determinación de los grandes objetivos y decisiones que incumban a su interés a través de distintos mecanismos y las distintas instituciones. Por eso, además de esta reforma debemos avanzar en consideraciones fundamentales en cuanto a la participación de los ciudadanos. Es necesario abrir canales de participación para que la política pueda oxigenarse y para cambiar el sentir de los ciudadanos que no se sienten representados.
La reforma de estas reglas de juego debe ser también parte de una reforma del Estado. Cada uno de los últimos gobiernos ha entendido la reforma del Estado como un ajuste, como un achicamiento de las plantas de personal de los gobiernos municipales, provinciales y nacional, y no como la obtención de un Estado austero y transparente que cumpla una función de solidaridad, que no ha cumplido en estos años de democracia. Esta reforma política también debe abordar el problema de la corrupción. Pero esto no lo podemos hacer sin destacar que una cosa es corrupción y otra impunidad
Es necesario desarrollar un Estado eficiente, participativo, sin privilegios y con claros mecanismos de control. Un nuevo contrato social requiere de un Estado fuerte y activo, con capacidad de planificación, coordinación y regulación de acciones, recursos y servicios públicos, incrementando su calidad con economía de recursos, e implementando mecanismos efectivos de gestión por resultados y evaluación permanente con publicidad de los mismos.
El Estado debe refundarse sobre bases de eficacia social, para la plena regulación de las relaciones de mercado, la promoción de la producción de capital nacional y la reinstalación de un programa de redistribución progresiva del ingreso nacional, a través de políticas sociales de carácter universal.
El Estado constituye el catalizador social para fijar las políticas económicas que aseguren la distribución de la riqueza, que brinden a todos la igualdad de oportunidades y garanticen el desarrollo sostenido. El Estado no es prescindente en ninguna instancia de la vida económica de las sociedades; la prescindencia es una política promovida por aquellos que detentan el poder en cualquiera de sus formas para apropiarse indebidamente de las riquezas creadas por el trabajo.
La reforma del Estado, debe tener como meta convertir al “empleo público” en modelo de una “ética del trabajo” y de gestión moderna. Pero para ello, el Estado tiene que desarticular la “lógica rentística” de su interior, que se manifiesta a través del clientelismo, la ineficiencia, el atraso tecnológico y el empleo improductivo de recursos
Proponemos refundar la estructura y las funciones del Estado en todos sus niveles y ámbitos operativos. Creando un Estado eficiente, moderno, capacitado y equilibrado, que este al servicio de las mayorías nacionales. El Estado debe garantizar el acceso a la seguridad alimentaria, educación, salud, vivienda, equipamiento e infraestructura social.
1.3 Descentralización y regionalización
En los planteos realizados asiduamente desde el socialismo, hemos promovido y advertido de la necesidad de derivar responsabilidades en la concreción de algunas acciones a descentralizar.
La descentralización no es solo un proceso político-administrativo de democratización del Estado, como se puede plantear primariamente, sino que además significa abrir cauces para el desarrollo de la iniciativa y la organización de la población, facilitando la actividad de los distintos actores económicos y sociales.
Consideramos indispensable avanzar hacia un nuevo tipo de economía social y de derecho contractual que se sitúe entre lo público y lo privado. A través de la descentralización no se establece una separación rígida entre las instituciones representativas de los distintos niveles del Estado y la población, sino su articulación, al combinarse con las nuevas formas de participación.
En el ámbito local, procuramos contribuir a la elaboración, programación, reglamentación, ejecución y control de decisiones institucionales del gobierno comunal con mayor autonomía y consenso por parte de los diversos sectores de la comunidad.
La descentralización debe estar presente en los aspectos educativos, culturales y sociales confundiéndose con los procesos participativos, para lograr de esta forma la democratización de la cultura y la potencialización que a partir de este proceso se da en los individuos concretos.
La descentralización debe facilitar el acceso igualitario de la población a los beneficios de la prestación provincial y municipal, posibilitando la instrumentación de formas de control popular.
Los procesos de descentralización revalorizan la programación y los proyectos concretos, transfiriendo o relegando responsabilidades en la gestión y prestación de servicios y asistencia social. La descentralización posibilita una relación más directa, de mayor agilidad y adecuación a los hechos, ahorrando caminos en el encuentro de soluciones. La difusión de funciones y responsabilidades entre la población y el logro de consensos en torno a proyectos colectivo, podrá promoverse más fácilmente desde las estructuras políticas más próximas, de representación inmediata, como son las municipales.
La descentralización es un proceso administrativo, político y social, mediante el cual se transfieren funciones, competencias y recursos desde una administración central hacia organismos de menor jurisdicción territorial.
Descentralizar significa distribuir ciertas cuotas de poder hacia nuevos actores y escenarios en la búsqueda de un mejor manejo de los asuntos públicos. En definitiva, es impulsar un nuevo estilo de gestión que se sustenta en el accionar coordinado de las distintas dependencias involucradas en cada ámbito territorial, y en la participación activa de la ciudadanía en la planificación y el control de las acciones de gobierno.
Los socialistas promovemos establecer las Regiones Provinciales dividiendo el mapa provincial según características culturales, geográficas y económicas, que garanticen la integración provincial y una mejor planificación estatal. Estas regiones serán también políticas, administrativas, electorales y para la provisión de todos los servicios provinciales, tomándose en cuenta en su determinación un equilibrio poblacional y geográfico.
Las Regiones Provinciales serán un ámbito de articulación entre el Estado provincial y los municipios, teniendo las facultades que el Estado provincial le confiera en un programa de descentralización administrativo y político que permita hacer eficiente la administración provincial.
Dada la especificidad de la región conurbana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los Socialistas promovemos la creación del Aérea Metropolitana o bien de una estructura de coordinación atendiendo a objetivos sectorializados que no se pueden resolver en el estricto marco municipal.
Los Socialistas consideramos necesario impulsar la coordinación de dichas áreas en función de lograr un desarrollo más equilibrado del territorio a la vista de los grandes déficits que sufren estas grandes aglomeraciones urbanas. La solución de muchos problemas de las grandes ciudades tienen una dimensión que abarca conjuntamente a todas las ciudades que componen el área metropolitana.
En el marco de la regionalización provincial el área metropolitana requiere de una especificidad como subregión atendiendo a sus problemáticas particulares siendo la porción de la provincia más pequeña geográficamente pero más numerosa poblacionalmente que limita rodeando al Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la cual comparte el área.
La creación del área metropolitana parte de la premisa de integración entre Estados con problemáticas similares y una interdependencia compleja y dinámica. Por ello proponemos su creación como una cuestión central de relevante importancia para la Provincia y la Nación.
La competencia esencial de ésta área será la planificación estratégica orientada a estructurar y articular el territorio de una manera más equilibrada (transportes, infraestructura, estructuración y ubicación de los servicios públicos), evitando así los efectos negativos de las aglomeraciones urbanas estructuradas en torno a un único centro.
1.4 Participación
La amplia participación y colaboración son claves para el éxito del desarrollo sostenible. Todos los sectores de la sociedad tienen un papel que desempeñar en la construcción de un futuro en el que los recursos naturales se protejan, y la prosperidad, la salud y la educación estén al alcance de todos los ciudadanos.
Frente a las debilidades de la democracia representativa y la complejidad de la sociedad actual se necesita responder con más democracia y con mayor participación y control de los ciudadanos y ciudadanas en la gestión pública.
El Estado provincial debe ser propulsor permanente de la participación ciudadana en cada ámbito de interés social. La participación popular activa es esencial para construir una democracia más eficiente.
Para construir un Estado participativo se debe cambiar la concepción centralizante y totalizadora del poder. Se debe promover la participación plena de la ciudadanía en cada instancia de los intereses que hacen a la vida en democracia.
La crisis social, económica, institucional y de representación en que vive nuestro país, y desde luego nuestra provincia, ha sido transformada en una crisis moral que actúa como una fuerza negativa y desintegradora.
Es necesario crear un ámbito para posibilitar el diálogo y la participación de los distintos sectores de la Provincia, considerando que la crisis de legitimidad, solo puede superarse a través de la creación de mecanismos constitucionales e institucionales que posibiliten la representación de los diversos sectores sociales. La existencia de estos mecanismos pueden incidir positivamente sobre la eficacia y efectividad del gobierno, valores estos componentes de la legitimidad que se pretende acrecentar.
En función de ello proponemos constituir el Consejo Económico y Social como órgano de asesoramiento en la elaboración de planes de desarrollo sostenibles de mediano y largo plazo, a través de una planificación indicativa, participativa y abierta.
Los fundamentos básicos para la creación de este Consejo Económico y Social de la Provincia son: fortalecer la democracia a través de la reforma de las instituciones y crear un ámbito para la concertación y el consenso.
Asimismo, los socialistas proponemos:
- Profundizar la institucionalidad democrática para hacer efectivas las competencias de los poderes en forma equilibrada y de estos con la ciudadanía.
- Promover una cultura Institucional sustentada en la necesidad de evitar permanentemente las deformaciones autoritarias del Estado.
- Impulsar la participación como factor vital en la lucha contra la corrupción y el clientelismo, eliminando la impunidad que anida en las instancias del Estado.
- Modificar la relación entre el Estado y la sociedad pasando de una visión paternalista, concentrada y controlador a la de un Estado concertador.
- Promover una ley de Participación ciudadana donde se establezcan mecanismos de nueva ciudadanía tendiendo a la eliminación de la exclusión política e incentivando el compromiso ciudadano en los asuntos públicos desde los espacios locales, municipales, hacia los regionales y provinciales. En este sentido las organizaciones populares son un mecanismo indispensable para ensanchar la participación dándosele un ámbito institucional necesario para garantizar su libre y efectivo funcionamiento.
- Asegurar el acceso a la libre información y la publicación en los medios de comunicación el estado y evolución de las finanzas públicas, de la estructura administrativa, cantidad de personal, competencias, obligaciones y planes y programas, abriendo espacios para la libre expresión de la ciudadanía.
- El Socialismo continuará impulsando en la Legislatura el proyecto de Ley elaborado por el cual planteamos crear el Programa de Fortalecimiento de la Sociedad Civil y Promoción de los Derechos.
1.5 Democracia semidirecta
El concepto de democracia está estrechamente vinculado al de participación. La participación da a la democracia un contenido social, posibilitando que los derechos reconocidos en la Constitución se concreten en la realidad cotidiana. Ella desarrolla la solidaridad frente al individualismo y ayuda a la solución equitativa de los problemas, a la par que permite el conocimiento de la realidad y, en consecuencia, determinar responsablemente la dirección en que se quiere transformarla. Ella posibilita colocar las instituciones al servicio de las necesidades sociales.
La evolución constitucional del último siglo indica que la participación ciudadana no se debe limitar a la emisión del voto en las elecciones periódicas, sino que debe promoverse e incentivarse haciéndose común y cotidiana en todos los ámbitos posibles.
La existencia de la Nación y el funcionamiento pleno de sus instituciones, ejercen una resistencia democrática a los ajustes incontrolados de la globalización y a las exigencias asfixiantes de la deuda externa. Por ello, debemos bregar por la vigencia plena del estado de derecho, con la independencia de los poderes republicanos y con un permanente proceso superador de la democracia, para lo cual la democracia participativa debe ser la instancia que mejore a la democracia representativa.
El objetivo principal de las formas semidirectas de democracia es ampliar la participación de los ciudadanos en el proceso político. Mediante distintas formas el ciudadano expresa su voluntad más allá de los procesos eleccionarios ordinarios, que están habitualmente prefijados, y sobre cuestiones que son de especial relevancia política.
Las formas semidirectas presuponen una democracia con canales de participación amplios y de fácil activación. No deben evaluarse los principios que sostienen el sistema a través de los eventuales problemas de funcionamiento del mismo. Por el contrario, dichos inconvenientes pueden solucionarse mediante métodos de participación que regulen y distribuyan la solución de las mismas demandas sociales.
En tanto, se pueden señalar ciertos beneficios concretos que se obtienen mediante los procedimientos que amplían la participación. Por un lado se profundiza el valor de la democracia en cuanto procedimiento de discusión organizada dirigido a converger en la aceptación libre de las mismas normas de conducta. Por el otro, la ampliación de la participación adquiere un valor instrumental en cuanto logra que el ciudadano se sienta parte del sistema y se convierta en su decidido defensor al incorporar discusiones y normas que resulten de él.
Los socialistas planteamos incorporar los mecanismos de democracia semidirecta, tanto a nivel general de la provincia, como de los municipios en particular. Por lo tanto, proponemos:
- Reglamentar los mecanismos de democracia semidirecta establecidos en la Constitución: la Consulta Popular (comprende el referendum, el plebiscito y la consulta propiamente dicha), y la Iniciativa Popular en todo el territorio provincial.
- Incorporación de otras modalidades similares de democracia directa y semidirecta, tales como la Revocatoria de Mandatos.
- Participación comunitaria en la designación de titulares de la Justicia municipal y la seguridad pública.
- Impulsar a las Audiencias Públicas y otros mecanismos con iguales características, para la participación democrática en la toma de decisiones.
- Implementación de un sistema de Consultas Populares y del voto de los vecinos en forma periódicas para que la población decida respecto a temas diversos municipales (ejemplos: registros de adhesión, toma de créditos, juicio por jurados, etc.)
- Establecimiento del sistema de Presupuesto Participativo, a fin de permitir que la ciudadanía determine de qué forma y donde se gastan los dineros de los contribuyentes.
- Continuaremos impulsando en la Legislatura las iniciativas que hemos elaborado y presentado respecto a este importante tema, entre ellas el proyecto de ley por el cual se amplía el marco de aplicación de las Audiencias Públicas (instituto vigente por iniciativa del Socialismo), los proyectos de leyes para establecer la Consulta Popular, la Iniciativa Popular, así como para incorporar esos y otros mecanismos de democracia semidirecta en los municipios de la Provincia.
1.6 Control de gestión
El socialismo aspira a la transparencia de todos los niveles de gobierno para garantizar la buena administración de los recursos y la eficiencia en los programas y acciones de gobierno.
El socialismo, como concepción de vida, lucha por erradicar en forma definitiva la corrupción, la arbitrariedad y el autoritarismo.
Ambos valores constituyen para nosotros, los socialistas, preceptos fundamentales e inexcluyentes del ejercicio de la función pública. Aquella famosa frase de Juan B. Justo “manos limpias y uñas cortas” sintetiza nuestro pensamiento respecto a la responsabilidad de quienes asumen la representación popular en los ámbitos legislativos o asumen funciones ejecutivas en los diversos niveles de la administración. La transparencia y el control de la gestión pública, son premisas para garantizar la honestidad de los funcionarios y, paralelamente, para evitar todo tipo de acto de corrupción.
Los socialistas descartamos por obvios las exigencias de moralidad en la función pública, así como la franca adhesión a los principios democráticos.
La consolidación de la democracia y el indispensable control social sobre las acciones públicas, son resortes fundamentales para optimizar nuestra organización institucional y limitar la burocracia y la corrupción.
La historia de los pueblos, incluso en la de los grandes imperios, la inmoralidad generalizada marca sus horas más trágicas y sus tiempos de desintegración. La corrupción, que es consecuencia de la degradación de un sistema injusto, es al mismo tiempo su arma más terrible para sostenerse y evitar su transformación y superación.
Es necesario afrontar la corrupción en todas sus formas, porque tan grave es nuestra hora que a los argentinos nos cuesta definir los límites entre el ejercicio ético de la función pública y la inmoralidad.
Es esencial la aplicación efectiva del derecho del ciudadano reconocido constitucionalmente de acceder a la información pública, dando permanente publicidad a los actos de gobierno.
Una de las instituciones más reconocidas para impedir los excesos de las administraciones públicas, es el Defensor del Pueblo. Es una institución encaminada a reforzar la protección de los administrados en su lucha contra las prerrogativas del Poder Administrador, complementando las garantías tradicionales, ya jurisdiccionales, ya parlamentarias, ya propiamente administrativas.
Podemos decir que hoy el Defensor del Pueblo tiene como espacio de existencia la democracia, ya se trate de países desarrollados o en vías de desarrollo, necesitando como único requisito para que prospere, un ámbito donde rija el Estado de Derecho, donde el ordenamiento positivo sobre el que se asienta el Instituto sancione de algún modo la sujeción de la Administración a la ley.
Los socialistas hemos estado fuertemente ligados a esta institución, ya que fuimos los impulsores de su constitución en diversas ciudades del país, así como han sido socialistas quienes han sido distinguidos para ocupar en forma destacada dichos cargos. Más aún, la creación de la Defensoría del Pueblo en la provincia de Buenos Aires, se debió a una iniciativa legislativa del Socialismo.
No caben dudas de la importancia de hacer efectiva la incorporación entre nuestras instituciones de este nuevo elemento de control, sin desconocer ni destruir las existentes, con el objeto de mejorar el funcionamiento de la administración pública provincial y municipal; para posibilitar el saneamiento de errores y deficiencias, efectivizar la responsabilidad política de los funcionarios, reactivar el sistema de control existente, en definitiva encontrar oportuna protección para todos los ciudadanos en todo aquello que haga al bien común.
Para incrementar la transparencia y mejorar los mecanismos de control en la gestión de gobierno, los socialistas proponemos:
- Establecer un sistema de fiscalizaciones administrativas y económicas mediante la creación de área independiente y autónoma de auditoría operativa (pertinencia, eficacia y eficiencia) permanente.
- Crear un programa de control social de gestión y de las condiciones objetivas del área (observatorio social).
- Establecer un régimen estricto de responsabilidad ética y moral de los funcionarios.
- Jerarquizar el instituto de la Defensoría del Pueblo de la Provincia, creado por iniciativa del socialismo. .
- Revisión de concesiones, licitaciones y contrataciones realizadas por la comuna.
- Revisión de todos aquellos nombramientos de los agentes que no hayan ingresado por el cargo inicial del escalafón del personal de la administración pública, de aquellos que fueron ascendidos saltando categorías sin concurso o sin dictamen de la junta de ascensos y calificaciones.
- Rendición de cuentas y del patrimonio de los funcionarios electivos al inicio y finalización de sus cargos.
- Intervención de organizaciones no gubernamentales para asegurar la transparencia institucional.
- Información pública de todos los actos de gobierno.
- Concursos y registros públicos de los empleados provinciales y municipales.
- Creación de un registro público de empresas adjudicatarias de obras y servicios, con sus obligaciones, y el listado de los mayores deudores de la provincia y de los municipios.
- Publicación de los listados completos de beneficiarios de los planes sociales y las tareas que desempeñan.
- Creación de Comisiones Investigadoras en la Legislatura para los casos de denuncias de posibles actos ilícitos vinculados con acciones de gobierno; así como de Comisiones de Seguimiento parlamentario para asuntos de trascendencia, tal como hemos impulsado para el control de los fondos destinados a acción social
1.7 Autonomía Municipal
La prolongada crisis general que vivimos es también una crisis de legitimidad y representatividad que pone de manifiesto el divorcio creciente entre el consenso político al que se arriba en un Estado centralizado y el consenso social, o sea las necesidades y aspiraciones de la sociedad civil.
Esta realidad encuentra en el sector público, en la estructura institucional del Estado, su talón de Aquiles, para poder superarla. Así, un primer diagnóstico de la realidad permite observar: El poder centralizado no da respuestas a las necesidades de la ciudadanía. La falta de participación origina un divorcio entre la sociedad política y la sociedad civil. Los municipios tienen verdadera vigencia y relevancia, especialmente en la solución de los problemas de la población, pero al carecer de autonomía plena están limitadas para potenciar sus capacidades.
Es indudable que la sociedad que vive esta realidad, nos demanda una reforma y modernización del Estado. Este debate se encuentra abierto hoy y la discusión profunda de la organización institucional, adaptada a la manera de ser o condición de nuestra realidad, evitar caer en discusiones menores.
En los niveles de gobierno local es donde mejor se perciben las necesidades y los problemas de sus habitantes. Es allí donde con mayor eficiencia se pueden desarrollar las acciones tendientes a resolver los problemas de los habitantes utilizando los recursos económicos del municipio de la mejor forma posible. Es en los ámbitos locales donde más eficazmente pueden realizarse los controles.
El Socialismo considera el nivel municipal como el primer ámbito jerárquico de participación ciudadana por lo que es fundamental en nuestra Provincia la profundización de las autonomías municipales que sistemáticamente se la viene negando desde las últimas gestiones provinciales.
La Constitución Nacional en el Artículo 123, del Titulo Segundo de los “Gobiernos de Provincia”, expresa: “Cada provincia dicta su propia constitución, conforme a lo dispuesto por el artículo 5º asegurado la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero”.
Esta disposición, incorporada en la reforma constitucional nacional de 1994, obliga a nuestra provincia a realizar las modificaciones pertinentes en el texto de nuestra Constitución a efectos implementar la autonomía municipal en las comunas bonaerenses que, a nuestro entender debe contemplar aspectos institucionales, políticos, administrativos, económicos y financiero-tributario, a la vez que otorgándoles la facultad de darse sus cartas constitucionales locales de conformidad a los principios del sistema de gobierno previsto en la Constitución. La comunidad local debe concretar en la Carta Orgánica Municipal su expresión normativa real y fundamental
El reconocimiento constitucional de la “autonomía”, implica reconocerle sus facultades originarias, incluidas las de tipo tributario. El protagonismo de los municipios se justifica por raíces históricas y por estar generando en el presente una verdadera “revolución silenciosa”, en términos de participación ciudadana y transparencia de sus actos.
La Convención General Constituyente, que se convoque, debe establecer la autonomía de los municipios, pero fijar en el propio texto su alcance. La existencia de reglas claras y fundamentales del derecho, constituye una protección para el ciudadano; y además la mejor forma para instaurar la coherencia general.
El mundo moderno está revisando el excesivo grado de centralización institucional, es más, hoy tiende a la descentralización del poder y por ende de las tomas de decisiones. Hoy tenemos que concretar este desafío.
La autonomía municipal es interpretada como un todo que no significa, por el contrario, una actitud separatista, partiendo de la certeza que son los municipios unidades de gestión política que aseguran un entramado administrativo más ágil y eficiente que un poder central territorial provincial
La autonomía municipal en la provincia de Buenos Aires debe tener rango constitucional y garantizar:
- Que los municipios puedan sancionar sus cartas orgánicas determinando la forma de su gobierno y el libre ejercicio de su autonomía política, administrativa, económica, financiera e institucional.
- Contar con recursos propios, con la libre percepción e inversión de rentas dentro de su propia esfera de gobierno, administrativa y financiera.
- La descentralización política y administrativa del Estado municipal en comunas, distritos, u otras Instituciones que permitan acercar el gobierno a la gente y permita la libre elección de Consejeros vecinales y Jefes de comunas o distritos.
- Constituir un gobierno participativo, estableciendo mecanismos de participación como el presupuesto participativo, los concejos vecinales, las asambleas vecinales, las juntas distritales y otros mecanismos que tiendan a desconcentrar y socializar las tomas de decisiones y las facultades de gobierno.
- Establecer mecanismos de democracia directa y semidirecta como el referéndum, el plebiscito y la consulta creando instancias que articulen con los movimientos sociales y populares.
- Darse su propia política municipal tomando a su cargo o en convenios con cooperativas y mutuales u otras formas asociativas la explotación de los servicios públicos locales.
- La modificación constitucional destinada a garantizar un régimen municipal dotado de autonomía institucional, política, administrativa, económica y financiero-tributaria, que contemple la facultad de darse sus cartas constitucionales locales de conformidad a los principios que sustentan el sistema de gobierno previsto en la Constitución Provincial, ya ha sido presentada en la Legislatura y está siendo impulsada para su aprobación.
1.8 Relaciones interjurisdiccionales
La provincia de Buenos Aires gravemente afectada por la crisis política y económica resultante de la aplicación de las políticas neoconservadoras vigente en la última década, afecta a muchos millones de bonaerenses y genera la situación de pobreza y marginación más conflictiva del país.
Es preciso tomar conciencia de la enorme importancia que tienen las políticas desarrolladas desde la administración central en la evolución de la Provincia de Buenos Aires.
En el marco de esta realidad la provincia debe replantear la relación con el gobierno nacional tendiente, entre otros asuntos de trascendencia, a la rediscusión del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos. El actual régimen se basa en prorrateadores antojadizos y la aplicación de transferencias a los niveles de gobierno locales de transferencias por fuera del sistema que han debilitado la responsabilidad fiscal, fomentando en cambio mecanismos de lobby que prevalecen por sobre la idea de un auténtico sistema de coordinación fiscal. Los Socialistas postulamos la reformulación del actual sistema por otro que garantice el financiamiento del gasto que enfrentan las provincias (distribución primaria) y por otro lado la distribución entre las mismas en función de variables objetivas, similares a los de la Ley 20.221. La selección de las variables y su resultante surgirá de la discusión de un proyecto nacional
que garantice la autonomía y la responsabilidad fiscal, un bajo costo de recaudación, y el respecto a la equidad tanto vertical como horizontal del sistema.
La provincia debe aumentar su participación en la efectiva regulación de las empresas de servicios públicos privatizadas en el ámbito nacional que prestan servicios en su territorio.
Las concesionarias de los servicios de gas, energía, ferrocarriles, transporte en general, peajes, teléfonos, etc. influyen en forma determinante económica y socialmente en nuestra provincia.
El mercado bonaerense es el de mayor importancia a nivel nacional y la provincia debe contar con un área especializada en el área de la regulación de servicios que atienda los intereses de los usuarios y consumidores bonaerenses.
En cuanto a las relaciones interjurisdiccionales entre la Provincia y los municipios, debe tenderse a una mayor autonomía de estos últimos en la participación de los recursos financieros que el Estado provincial obtiene del pago de tributos por parte de la población. En ese sentido es necesario incrementar la coparticipación municipal.
Desde hace ya muchos años, el monto a distribuir entre las comunas, fijado por la Ley de Coparticipación Municipal en un 16,14% del dinero obtenido por la gobernación en concepto del cobro de los impuestos provinciales y de lo percibido por la coparticipación federal, no ha sido incrementado, a pesar de los nuevos requerimientos de la población que deben ser satisfechos.
La situación financiera de las municipalidades es cada vez más difícil ya que no sólo no se les ha incrementado el porcentaje de la coparticipación sino que la misma se ha reducido en términos reales. Desde comienzos de la década pasada, la provincia ha venido extrayendo una parte importante de la recaudación original con la creación de Fondos de diverso tipo.
Los municipios deben responder a las demandas de sus habitantes, quienes reclaman por mejores servicios, infraestructura y equipamiento, tanto en materia de asistencia social, educación, salud pública, transporte, saneamiento, calidad ambiental, entre otros. Las comunas no cuentan con recursos suficientes para ello, por lo que deben solicitar préstamos bancarios y subsidios a la nación y a la provincia, endeudándose cada vez más y sometiéndose a las presiones y humores del poder central en búsqueda de ayuda económica.
Creemos que, hasta tanto se concrete la demorada autonomía municipal establecida por la Constitución Nacional, a las comunas se les debe asegurar los recursos necesarios y suficientes para hacer efectivo el desarrollo integral de sus territorios; más aún cuando con sus propios medios están cubriendo demandas a las que debería dar respuesta la provincia.
- En función de lo expresado, el Socialismo está impulsando en la Legislatura un proyecto de ley para aumentar al 20% el monto a coparticipar a las municipalidades.
- Asimismo, en ese mismo ámbito denunciamos la actitud sumisa del Poder Ejecutivo provincial que, privilegiando su sociedad con las máximas autoridades del Gobierno nacional, no reclama a éste último lo que a los bonaerenses les corresponde por la Ley de Coparticipación Federal. De igual forma, requerimos los fondos coparticipables que la Provincia de Buenos Aires cedía con destino a financiar la ANSES como consecuencia de la derivación de aportes a las AFJP.
1. 9 Política fiscal
Es central la reducción sustancial de la evasión, a través del fortalecimiento de los organismos de recaudación y de la simplificación del sistema y de sus normas de aplicación.
Es necesario diseñar una política fiscal equilibrada, con fuentes de financiamiento de base progresiva y que elimine los núcleos de evasión. El gasto debe estar directamente articulado a las directrices de la política económico - social, buscando atacar las fuentes de asimetrías y desigualdades que distorsionan el mapa social argentino.
La función de redistribución que se deriva de la política fiscal tiene dos caras: el efecto de los impuestos y el de los gastos públicos. Un sistema tributario satisface al valor «equidad» cuando los sectores de mayor capacidad contributiva (los de mayor ingreso) pagan una cuota de impuesto más elevada relativamente a los demás sectores.
Por ello la Administración Fiscal en el mejoramiento de su sistema tributario debe propender a
- respetar los principios de equidad, tanto vertical como horizontal
- que las leyes tributarias respeten los principios de proporcionalidad, igualdad, transparencia, no confiscatoriedad, etc.
- observar principios constitucionales que en definitiva apuntalan un sistema respetuoso de los derechos y garantías individuales insertas en la carta magna.
Por ello decimos que para erradicar la intención de incumplir deben darse tres factores en forma concordante: la capacidad de la administración tributaria para detectar lo evasores, la posibilidad de que pueda ser sancionado y por último la posibilidad de forzar el cumplimiento respectivo. Con tal fin se debe llevar adelante acciones que permitan el seguimiento de los grupos económicos como unidades de verificación permanente.
Es necesario recuperar los organismos de administración tributaria que han sido virtualmente desmantelados creando un cuerpo calificado para controlar el segmento más importante y concentrado de contribuyentes reduciendo los niveles de alta evasión y elusión.
Se debe diseñar e implementar una reforma fiscal que sea integral de aplicación progresiva que debe elevar la presión tributaria en los sectores económicos más poderosos de la economía.
Por tal motivo, en la Provincia de Buenos Aires deben acelerarse los estudios tendientes a sustituir el impuesto sobre los ingresos brutos por otros recursos tributarios, que respeten los principios de equidad, eficiencia y suficiencia, eviten los efectos distorsivos de aquél.
No sin dejar de mencionar que dicha sustitución debe tener como principal punto de partida la concreción de la postergada Ley de Coparticipación Federal de Impuestos, como mecanismo por excelencia de coordinación de potestades tributarias de nuestro sistema federal y de distribución de la renta pública nacional, en consonancia con las competencias, servicios y funciones que a cada uno de los niveles de gobierno se asigne.
Las potestades tributarias municipales derivadas del artículo 123 de la Constitución Nacional, deben ser entendidas como complementarias de las que poseen las provincias, las cuales deberán regular el alcance y contenido de aquellas en el orden económico y financiero, con las limitaciones emergentes de los acuerdos de coordinación y armonización tributaria de naturaleza federal o interprovincial.
Las reformas fundamentales del régimen impositivo se deberán basar en la progresividad y redistribución de las imposiciones y en la recuperación del mayor valor de propiedades derivado de inversiones públicas, las que se complementarán para conformar un sistema fiscal que tenga en cuenta las manifestaciones auténticamente equitativas de una nueva política provincial y municipal de raigambre socialista.
El gasto provincial deberá reestructurarse en base a las pautas básicas enunciadas. También este tendrá en cuenta las manifestaciones de capacidad contributiva, las necesidades de desarrollo urbano de las ciudades, las imposiciones tributarias que afectan a los sectores de menores recursos de nuestra población y, finalmente, asumir la tarea irreemplazable de eliminación de gastos superfluos o socialmente injustificables.
1.10 Justicia
El Estado entre las deserciones que realiza a diario, ha puesto en grave crisis al sistema judicial provincial. El aumento de la conflictividad social genera un deterioro en las condiciones de vida de millones de bonaerenses.
La falta de una Justicia al servicio de todos conspira contra las instituciones democráticas. La gravedad y urgencia de la situación actual no se puede corregir con medidas aisladas.
La necesidad de acercar el servicio de Justicia a toda la ciudadanía requiere la toma de algunas medidas importantes:
- Inmediata puesta en funcionamiento del Fuero Contencioso Administrativo.
- Reformulación del mecanismo de Juicio Político, para garantizar transparencia, publicidad y participación ciudadana. La Cámara de Diputados, que estudia los casos y formula las acusaciones consecuentes, debe darse un plazo máximo para el tratamiento de cada caso, publicar día de tratamiento e implementar mecanismo de participación ciudadana. La Cámara de Senadores, que recibe la acusación y la juzga, debe tener como principio rector el principio de publicidad, deberá permitir la participación de la ciudadanía. Los senadores en sesión pública deberán exponer los fundamentos de su voto y deberán establecer el plazo máximo de duración del juicio.
- Democratizar la designación de magistrados y funcionarios del Poder Judicial en todas las instancias. Los criterios para la selección de candidatos a ocupar un cargo de juez de la Suprema Corte de Justicia, Procurador y Subprocurador General deberán contemplar: equilibrio en materia de género; representación equitativa de las procedencias regionales de la provincia y equilibrio en especialización jurídica. Respecto del resto de magistrados y funcionarios del Poder Judicial, al proceso de aprobación vigente se agregará el instituto de Audiencia Pública, previo al acuerdo del Senado. En esta Audiencia Pública, cualquiera del pueblo tendrá el derecho de exponer sus objeciones, que los senadores deberán trasladar al candidato en un Coloquio Público. Los fundamentos y votos de los senadores de resolución acerca de los candidatos deberán ser públicos.
- En materia Penal dictar una nueva legislación procesal, con la incorporación de la policía judicial que actúe en todo el proceso de investigación.
- Dotar de un sistema de modernización que permita el uso de las tecnologías adecuadas para esclarecer el delito.
- Crear programas de formación para fiscales e investigadores que trabajen en temas específicos, tales como evasión impositiva, narcotráfico, lavado de dinero, etc.
En cuanto al sistema penitenciario, la Provincia padece el peor de los sistemas de detención y alojamientos de personas en conflicto con la justicia. Las instituciones carcelarias y comisarías se encuentran en estado de colapso. Las denuncias de violaciones y torturas exceden el ámbito provincial llegando a organismos de derechos humanos internacionales.
Respecto de los calabozos en Comisarías, existe superpoblación en las celdas, la lista de violaciones con los detenidos es aberrante: excesos de detenidos por metro cuadrado en los locales, hacinamiento, olor fétido, suciedad, calor excesivo, humedad, falta de ventilación y de luz natural, filtraciones en techos y pisos, falta de sanitarios, entre otros déficit según lo establecen las normas internacionales en el tratamiento de detenidos. Los internos en general duermen en el suelo. La alimentación es escasa, y en la mayoría de los casos comen por que familiares y amigos le acercan un plato de comida.
En ocasiones, en la misma seccional se alojan menores, mayores, inimputables y enfermos de SIDA. Se observa mucha violencia física y sexual entre los mismos internos, y el incremento de motines y tentativas de fuga crece día a día.
Todo lo expuesto agrava ilegítimamente las condiciones de detención, constitutivas de tratos inhumanos. La situación es legalmente insostenible ya que varios miles de detenidos continúan alojados en comisarías.
La situación carcelaria, no es distinta a las expresadas en las comisarías. Las estadísticas indican que las mayorías de las cárceles se encuentran excedidas en los cupos de alojamiento. Según los propios datos oficiales, se siguen denunciando numerosos casos de torturas en las dependencias donde se alojan los detenidos.
Se advierten, también, numerosos casos de tortura por parte del personal del Servicio
Penitenciario por diversos motivos, victimizándose a los internos en requisas, o bien ante la negativa de realizar actividades «especiales». La modalidad consiste, en la mayoría de los casos en patadas, golpes de puño.
El fin y justificación de las penas son proteger a la sociedad contra el delito. Durante el periodo de privación de su libertad, el Estado deberá generar políticas de readaptación, de tal manera que el delincuente al ser liberado no solo acepte respetar la ley, sino que sea capaz de hacerlo.
- Tratamiento especial deberán tener los alienados, quienes no deberán estar recluidos en prisiones.
- Los reclusos que sufran enfermedades o anormalidades mentales deberán ser observados y tratados en Instituciones especializadas dirigidas por profesionales de la medicina.
- Se creará una Escuela de Servicio Penitenciario donde se capacite al personal de acuerdo a las necesidades de atención a los detenidos según lo fijan las normas internacionales y de nuestra Constitución en el tratamiento de reclusos.
- La formación de la policía de seguridad tendrá en sus programas especial capacitación en las formas y normas de convivencia; y tratamiento de los detenidos en comisarías.
- Nuestra política en materia de seguridad con los reclusos, será respetar y hacer cumplir todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros Tratados Internacionales, con excepción de las limitaciones que se les inflinja por el encarcelamiento.
1.11 Seguridad y prevención del delito
Si bien sabemos que la solución al problema de la inseguridad está relacionado fundamentalmente con políticas socioeconómicas de mediano y largo plazo, también estamos convencidos que en lo inmediato se puede avanzar con profundas reformas institucionales propias del área de seguridad deben que no requieren de soluciones técnicas muy complejas, pero si de decisiones políticas muy fuertes, y en ese sentido formulamos nuestra propuesta.
La policía bonaerense, el sistema policial mas grande del país, ha sufrido un proceso de reorganización con marchas y contramarchas, pero sigue organizada como un sistema feudal de reparto de lugares de poder y negocios.
La Provincia de Buenos Aires por sus características geográficas, poblacionales y económicas, no resiste un modelo centralizado de policía. Esa es una de las razones de la crisis de seguridad. Avanzar hacia el modelo descentralizado implica crear definitivamente los cuerpos de seguridad en los municipios, generando una responsabilidad directa del Intendente y del Concejo Deliberante y volviendo transparente su injerencia.
La descentralización facilitaría la solución de problemas tales como la asignación de recursos, el control y conocimiento de la realidad local, la integración de todas las dimensiones de la política de seguridad, la confianza de los ciudadanos, al tiempo que permitiría la generación de una política de vínculos abiertos y permanentes con la comunidad y sus organizaciones. En el modelo descentralizado de gestión debe convertir a la comisaría en el eje de funcionamiento del sistema, reduciendo la importancia y los recursos de al superestructura.
En esta reforma debe tenerse en cuenta lo que se suele llamar “doctrina”, es decir, el conjunto de principios y orientaciones básicas que moldean el espíritu y la actividad de la institución y de sus miembros, insistiendo en que las policías son instituciones civiles, que portan armas y tratan de no usarlas, y que su doctrina básica consiste en cooperar en la construcción de la paz comunitaria.
Otro eje importante para encara consiste en la clarificación y delimitación de funciones con el objeto de abrir paso a la especialización. Ello es necesario por un criterio básico de eficiencia, el que debe iniciarse con la formación profesional del policía en la escuela de policía. La primera división se debe dar entre las policías de investigación –ocupadas en colaborar con los fiscales en la preparación de las acusaciones- y las policías de seguridad -encargadas de la prevención, el patrullaje, la disuasión de hechos violentos, etcétera-. A partir de estas grandes divisiones existen otras especializaciones que, según las realidades locales, habrá reseñar (vigilancia, deportivas, control de carreteras, abigeato, el manejo de protestas sociales y concentraciones).
Uno de los problemas que más irrita a la población y aumenta la incertidumbre es la impunidad. Esta invariablemente se produce cuando ni la policía ni la justicia funcionan adecuadamente. Desde el Estado –para hacerle creer a la sociedad que no hay impunidad- se aumentan arbitrariamente las penas. Se restringen las excarcelaciones, se crean nuevos delitos, se recitan discursos duros; pero no se hace lo debería hacerse: mejorar la investigación de los delitos y llegar al dictado de penas adecuadas que se cumplan y que tengan una finalidad útil. Parece sencillo pero en la realidad no siempre funciona así.
Si bien todos coincidimos en que siempre es mejor prevenir, esto no se logra en la práctica. Prevenir la delincuencia significa tener la capacidad de prestar atención a las dificultades ni bien comienzan a manifestarse, e impedir que crezcan sus cuotas de violencia. En esto el Estado debe trabajar en todos sus niveles de gestión y en muchos casos debe hacerlo conjuntamente con organizaciones sociales y culturales.
Es necesario ocuparse de la industria montada en torno a la seguridad privada. La tarea del Estado debe ser empujarlos a que su ganancia sea la seguridad y no la explotación del miedo. Para ello es necesario –no sólo regularlos y reglamentarlos adecuadamente- sino fundamentalmente avanzar hacia un modelo de control más completo que es el de la concesión pública. Como ocurre con otros servicios públicos (aguas, electricidad, radios, etcétera) la seguridad privada –cuando exista- debe ser objeto de concesión. Es la única forma de determinar con precisión y eficazmente la división de tareas entre la actividad privada y las fuerzas públicas y de abandonar prácticas caóticas.
La venta –legal e ilegal- de armas es otro negocio producto del miedo. Existe hoy una descontrolada existencia de armamento en manos privadas, cuya única finalidad es agredir a un semejante. Es necesario que se lleve adelante una intensa campaña pública de concientización bajo el lema principal de prescindir de las armas, porque quién tiene un arma en su casa tiene mayores posibilidades de salir lastimado o muerto y, se convierte en un proveedor del mercado ilegal. El mercado legal debe quedar bajo el monopolio del Estado, circunscribiéndose muy restrictivamente los casos en que se autorice la compra de cualquier arma, quedando absolutamente prohibida su venta libre.
Un sistema democrático de seguridad debe contar con diversos mecanismos de control. Ni la policía, ni los jueces y funcionarios judiciales ni los funcionarios encargados de la gestión política de la seguridad deben estar exentos de control porque el peligro del abuso –o el poder de ejercer violencia sobre la gente- siempre estará presente en instituciones que manejan poder, armas y cuerpos especiales-.
La ciudadanía también debe vigilar el desempeño de la administración de justicia y de las policías. Ello debe hacerse tanto mediante mecanismos de audiencias públicas (que ya se usan para la designación de los jueces a nivel nacional) como por medios de foros y asambleas de ciudadanos que sepan cómo en su barrio o ciudad se llevan adelante los planes de seguridad. Así será posible canalizar las demandas directamente a las autoridades responsables.
A los fines de fortalecer la capacidad del poder judicial de controlar y sancionar los delitos, reducir la impunidad de los delitos y generar en la población mayor seguridad y confianza en las instituciones vigentes, se aconsejan las siguientes reformas:
- más coordinación entre el sistema judicial y el policial.
- mayor asignación de recursos destinados a investigar un número más alto de delitos, poner en marcha nuevos sistemas de información y profesionalizar al personal.
- hacer más efectivo el cumplimiento de las sanciones.
- trato a las víctimas: el profesionalismo en la atención de las denuncias de delitos puede ayudar a conocer las motivaciones para delinquir y contribuir al buen registro de la información.
- Creación de fiscalías temáticas: con el fin de especializar a los fiscales en determinada categoría de delitos. Esto agilizaría los procesos y la eficiencia de la justicia.
Problemas actuales del sistema carcelario: hacinamiento extremo; ausencia de separación entre condenados y procesados, y entre adultos y menores; deficiencia de la rehabilitación.
Propuestas para solucionar los problemas:
- aplicar en los sistemas carcelarios los diferentes instrumentos internacionales sobre las personas detenidas que los países han firmado o ratificado.
- realizar asignación presupuestaria efectiva para mejorar las condiciones materiales de los penales en la región.
- agilizar los procesos y eliminar en la administración de justicia los sesgos que privilegian a algunos presos y perjudican a otros.
- combatir la corrupción y la impunidad no sólo de los delincuentes sino también de los guardias y jefes de pandillas al interior de las cárceles, para terminar con el tráfico de drogas y de armas y con los numerosos abusos.
- reforzar el uso del tiempo de privación de libertad como una oportunidad para la rehabilitación, haciendo especial hincapié en la educación, la capacitación para el trabajo y el apoyo psicosocial, lo que en otros países ha permitido reducir las tasas de reincidencia.
- promover sistemas de penas alternativas en libertad, ya que muchas veces el entorno autoritario y opresivo que caracteriza a las cárceles pueden instigar la agresión. Por ello es importante ofrecer a quienes han cometido delitos menores, algunas alternativas al encarcelamiento, sujetas a debidos sistemas de supervisación y control
Iniciativas promovidas en la Legislatura en materia de seguridad y prevención del delito: Reclamo por la puesta en funcionamiento pleno del Fuero Penal Juvenil, así como volver a poner en actividad las Escuelas de Formación Inicial Policial, dotadas de una concepción ligada a los derechos humanos.
2 SECTOR TEMATICO DE POLÍTICAS SOCIALES - INCLUSIVAS
Uno de los aspectos a considerar en la construcción de un modelo social inclusivo lo constituye la necesidad de superar la tendencia a una división de tareas entre la política económica y la social que determina que la primera ha favorecido la concentración del ingreso y la riqueza mientras que la segunda busca compensar los desequilibrios resultantes. La situación social, con el creciente incremento de la exclusión de amplios sectores de la población no presenta condiciones favorables para el desarrollo de las libertades.
Creemos que la exclusión social se torna contradictoria con la vigencia del estado de derecho. Se hace necesario discutir el nuevo rol del Estado. Se torna imprescindible incrementar la acción del Estado en lo que se refiere a las políticas públicas en las áreas sociales.
Fruto del modelo económico que estructura una sociedad de desiguales, resulta notorio el aumento de necesidades sociales insatisfechas en amplios sectores de la población. Por ello, es necesario generar un modelo de crecimiento con un concepto inclusivo, que atienda al mejoramiento de la calidad de vida de todos sus habitantes en el marco de un desarrollo sustentable.
La inclusión se refiere a la ciudadanía como concepto político y social, para disfrutar realmente de igualdad de oportunidades. Acceso al sistema educativo, eficientes servicios de salud, un régimen de jubilaciones digno, infraestructura de servicios adecuada para la vida en sociedad, son todos aspectos que hacen al concepto de ciudadanía social.
Se debe trabajar por la eliminación de todo tipo de discriminación. El socialismo considera necesario luchar contra todas las discriminaciones y fortalecer las políticas de acción positiva para superar sus efectos. Es necesario usar la acción pública para salir al paso de los prejuicios y valores conservadores que, con el pretexto de sexo, nacionalidad, etnia, preferencias sexuales, religión, ciertas enfermedades o cualquier otro motivo, conculcan la igualdad política esencial de los seres humanos.
La inclusión e integración de los más postergados mediante políticas sociales de carácter universa, constituye para los socialistas una prioridad.
Debe garantizarse al conjunto de las personas, particularmente aquéllas en situación de mayor vulnerabilidad: la eliminación de su condición de pobreza sobre la base de la solidaridad y la redistribución del ingreso, mediante la Implementación del ingreso social mínimo garantizado; la cobertura de salud, la seguridad alimentaria, la educación gratuita, el acceso a jubilaciones y pensiones cuando corresponda, y la garantía del principio de igualdad de oportunidades.
Los socialistas trabajaremos para aumentar la interacción y la cooperación a todos los niveles y en todos los ámbitos del Estado para integrar la dimensión de la igualdad de oportunidades en la elaboración, aplicación y seguimiento de todas las políticas, así como revalorizar el ámbito local para la ejecución de las políticas públicas y favorecer la participación de las mujeres a escala comunitaria.
Uno de los principios a adoptar será la orientación social de todas las estrategias, teniendo en cuenta la diversidad social y cultural evidenciada por los diferentes sujetos y grupos para poder incidir realmente en sus maneras de relación en función de los cambios planteados.
El presente sector temático del Plan de Desarrollo Sostenible para la provincia de Buenos Aires, agrupa a todas las políticas sociales que posibilitan, aplicando los valores y principios del Socialismo en cada una de ellas, la inclusión de todos los habitantes. Se agrupan en este apartado los siguientes temas; igualdad de género, minoridad, juventud, tercera edad, personas con capacidades diferentes, educación, ciencia – investigación – tecnología, cultura, salud, y deportes y recreación.
2.1 Igualdad de Género
La desigualdad entre las condiciones de vida de varones y mujeres en todas las clases sociales configura un orden social injusto, llamado sistema de género. Es imprescindible modificar ese sistema de ideas que asigna roles estereotipados y jerarquías a la diferencia biológica entre los sexos, porque la diferencia no tiene por qué ser entendida como desigualdad.
La perspectiva de género en el desarrollo humano ha pasado a ser en los últimos años una de las preocupaciones fundamentales de los movimientos políticos y de los movimientos de mujeres.
El desarrollo humano, entendido como un proceso de ampliación de las opciones humanas que posibilite vivir una vida larga, sana y creativa, se centra en el pueblo y considera que el crecimiento económico y el mayor consumo no constituyen fines en sí mismos sino un medio para lograrlo.
El éxito de las políticas y las medidas destinadas a respaldar o reforzar la promoción de la igualdad de género y la mejora de la condición de la mujer debe basarse en la integración de una perspectiva de género en las políticas generales relacionadas con todas las esferas de la sociedad, así como la aplicación de acciones positivas con ayuda institucional y financiera adecuada en todos los niveles.
En Argentina, los derechos ciudadanos conquistados por las mujeres son en muchos casos sólo formales, y su concreción requiere de una lucha y explicitación permanentes.
Reafirmamos la responsabilidad que le cabe al Estado Provincial de contrarrestar los mecanismos que producen las desigualdades entre mujeres y varones, que operan en la familia, en el mercado, en las instituciones y en la cultura.
Se debe legitimar e institucionalizar el enfoque de equidad de género en el Estado Provincial, entendiendo que dicho enfoque es una condición necesaria para avanzar sustantivamente en la democracia y en el desarrollo económico con equidad. Las acciones pasan a permear al Estado, en el convencimiento de que esto no es sólo un tema de las mujeres sino de la Provincia.
Resulta imprescindible fomentar la interacción y la cooperación a todos los niveles y en todos los ámbitos del Estado provincial para integrar la dimensión de la igualdad de oportunidades en la elaboración, aplicación y seguimiento de todas las políticas, así como revalorizar el ámbito local para la ejecución de las políticas públicas y favorecer la participación de las mujeres a escala comunitaria.
La igualdad de género deberá ser un componente siempre a la vista de las máximas autoridades de la provincia y de los responsables de diagnosticar, diseñar y ejecutar políticas públicas; es decir, debe convertirse en un criterio orientador de todas las políticas.
El ámbito municipal ofrece un escenario muy importante para iniciar cambios y poner en marcha medidas innovadoras porque en ese campo es donde la mujer vive, crece, crea con avances y retrocesos. En este sentido, impulsaremos la creación de dependencias específicas jerarquizadas para atender la problemática de la Mujer en cada municipio bonaerense.
Por ello el socialismo impulsa la equidad de género en todas las políticas públicas y la lucha por remover los obstáculos que limitan la autonomía de las mujeres y las posibilidades de desarrollo personal a mujeres y varones.
Los Socialistas nos comprometemos a realizar todos los esfuerzos necesarios para llevar adelante la siguiente agenda de igualdad de género:
- El socialismo plantea la paridad, es decir la participación igualitaria de varones y mujeres en todos los ámbitos de decisión, como condición imprescindible para el logro de la plena ciudadanía; comenzando por la estructura partidaria y siguiendo luego con la incorporación de idénticas medidas en los cargos legislativos, ejecutivos y jerárquicos de las administraciones.
En el ámbito laboral, impulsamos las siguientes acciones y medidas particulares:
- Licencia por paternidad y maternidad
- Jardines para niñas/niños en las empresas e instituciones privadas y públicas, indistinto para madres/padres
- Equiparación de beneficios para padres/madres biológicos y adoptivos
- Carácter remunerativo de la licencia por maternidad
- Normativas contra la violencia y acoso laboral
- Acciones para la formación para el empleo para las mujeres de los sectores más vulnerables
- Impulsar políticas públicas sobre servicios de cuidados (atención de niños/niñas, personas mayores, enfermos)
- Efectivo cumplimiento del principio de igual remuneración por trabajo de igual valor.
También los Socialistas llevaremos adelante las siguientes propuestas como políticas públicas en correspondencia con la igualdad de género:
- Garantía de todos los derechos humanos de las mujeres, especialmente el derecho a una vida libre de violencia. Se implementarán políticas para erradicar la violencia contra las mujeres, destinadas a la asistencia de las víctimas de violencia familiar y/o laboral, de violación, abuso sexual y trata, previendo asimismo la creación de fiscalías especializadas.
- Promover la reglamentación y asignación presupuestaria para poner en marcha las políticas establecidas en la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
- Elaboración de protocolos de asistencia a mujeres víctimas de violencia que garanticen el ejercicio de sus derechos humanos y eviten la revictimización.
- Promover la modificación de la Ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas cambiando la tipificación del delito, haciéndolo independiente de la edad y del consentimiento de la víctima.
- Derogación de las partes pertinentes de los códigos contravencionales y de faltas, que en la Provincia criminalizan y persiguen la prostitución y el travestismo.
- Efectivo cumplimiento de los programas de salud reproductiva universales y gratuitos partiendo del reconocimiento a los derechos sexuales y reproductivos. Consejerías y acceso efectivo a todos los métodos anticonceptivos, ligadura de trompas y vasectomía.
- Implementación en el más breve plazo posible de la ley de educación sexual integral en todos los niveles de la Provincia y en todos los municipios.
- Regulación del procedimiento médico a seguir para garantizar a las mujeres el derecho al aborto legal en los casos previstos en el Art. 86 CP: peligro para la vida o la salud de la mujer y si el embarazo proviene de una violación. Aplicación efectiva del Protocolo de Atención del Aborto No Punible del Ministerio de Salud de la Nación.
- Aplicación efectiva en los hospitales y centros de salud públicos del Protocolo de Asistencia Humanitaria del Post Aborto del Ministerio de Salud de la Nación.
- Proponer la despenalización del aborto para reducir el número de muertes de mujeres ocasionadas por abortos inseguros, que es hoy la primera causa de muerte materna.
- Apoyo al proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, elaborado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito conformada por más de 200 organizaciones de todo el país.
- Legislación que garantice a toda la población el acceso a la información, orientación, diagnóstico y tratamiento de la infertilidad.
- Asignación universal por maternidad incluyendo a quienes trabajan en sus tareas hogareñas y derecho a licencia para toda mujer trabajadora con independencia de su situación laboral.
- Jerarquización de las áreas institucionales de la mujer en todos los niveles.
- Incorporación en los Sistemas Estadísticos de la perspectiva de género y del uso del tiempo, con el objeto de realizar encuestas, relevamientos y obtener estadísticas que posibiliten el adecuado diseño, implementación y monitoreo de políticas para la efectiva igualdad entre varones y mujeres en el ámbito público y privado.
- Incorporación de la perspectiva de género en las políticas de seguridad.
- Inclusión de la perspectiva de género en el diseño y ejecución de los presupuestos públicos.
- Políticas públicas para la inclusión de las mujeres, sobre todo de las más vulnerables, condición indispensable para lograr una democracia más igualitaria.
- Propiciamos, también, otras medidas tales como el mejoramiento de la calidad y capacidad de la gestión pública, la concientización y la capacitación de los funcionarios de las administraciones en materia de igualdad de género.
Asimismo, continuaremos impulsando en la Legislatura, propuestas ya desarrolladas con carácter de leyes por el socialismo, tales como:
- El Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, cuyo objetivo es el fomento de dicho criterio, en la formulación, implementación y seguimiento de las políticas y acciones realizadas a nivel de la Provincia de Buenos Aires.
- El Programa de Prevención de Violencia contra la Mujer y de Asistencia y Protección Integral a la Víctima; para su aplicación en los municipios.
- El Programa Provincial de Prevención y Asistencia de Bulimia y Anorexia.
- El Programa de Salud Reproductiva y el Programa de Procreación Responsable.
2.2 Minoridad
El tratamiento de temas relacionados con la minoridad y juventud debe ser un tema central en las políticas sociales. Por lo tanto, debe ser un gran desafío introducir grandes cambios en la Justicia que atienda a conflictos que involucren a menores.
Es conocido que Argentina adhiere a todos los Tratados Internacionales que preservan los Derechos del niño. Similar tratamiento se refleja en la Constitución Provincial. Tan ciertos estos datos, como el incumplimiento de la mayoría de ellos. Constituye una responsabilidad muy alta tratar de dar solución a los problemas que atañen a los menores, entre ellos aquellos relacionados con el delito.
Desde hace varias décadas nuestro país ha emprendido un camino que lo ha convertido en una de las naciones más desigualdades del mundo. Y nuestra Provincia no es ajena a esta realidad de inequidad y desigualdad. Por ello los socialistas estamos convencidos que es necesario cambiar el patrón distributivo de una sociedad en la que más de 10 millones de personas viven en situación de pobreza y casi 4,5 millones en situación de indigencia.
Según las estadísticas el 63% de esas personas pobres tienen menos de 18 años y que el 68% de las personas en situación de indigencia son también menores de 18 años.
Estos porcentajes sindican que en la Argentina hay 13,3 millones de personas menores de 18 años, y de ellas, el 47% son pobres y el 23% son indigentes.
A esta situación debe anexarse como elemento coyuntural la crisis internacional financiera y productiva, y sus impactos sobre la economía de nuestro país. Es en este marco que se da la necesidad de que desde el Estado se comience un camino de medidas que sean estructurales y tendientes a atacar el problema distributivo.
Según una encuesta sobre movilidad intergeneracional del ingreso -realizada por la Universidad Nacional de La Plata- cuatro de cada diez chicos que nacen en un hogar ubicado en el quintil más bajo de la pirámide socioeconómica permanece en esas condiciones el resto de su vida. En contraposición sólo el 22% de los hijos de padres que están entre el 20% más rico de la Argentina sigue estando en ese ¨quntil¨ en su vida adulta.
Con este panorama, y a casi tres décadas de la recuperación de la democracia, no se ha logrado achicar la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen, sino que por el contrario la desigualdad social ha aumentado en simultáneo con la democratización. El desarrollo completo de la democracia requiere la concreción universal de los derechos ciudadanos formales, articulada en forma de un Estado de Derecho democrático y caracterizada por la fiabilidad y la responsabilidad de gestión.
Y esto es así porque debe comprenderse que la falta de atención a la dimensión social de la democracia erosiona gravemente su legitimación. Sin igualdad social es imposible construir un Estado de Derecho democrático, justo y solidario.
Para garantizar un proceso democrático y estimular el diálogo, es necesario la promoción material e intelectual de las comunidades y los sectores subalternos, los grupos sociales más desfavorecidos, con menor capacidad para defender sus intereses, siendo nuestros niños y niñas uno de ellos.
Como socialistas estamos convencidos que la democracia se define como un sistema político que garantiza no solamente la igualdad política-jurídica, sino también la inclusión social de los ciudadanos y ciudadanos. Esto garantiza, además de la validez formal de los derechos básicos de libertad, el derecho a su concreción efectiva. Se trata, en suma, de una real democracia social.
Y es por ello que como socialistas proponemos las siguientes políticas públicas, que apuntan a contribuir con una herramienta real y efectiva a paliar los efectos de la desigualdad justamente en uno de los sectores más vulnerables de la sociedad: la niñez.
- Ingreso Universal a la Niñez: se inspira en la necesidad de establecer en la Provincia de Buenos Aires un ingreso mínimo garantizado para los niños y niñas. El objetivo primario de la presente iniciativa es que todos los niños de la Provincia vean garantizado su derecho a la vida. Creemos que para romper el ciclo generacional, la reducción de la pobreza debe comenzar por la niñez. Por ello, estamos convencidos de la necesidad de avanzar hacia políticas sociales que privilegien la universalidad, ofreciendo a los sectores más pobres un tratamiento más integral que una mera asistencia social. Es por ello que consideramos indispensable implementar el Ingreso Universal, a los fines de que nuestros niños un efectivo acceso a la salud, alimentación y educación.
- Programa “La libertad de crecer”: en función del derecho a la vida y al desarrollo basado en la calidad de vida y desarrollo integral de la Infancia, integrando el cuidado del cuerpo, la promoción y la atención de la salud.
- Programa “Saber es descubrir”: basado en el derecho a la educación, aprender a aprender, como modo de comprender críticamente el mundo y la cultura, garantizado por un sistema educativo, público e igualitario, que se constituya en provocador de formación en valores, arte, ciencia y tecnología con criterio de multiculturalidad y con perspectiva de género.
- Programa “El trabajo creador”: para formar a la niñez en el valor del trabajo y el poder transformador y creativo del mismo en una sociedad solidaria, protegiéndola del trabajo infantil como forma de explotación.
- Programa Un lugar en el mundo: estructurado en función del derecho al nombre, a crecer en una familia, a tener una patria, una lengua, garantizado por políticas culturales que brinden oportunidad en la diversidad, respeto a la multiculturalidad y desarrollo de las culturas regionales.
- Programa Jugar es crecer: sobre la base que el juego es el dispositivo de aprendizaje, integración social, e identificación cultural. Defender y promover este derecho, es una forma de propender a la cultura democrática y al crecimiento pleno de la infancia.
Derecho penal aplicado a los niños, niñas y adolescentes: El Derecho de Menores es un derecho singular, eminentemente tuitivo, que debe tener por objeto la protección integral del ser humano desde su concepción hasta que alcanza la plena capacidad de obrar, que se inicia a la mayoría de edad.
- Crear un Consejo de Minoridad provincial que implemente la interacción y coordinación, con carácter multidisciplinario e intradisciplinarios entre los diferentes organismo del Estado Provincial, que atiendan cuestiones relacionadas con los menores, que permita dar solución a la problemática, y generar un ámbito de investigación científica y control de gestión sobre modalidades eficaces de prevención de la delincuencia juvenil.
- Generar normas penales eficaces que castiguen la explotación laboral del menor, la prostitución infantil y la utilización de menores para delinquir.
- Crear una Red de Defensorías Comunitarias que incluya entidades estatales y civiles, para ampliar las posibilidades de acción a todos aquellos que vean vulnerados sus derechos, a partir de articular las acciones de los municipios y las organizaciones sociales.
- Desarrollar una red de “clubes de chicos” que funcionen como centros de día para los niños que no cuenten con un adulto responsable a su cargo durante la jornada, donde se desarrollarán tareas recreativas, de aprestamiento escolar y estimulación sociocultural.
- Fortalecer la retención escolar de los adolescentes por medio de la extensión de cobertura con becas de estudio. Reconvertir la estructura institucional existente para reducir el impacto traumático de la experiencia internativa en la vida de los chicos y promover el desarrollo de Centros de Contención en números adecuado a la problemática de cada una de las regiones de la provincia.
- Seguir impulsando en la Legislatura los proyectos elaborados y presentados por el Socialismo para lograr la aprobación y puesta en marcha de:
- La ley de regulación de los alimentos que se ofrecen a la venta en los Quioscos de los establecimientos educativos y que perjudican la salud de los menores y jóvenes.
- La ley que incrementa la carga horaria en escuelas y colegios con destino a la educación física de los niños, las niñas y los jóvenes.
- La ley de Promoción de los Jardines de Maternales Municipales.
2.3 Juventud
Tal vez resulte necesario recordar que los jóvenes son una categoría más bien reciente en la historia, ya que, hasta no hace mucho tiempo, se pasaba directamente de la adolescencia a la edad adulta.
La categoría de joven se creó para designar a los hijos de las clases sociales económicamente más solventes, es decir, a aquellos que estaban en condiciones de comprar algún tipo de bienes sin tener necesidad de estar incorporados a alguna franja del proceso de producción, y que por lo tanto, habida cuenta de su situación de privilegio, podrían influir de alguna manera en ciertas zonas en donde se realizan intercambios económicos, pero no tenían incidencia alguna en el mercado de trabajo. Se trata de una categoría vinculada menos con lo biológico que con lo económico y social. A manera de ejemplo: en el pasado, un campesino de 25 años no era un joven, mientras que en la actualidad sí lo es un estudiante de igual o mayor edad.
Dicho de otra manera: desde no hace mucho tiempo es joven quien esté en condiciones de gastar aunque carezca de ingresos propios, de la misma manera que lo es quien transita con inconvenientes por el mercado, porque tiene dificultades crecientes para ingresar en el espacio, cada vez más reducido, de la producción.
Los jóvenes han desempeñado en los últimos años en toda sociedad, dos funciones centrales: la de su reproducción y la de su transformación. De allí su carácter de sectores estratégicos del desarrollo.
Resulta fundamental tener en cuenta que, si bien es cierto que los problemas que enfrenta el conjunto de la sociedad afectan directamente a los jóvenes, también es cierto que estos tienen problemas y realidades específicos, derivados fundamentalmente de su compleja integración en la sociedad.
Con respecto al empleo, tenerlo significa para todo joven diseñar sus sueños y planificar su vida. No tenerlo es equivalente a incertidumbre en lo inmediato y frustración en el futuro.
Antes hablábamos de cómo un problema social global podía afectar con formas particulares a los sectores jóvenes y, dado que la desocupación se presenta en forma preocupante como un desafío para nuestro país, describiremos algunas particularidades que este fenómeno plantea para la juventud.
La exclusión provocada por el modelo neoliberal es particularmente grave en la juventud, que en Argentina incluye diez millones de mujeres y varones entre 15 y 29 años, y se traduce en la sistemática exclusión de las y los jóvenes del acceso a las oportunidades laborales, educativas, sociales y culturales.
Como consecuencia de la crisis socio económica, en la provincia de Buenos Aires hay cientos de miles de jóvenes de entre 15 y 24 años que están en la inactividad absoluta: no trabajan, no estudian y no buscan empleo, un récord histórico. Así lo indican los resultados de las Encuestas Permanentes de Hogares (EPH) del Instituto Nacional de Estadística y Censos.
A su vez, una cuarta parte de la población joven de la Argentina vive en condiciones de pobreza, principalmente en las ciudades más importantes del país. Otro dato importante a destacar es el elevado porcentaje de niños nacidos de madres adolescentes. Es importante destacar la elevada cantidad de jóvenes que son jefes y jefas de hogar en la provincia.
Es prioritario construir alternativas con el protagonismo de los propios jóvenes, que les posibiliten tener un proyecto de vida digna y una responsabilidad de su destino individual y colectivo, y crear valores solidarios y participativos para la comunidad en la que viven y para la sociedad en general.
Con el paulatino retroceso del Estado en las políticas sociales, se produce la necesidad de que se llevan adelante políticas integrales en el campo del primer empleo, la salud, la educación, los derechos humanos, el ocio y el tiempo libre. Para la formulación y el control de esas políticas es necesaria la creación del Consejo Provincial de Juventud. Este debe ser un espacio de participación y cooperación, entre todas las organizaciones juveniles, bajo la propuesta de promover y potenciar la integración y colaboración dentro de ese campo.
El Consejo Provincial de Juventud surge como resultado de la necesidad de generar un vínculo estable entre las organizaciones juveniles involucradas en los trabajos de asociatividad y el Estado.
Entre las principales líneas políticas a desarrollar, son también propuestas del socialismo:
- La creación de Centros de la Juventud en los municipios, a través de los cuales se desarrollarán programas con el objetivo de generar espacios de participación y protagonismo de los jóvenes.
- Se desarrollarán actividades acordes a la vida social y cultural de los mismos, actualizándose las mismas en forma permanente a fin de que se ajusten a las necesidades y problemáticas juveniles.
- Se promoverá la adopción de los derechos por parte de los jóvenes.
- Se generarán espacios institucionales para la reflexión, el debate y la participación activa, donde se fortalezca a las y los jóvenes como ciudadanos y se promueva su identidad juvenil y social, y su inserción tanto en materia laboral, como social y cultural.
- Se crearán ámbitos de capacitación laboral orientados a la empleabilidad juvenil, la formación personal y la inclusión social y laboral de las y los jóvenes.
-Impulsar políticas de empleo joven bajo formas asociativas y de economía social.
- Se promoverá una vida sexual con libertad y responsabilidad, garantizando la información por medio de campañas y programas de difusión sobre salud sexual y reproductiva, métodos anticonceptivos y para la prevención de enfermedades de transmisión sexual.
- Se desarrollarán acciones militantes en defensa de los derechos humanos y se pondrá en marcha un Proyecto de Educación en Derechos Humanos
- Se garantizará el derecho a la educación en todos sus niveles. Se impulsará el boleto estudiantil gratuito en todos los niveles.
- Se promoverá la formación de uniones de estudiantes secundarios.
- Se alentará la participación juvenil en actividades solidarias de apoyo a actores sociales con dificultades en su vida cotidiana (personas mayores, niños en riesgo, personas con dificultad de aprendizaje, personas con discapacidades). Impulsar las actividades de voluntariado social.
- Se promoverá la acción colectiva y participativa de la juventud en las estrategias de prevención de las adicciones.
- Se creará un Programa de Ayuda para Estudiantes Universitarios de la provincia de Buenos Aires (propuesta ya desarrollada y presentada como proyecto de ley)
- Creación de un Programa de Asistencia y Promoción Social a la Comunidad.
- Promoción del empleo joven: implementación de políticas y acciones dirigidas a promover el empleo y la inserción laboral de los jóvenes entre 16 y 24 años, priorizando aquellos que se encuentren en situación de vulnerabilidad social.
- Implementación del programa “Mujeres Adolescentes”, referido a juventud y género, cuyas directrices principales son la prevención del riesgo social y la capacitación técnica El Programa busca abordar la problemática de las adolescentes desde una perspectiva de género, desde el respeto a los derechos humanos, y desde la construcción de su ciudadanía emergente; acompañando un proceso de concientización de las propias mujeres que les permita valorizar su imagen; combinar acercamientos psicológicos, antropológicos y sociológicos para lograr la mayor integralidad; promoviendo la atención a todos los actores que rodean a la adolescente; y respetando la autonomía y creatividad de los organismos participantes
- Además, serán implementadas las siguientes iniciativas: Servicios de Asesoramiento, Orientación e Información para los jóvenes, Proyecto Crecer con Jóvenes, Proyecto de Asesoramiento para el Trabajo con Grupos de Jóvenes.
2.4 Tercera edad
Uno de los fenómenos sociales que caracterizó al siglo XX fue la prolongación de la vida de las personas, aunque en forma desigual entre los más ricos y los más pobres. Al mismo tiempo, quienes llegan a edades avanzadas tienen imposibilidad creciente de una vida plena, de un ingreso jubilatorio digno o de cuidados adecuados a sus necesidades, convirtiéndose en uno de los sectores más excluidos. El socialismo considera fundamental reconstruir desde el Estado la posibilidad de una vejez digna y con asistencia, con autodeterminación y participación; y desde la sociedad, la contención e integración social de las personas mayores.
Nuestra provincia ha experimentado un fuerte aumento relativo del número de ancianos, obligando a generar nuevas políticas y a pensar y planificar cómo se va a afrontar este problema.
Según proyecciones estadísticas de INDEC, la población de más de 60 años crece un 0,93% cada 5 años, lo cual agrava la situación actual no pudiendo cubrir las necesidades de los ancianos que viven en situación de pobreza extrema y sin ningún tipo de cobertura social, sin que haya indicios de cambios para afrontar el rápido envejecimiento de la población.
Este grupo etario presenta una problemática propia, caracterizada por una situación de pasividad, dependencia y marginalidad, generadas por estar apartados del aparato productivo, y que a su vez son generadoras de tensiones sociales y familiares.
Debido a la prolongación de la vida, a estas características propias se agrega el crecimiento proporcional de los ancianos en el mapa del conjunto de la población, debido fundamentalmente a la prolongación de la vida, y un agravamiento de las condiciones socioeconómicas en que se desarrolla esta última etapa de vida, llegando en muchos casos a situaciones de extrema necesidad.
Los hogares de ancianos que a nivel del Estado se han creado son caros de mantener, aumentan el índice de enfermedades en los ancianos y son terapéuticamente desaconsejados.
Para la atención de los adultos mayores, se intenta implementar sistemas alternativos de asistencia que van desde el apoyo en la adaptación de las viviendas, pasando por la atención domiciliaria, centros de día, hogares protegidos y hogares de ancianos.
La política social para este grupo se desenvuelve actualmente con la precariedad que caracteriza a toda la gestión social del gobierno, lo cual se traduce en el mantenimiento de los Hogares de Ancianos y en la falta de programas alternativos, generando un sistema que no ofrece soluciones ni desde el punto de vista de la calidad de vida, de la atención, de la participación o reinserción en la vida social.
Los socialistas promovemos el diseño y aplicación de políticas destinadas a la protección integral de las personas mayores. Nuestra propuesta apunta a afrontar esta problemática, bajo criterios de racionalidad presupuestaria y atención eficiente. Los criterios básicos son:
- Optimizar el uso de los recursos financieros por parte del Estado, destinados a la Tercera Edad.
- Evitar situaciones de aislamiento y marginación, tendiendo a la recuperación el rol social del anciano.
- Un problema de gran importancia es lograr una adecuada resolución del problema habitacional para la atención del grupo social de la tercera edad con necesidades básicas insatisfechas. Para esto proponemos la implementación de un sistema de viviendas protegidas, tendiendo a integrar dichos hogares al contexto social del barrio, lo que permitiría convertirlos en hogares de día.
- Garantizar la satisfacción de las necesidades nutricionales, y facilitar el acceso de programas de salud.
- Brindar asesoramiento y apoyo a la familia, y contribuir al armado de redes sociales de contención.
- Se debe priorizar los niveles locales, municipales, comunales y barriales, para la generación de programas y proyectos para las mujeres y varones adultos mayores con plena participación de los destinatarios. Se debe fomentar asimismo la creación de instituciones abiertas para sustituir carencias materiales y afectivas no brindadas por el grupo familiar.
- Las personas mayores deben tener acceso a instancias de capacitación para el desempeño laboral teniendo en cuenta las potencialidades y experiencias acumuladas. Se debe recuperar la capacidad productiva del adulto mayor, así como lograr la ocupación creativa y participativa del tiempo libre.
- Debe desarrollarse la asistencia y acompañamiento domiciliario en los casos necesarios, con base en las organizaciones comunitarias y en los programas laborales solidarios para la juventud.
- Es necesario garantizar una vejez segura tanto desde el punto de vista médico-social, a través de programas que propicien la permanencia de los mayores en su entorno; y en el aspecto económico, con un sistema de seguridad social que no esté exclusivamente atado al empleo.
- Se debe propiciar la participación del adulto mayor en el diseño, ejecución y contralor de las políticas que los involucran, favoreciendo su inclusión en acciones y campañas que revaloricen el rol de las personas de edad ante la sociedad.
- Planteamos implementar un Plan Gerontológico que aborde los distintos aspectos de la problemática de mis mayores y haga realidad la coordinación de los servicios sanitarios y sociales.
2.5 Personas con capacidades diferentes
A nivel estadístico se considera que, aproximadamente, un 10 % de la población posee algún grado de discapacidad, permanente o transitorio. Las mismas afectan a personas de toda edad y condición social o económica, abarcando desde disminuciones en las capacidades físicas hasta mentales.
Sordos e hipoacúsicos, ciegos y amblíopes, individuos con problemas motrices o con discapacidad total motora, niños y jóvenes con retardo mental leve, moderado o profundo, así como muchas otras patologías, afectan a miles de integrantes de nuestra comunidad.
La temática de las barreras físicas es compleja y le cabe al Estado municipal una gran responsabilidad en la conformación del medio urbano. Conocer las barreras físicas y proyectar o adaptar entornos libres de ellas, significa influir en el desarrollo e inserción social, laboral y educacional de muchas personas, para las cuales la aplicación de pautas proyectuales inadecuadas les impide realizar las actividades que pueden llevar a cabo a pesar de su discapacidad.
La responsabilidad de nuestra Provincia es no transformar al discapacitado en un minusválido; es decir, impedir a una persona de capacidad distinta desarrollar una capacidad potencial o residual y retacear la igualdad de oportunidades y posibilidades en los campos que está en condiciones de cumplir, ejerciendo sus derechos.
Las mujeres y los hombres adultos, así como los niños, que tienen disminuidas algunas de sus funciones físicas, mentales o sociales, son una parte no muy tenida en cuenta -en la medida en que deberían serlo- por nuestra comunidad. En un sistema que privilegia el lucro y la competencia, los discapacitados son por lo general marginados.
En una sociedad donde los valores físicos pesan tanto o más que la capacidad intelectual, donde -incentivados por la publicidad-, la belleza y la perfección física han pasado a ser pautas imprescindibles para lograr una mejor inserción en la misma; los discapacitados ven restringidas sus posibilidades de desarrollo.
La persistencia de barreras urbanísticas en nuestras ciudades es una muestra más de que, a pesar de los avances en cuanto a la concientización de la población respecto a la problemática de las personas con capacidades diferentes, aún queda mucho por hacer en pos del objetivo de la integración. Para ello debemos comenzar cuanto antes y de manera concreta y planificada -más allá de los voluntarismos aislados y descoordinados- a hacer realidad “las ciudades para todos”.
Los socialismos creemos que se deben eliminar cuanto antes todas las barreras arquitectónicas y urbanísticas que constituyen un impedimento para una real integración de las personas con capacidades especiales al conjunto de la comunidad.
Existen dos aspectos básicos a tener en cuenta cuando se analizan las diversas situaciones problemáticas que atraviesan quienes tienen algún grado de discapacidad. Quizás el tema más conocido sea el de la integración, ya que puede ser fácilmente percibido por el conjunto de los ciudadanos al observar las dificultades –y en muchos casos imposibilidades- de desplazamiento, de quienes deben sortear incontables barreras arquitectónicas e impedimentos en cuanto al uso de unidades de transporte público, servicios sanitarios, etc.; por citar solo algunas formas que atentan contra la integración.
El otro aspecto es quizás el menos conocido, o menos difundido, pero que hace a un factor esencial -y podría decirse primario- para el desarrollo individual y colectivo de quienes poseen alguna discapacidad. Se trata, en principio, de las necesidades de contar con servicios especiales para la educación, rehabilitación y tratamiento de los mismos; pero también de responder a sus requerimientos en cuanto a vivienda, atención diaria, capacitación, inserción laboral, recreación y práctica deportiva, entre otras actividades.
Para estos últimos temas, lo que aporta el Estado no llega a cubrir las reales necesidades del sector. Existe una Rama Especial de la enseñanza, de la cual dependen una serie de escuelas provinciales; pero estos establecimientos solo brindan educación a niños en edad escolar. De igual forma, los talleres protegidos con que se cuenta en los municipios no llegan a resolver la demanda.
Los consabidos y recurrentes problemas de falta de presupuesto resultan ser la explicación que se esgrime cuando se plantean las razones por las que el Estado no asiste plenamente a los discapacitados. Más allá del esfuerzo puesto de manifiesto por quienes se desempeñan en los mencionados establecimientos de atención oficiales, lo cierto es que parecería que este tema no ha logrado suficiente prioridad en las políticas públicas.
Ante esta situación, derivada de la no-cobertura por parte del Estado de la totalidad de los servicios requeridos por quienes poseen algún grado de disminución en sus capacidades físicas o mentales, se han constituido entidades de bien público con el objetivo de paliar este déficit.
En su casi totalidad, estas han surgido por la voluntad de los propios padres de discapacitados, quienes en un esfuerzo mancomunado han estructurado servicios de atención para sus hijos. Estas asociaciones solidarias se mantienen sin aportes -por lo general- de subsidios municipales, provinciales o nacionales. Los recursos provienen de los propios ingresos de los familiares y mediante la contribución de la población.
Cabe resaltar el significado que reviste la tarea de quienes, debiendo redoblar esfuerzos en la mayor atención que requieren sus hijos en el hogar, multiplican su trabajo aportando para el funcionamiento de estas entidades sin fines de lucro.
La Provincia tiene el deber de contribuir para que los discapacitados que integran nuestra sociedad puedan contar con todos los servicios necesarios para su educación, rehabilitación, tratamiento, recreación, desarrollo laboral, etc. En la medida en que no los pueda brindar el Estado, deben establecerse políticas especiales que permitan, al menos, reducir las cargas tributarias, a fin de posibilitar el cumplimiento de tan importantes funciones como las que tienen a su cargo.
La pobreza y la desnutrición subyacen como determinantes en gran cantidad de casos de personas con capacidades especiales. La discapacidad ha sido siempre una de las grandes causas de exclusión.
El socialismo sostiene la prioridad de las políticas de inclusión social y equiparación de
oportunidades de las personas con necesidades especiales. Los conceptos de equiparación de oportunidades y plena participación, más que apuntar a la ayuda individual para compensar una desventaja, debe ser entendidos como la configuración de un medio social que no presente obstáculos a personas con discapacidades, donde puedan construir y reconstruir alternativas de políticas que los incluya en la vida cotidiana.
Este objetivo debe procurarse mediante el afianzamiento de una cultura solidaria y participativa; la participación protagónica de las organizaciones no gubernamentales de los interesados y sus allegados; y las acciones del Estado orientadas a la equidad y al desarrollo de la prevención.
Las acciones deben abarcar respuestas a la problemática laboral, de capacitación, educativa, de atención integral de salud, de hábitat, y la accesibilidad por supresión de barreras urbanas, arquitectónicas y de transporte.
Desde el socialismo, para la integración de las personas con necesidades especiales proponemos
- Promover la igualdad de oportunidades de las personas con capacidades diferentes para contemplar una adecuada integración familiar, social, educacional, laboral y cultural.
- Impulsar la prevención a partir del desarrollo de estrategias integrales para combatir la desnutrición infantil, y prevenir accidentes en la vía pública y el trabajo. Implementar planes en educación y asistencia de salud, higiene pública y programas de vacunación.
- Crear un organismo para la Atención Integral de las personas con capacidades diferentes para planificar, ejecutar y coordinar las políticas del área, procurando responder a toda la demanda el sector y así evitar la superposición de beneficiarios y de programas ejecutados por diferentes organismos públicos, privados y entidades sociales (ONG). Coordinar con las áreas de educación especial artística y de Bellas Artes estrategias conjuntas para promover una adecuada utilización de los recursos económicos, físicos y humanos disponibles en la provincia para su aprovechamiento.
- Establecer planes de construcción de rampas en los espacios de uso público, a fin de ir eliminando las barreras a la libre accesibilidad de los mismos.
- Mejorar los establecimientos educativos de la Provincia destinados a niños y niñas con capacidades diferentes, tal como lo hemos reclamado al Poder Ejecutivo..
- Realizar un efectivo contralor del cumplimiento de todas las disposiciones contenidas en el Régimen Jurídico Básico e Integral para Personas Discapacitadas.
- Impulsar en la Legislatura el proyecto presentado por el Socialismo con el objeto de derogar el Decreto provincial, por ser discriminatorio al restringir en forma extrema los beneficios otorgados hacia quienes tienen dificultades de desplazamiento, y por vulnerar el principio de equiparación de oportunidades específicamente reconocido a las personas con discapacidad establecido en la Constitución.
2.6 Educación
La educación es un derecho fundamental de los hombres y mujeres. Mediante ella es posible contribuir al progreso social, económico y cultural y consolidar la vida en democracia, la participación ciudadana, el desarrollo de las instituciones políticas y jurídicas, la tolerancia y la paz. Hoy estos postulados básicos no se cumplen. El empobrecimiento de la mayoría de la población, generado por este modelo neoconservador que acentúa las diferencias sociales, refuerza las tendencias a la estratificación y a la pérdida de calidad de los procesos y productos educativos
La lucha por la libertad y la igualdad de las personas y el futuro de nuestra sociedad son inconcebibles sin la educación. Desde el Socialismo sostenemos que la educación debe ser pública, universal, obligatoria, laica y gratuita.
Hoy uno de los mayores factores de exclusión definitiva de las personas es el abandono del sistema educativo; y uno de los principales instrumentos concretos de lucha contra la pobreza y marginación es el acceso y la permanencia de los niños y jóvenes en la escuela. No hay en el presente y en el futuro respuesta posible al problema del empleo sin la educación.
La educación debe constituirse en uno de los principales instrumentos de renovación de la vida política y de un proceso de efectiva democratización de la sociedad. En este sentido, son sus fines: la consolidación y profundización de la democracia, la afirmación de la identidad cultural y la integración social.
Para ello, debe reafirmarse el rol protagónico del Estado en la política educativa, y de la escuela y la universidad pública como espacio de producción y distribución social del conocimiento y de afirmación de la identidad cultural. Se debe garantizar la gratuidad de la enseñanza y el acceso a la educación en todos los niveles y modalidades, asegurando asimismo la calidad educativa.
En ese camino es imprescindible promover el acceso y permanencia de todas los niñas y todos los niños y jóvenes a todos los niveles de enseñanza; propiciar la generalización del sistema de jornada completa; establecer sistemas de becas, subsidios y servicios a todos los alumnos cuya situación social lo requiera; promover la enseñanza para adultos, e incorporar a toda la comunidad educativa en la evaluación permanente y periódica y la actualización del sistema educativo.
La transformación educativa que dio lugar a la anterior Ley Federal de Educación, propiciada por el Banco Mundial y tecnócratas locales aplica políticas de privatización y mercantilización de la educación, atentó contra la calidad educativa del nivel primario y atomizó y “primarizó “ el nivel secundario.
La implementación de la Nueva Ley de Educación Provincial (Ley 13688), se ha desarrollado en un contexto de elevada desocupación, corrupción, inseguridad jurídica y social, pauperización de los sectores populares, violencia, inflación y ajustes presupuestarios.
En este contexto tampoco se evidencia la voluntad política de los actuales gobernantes de disponer los recursos para concretar los avances de la Ley, como por ejemplo la obligatoriedad de 2 años del nivel Inicial y de la Secundaria. Con respecto a este nivel, no se ha construido la infraestructura necesaria, para dar cabida a la extensión de la obligatoriedad, y si bien se trabajo seriamente en la elaboración de la nueva Currícula, no se ha planificado la capacitación necesaria de los docentes, no sólo en los nuevos contenidos, sino tampoco en el debate necesario que implica la extensión de la obligatoriedad. La nueva Secundaria, se está desarrollando en un nivel tal de imprevisión e improvisación, en algunos aspectos, que generará resultados nefastos.
Actualmente los recursos son insuficientes para garantizar la educación e calidad para todos los niños y jóvenes de 3 a 18 años. Asimismo, la inversión es muy inferior a la que se registra en los países limítrofes.
De esta manera se ha colocado a nuestro sistema educativo en una severa crisis: la reducción real del presupuesto, la no ampliación y mantenimiento de la infraestructura y mobiliario escolar, la precarización de las condiciones laborales y salariales de los docentes, la elaboración superestructural de programas y currículos, la débil capacitación , el manejo poco austero y muy centralizados de fondos, el recorte de las funciones políticas de los Consejos Escolares, reduciéndolos a instituciones administrativas sin ningún poder.
El Estado provincial debe garantizar un sistema educativo que recupere para la enseñanza la función de integrar la sociedad mediante la generación y distribución del conocimiento socialmente válido.
Se debe establecer nuevos vínculos con la comunidad educativa y los sectores marginados por el ajuste permanente. Sólo así podremos formar ciudadanos deseosos de intervenir en la ansiada democratización política, social y económica.
Es hora de recuperar, en una fuerza común y colectiva, resistencias y alternativas aún fragmentarias, recrear la utopía social de la producción de conocimientos conectados a la cultura popular y velar por su distribución igualitaria. Es necesario apoyar la construcción de una educación popular que contribuya a constituir al pueblo en una fuerza efectiva.
Para esto hay que tener en cuenta que con sólo elevar la cantidad de conocimiento dominante no vamos a garantizar que sea popular y que los saberes “socialmente significativos o válidos” son aquellos que ayudan a formar ciudadanos libres que cuestionen el estado de cosas vigente y orienten su conducta hacia la construcción de una sociedad realmente justa y solidaria.
También se debe tener en cuenta que sólo docentes críticos, con sólida formación disciplinar y técnico-pedagógica, activos defensores del bien común, con conocimiento de la realidad social, pueden formar conciencias críticas en los ciudadanos que una auténtica democracia exige.
La calidad educativa no sólo depende de aspectos pedagógicos sino que está íntimamente relacionada con las condiciones laborales del trabajo docente y con las condiciones económicas, sociales y políticas en las que se desarrolla la vida de la comunidad.
Defender el derecho social a la educación pública, gratuita y popular es apostar a la construcción política contra-hegemónica, interpretando e intentando llevar adelante los intereses de los sectores populares, de la comunidad a la que se pretende servir, en sus fines, en sus contenidos y en sus metodologías de enseñanza y evaluación.
Deberemos pues, entre todos, aportar a la construcción colectiva de un proyecto que posibilite el encuentro entre los derechos y la igualdad. La igualdad es poder impedir que la voracidad de los poderosos extinga la razón y la posibilidad de soñar.
Hechas estas consideraciones, se debe convocar a la participación activa de la sociedad para llevar adelante los siguientes objetivos:
- Promover las necesarias mejoras en la Nueva Ley de Educación Provincial, ya que la misma fue aprobada con escaso debate y sin la posibilidad de integrar propuestas, sobre la base de la responsabilidad indelegable e irrenunciable del Estado provincial en la fijación de la política educativa, del consenso y la participación.
- Diseño de un modelo pedagógico que, desde la concepción de la Educación Popular y la Pedagogía crítica, asegure la unidad educativa sin afectar las particularidades regionales y una educación de calidad que permita la formación integral del hombre y su inserción crítica en una sociedad democrática y justa.
- Fortalecimiento en cada jurisdicción de los Consejos Escolares, como organismos de gestión educativa, autónomos en su capacidad de gestión y autárquicos en lo financiero, que garanticen la democratización de la educación y el fortalecimiento de la participación de todos los actores sociales.
- Desarrollo de la infraestructura adecuada a las necesidades educativas de calidad
- Implementación de estrategias de políticas compensatoria que aseguren la permanencia en el sistema de los sectores sociales más afectados por el ajuste económico.
- Creación de un Centro Provincial de Investigación y Desarrollo educativo, coordinado con los Centros de Investigación Educativos distritales, que brinde asistencia técnica a las jurisdicciones.
- Democratización y participación de la comunidad educativa para la integración del Consejo General de Cultura y Educación.
- Lograr una mayor escolarización de la infancia y la juventud, así como un fortalecimiento de la educación no formal para brindar oportunidades de una educación integral. .
- Implementación de estrategias provinciales destinadas a la educación de los adultos que erradiquen el analfabetismo y faciliten la inserción de éstos en el mundo de la cultura y el trabajo creador.
- Articulación de las actividades de las Universidades Nacionales e instituciones terciarias a los requerimientos de las realidades locales y al sistema provincial de ciencia, tecnología e innovación.
- En la Legislatura seguiremos impulsando el proyecto de ley destinado a reconocer los servicios educativos prestados por las Municipalidades, a través del sistema educativo provincial, y constituido por las unidades funcionales creadas al efecto que abarcan los distintos niveles y modalidades de la educación, como servicios de educación pública de gestión estatal, garantizando la igualdad, gratuidad y equidad en el ejercicio de este derecho. De igual forma impulsaremos el proyecto de ley que hemos elaborado con el objeto de establecer una subvención mensual a las Cooperadoras Escolares.
2.7 Ciencia, investigación y tecnología
La investigación científica y el desarrollo tecnológico son instrumentos necesarios para resolver los problemas que afectan al bienestar social y para mejorar las condiciones de vida de todos los ciudadanos. El socialismo quiere que los conocimientos científicos y las innovaciones tecnológicas estén presentes en nuestros hospitales, en nuestras escuelas y universidades, en las empresas, en nuestras redes de transportes y comunicaciones, en nuestra vida cotidiana, y contribuyan a la igualdad de oportunidades y a la generación de empleo.
Debe promoverse la investigación básica, la relación entre la investigación pública y las actividades empresariales, y la innovación tecnológica como factor estratégico del desarrollo del sistema productivo.
Es necesario afianzar al CONICET, INTA, INTI y demás organismos estatales de investigación, profundizar el rol de las universidades estatales como centros de investigación, y la inversión pública en ciencia y tecnología y en formación de investigadores.
El sistema de educación e investigación en la Argentina, que alguna vez produjo tres Premios Nobel y ahora tiene más de 35000 investigadores invierte millones de dólares en formar jóvenes con vocación científica, aunque en la realidad, luego los relegue al olvido, ya que no les abre posibilidades laborales para aprovechar todos sus conocimientos.
En años anteriores ha perdido más de 7.000 investigadores que ante la ausencia de posibilidades en la Argentina, trabajan en el exterior.
La investigación y la transferencia de tecnologías suman características que sustentan la capacidad de avance en distintas áreas en los países desarrollados. Podríamos afirmar que aquellos pueblos cuyos gobernantes olvidan la importancia de invertir en educación e investigación están destinados a la sumisión internacional y a la degradación de la calidad de vida de cada uno de sus habitantes.
Debemos destacar el valor que poseen los pueblos que cultivan el saber y el conocimiento. Es casi una utopía pensar en el desarrollo de un país que olvida y deserta de la posibilidad de invertir en la investigación y programas de transferencia de tecnología.
En la Provincia deberá funcionar un organismo de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, de acuerdo a una estructura organizativa, misiones, funciones y responsabilidades determinadas por Ley, la cual contará con capacidad para actuar pública y privadamente, y funcionará como un ente descentralizado, con autarquía circunscripta al manejo de sus fondos para la realización de sus fines científicos-tecnológicos.
Es de suma importancia el funcionamiento de una Institución de características autárquicas en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, destinada a la promoción y apoyo a la investigación, desarrollo, capacitación y transferencia de tecnologías.
La Constitución de la Provincia, en su art. 43, determina: “La provincia fomenta la investigación científica y tecnológica, la transferencia de sus resultados...”
Este organismo entre sus objetivos deberá tener relación con la formación de recursos humanos en lo atinente a la investigación y a las actividades profesionales, brindar servicios y conocimientos a entidades públicas y privadas, realizar el intercambio de investigadores y becarios con Instituciones nacionales e internacionales.
Distintos motivos indican la necesidad de dar la posibilidad que los jóvenes con inquietudes y capacidad para la investigación desarrollen sus potencialidades en centros y laboratorios argentinos.
El apoyo a las nuevas generaciones debe ser una realidad tangible.
Los desencuentros políticos, y las improvisaciones en materia de investigación en la provincia ha producido que centros y laboratorios hayan perdido la posibilidad de alcanzar excelencia y calidad internacional, a pesar de los esfuerzos que realizan los trabajadores y el personal de investigación.
La actual estructura de la CIC ha peregrinado por distintos ministerios y actualmente depende de la Dirección General de Cultura y Educación. Falta de presupuesto y claridad en los objetivos de la investigación y desarrollo han conspirado para que ello ocurra. Hace más de un periodo que no se invierten sumas importantes, a través de subsidios, becas, pasantías. No solo, no se invierte sino que tampoco se respaldan con partidas los proyectos que se encuentran en marcha. Suma a estas
desprolijidades de funcionamiento el alto costo que ocasiona su organigrama con muchos funcionarios y directores, cuyo peso específico en el presupuesto es más que excesivo.
Estas políticas no permiten crecer, además de ser testigos de la caída de toda la estructura del personal en las distintas jerarquías, en una lenta agonía, que terminará en un alambicado sistema burocrático, muy alejado de las necesidades de la Provincia, y de los objetivos de la Comisión de Investigaciones Científicas.
La provincia tiene definido el Compre Bonaerense (Ley 12496) de productos, bienes y servicios, que privilegia la adquisición y contratación, de aquello que tenga origen nacional. En el área de Compras la provincia debería dar prioridad a los servicios de capacitación y controles de calidad, entre otras potencialidades que posee la CIC, en todas aquellas adquisiciones y contrataciones que realice, que en las actuales circunstancias no se llevan a cabo o se contratan a consultoras y laboratorios privados.
La creación de este ente autárquico debe responder al desarrollo de la Ciencia, el lugar donde los jóvenes, junto a la experiencia de los mayores, con capacidades para el estudio e investigación puedan realizarse, el ámbito en que la provincia pueda respaldar y defender cada servicio que contrata o bien que compre. Una suma de beneficios que tienda a mejorar la calidad de vida de los bonaerenses y del país.
2.8 Cultura
La ruptura de identidad nacional y el llamado a su sustitución por la identidad globalizante, no se constituye solamente como un discurso: es socialmente algo efectivo. La democracia permite el reconocimiento y desarrollo de las tradiciones culturales, su transformación aunada a la realidad, la coexistencia de lo universal y lo particular.
El individuo separado de toda tradición cultural es sólo un consumidor de bienes materiales y simbólicos, extraños a su ser racional. La sociedad multicultural no se caracteriza por la coexistencia de valores y prácticas culturales diferentes: menos aún por mestizaje generalizado. Es aquella donde se construye la mayor cantidad de vidas individualizadas, donde el mayor número posible de individuos logran combinar, de manera diferente cada vez, lo que los reúne y lo que los diferencia. Es imprescindible conocer las características culturales de las sociedades en las que debemos intervenir como gestores culturales desde el estado democrático.
La sociedad multicultural no se caracteriza por la coexistencia de valores y prácticas culturales diferentes: menos aún por mestizaje generalizado. Es aquella donde se construye la mayor cantidad de vidas individualizadas, donde el mayor número posible de individuos logran combinar, de manera diferente cada vez, lo que los reúne (la racionalidad instrumental) y lo que los diferencia (la vida del cuerpo y del espíritu, el proyecto y el recuerdo).
Así como en todas partes demostraron su fragilidad y se derrumbaron los imperios multiétnicos y multiculturales, así será vigorosa una sociedad capaz de reconocer la diversidad de los individuos, los grupos sociales y las culturas, y que sabrá hacer a la vez que se comuniquen entre ellos, suscitando en cada uno el deseo de reconocer en el otro el mismo trabajo de reconstrucción que efectúa en sí mismo.
Es decir, partiendo de los principios generales: “libertad, igualdad, fraternidad”, hoy las nuevas formas asumidas por estos podrían sintetizarse como: reconocimiento de la diversidad cultural, rechazo de la exclusión y derecho de cada individuo a una historia de vida en que se realice, al menos parcialmente, un proyecto personal y colectivo.
A partir de los conceptos anteriormente enunciados, cuya enumeración no agota ni siquiera mínimamente la profundidad que los mismos contienen, podemos sintetizar algunos puntos respecto de las políticas culturales para la ciudadanía.
- Las políticas culturales más democráticas y más populares no son necesariamente las que ofrecen espectáculos y mensajes que lleguen a la mayoría, sino las que toman en cuenta la variedad de necesidades y demandas de la población.
- La promoción de las culturas tradicionales requiere sentido y eficacia en la medida en que vinculan esas tradiciones con las nuevas condiciones de internacionalización.
- Las industrias culturales son hoy el principal recurso para fomentar el conocimiento recíproco y la cohesión entre los múltiples organismos y grupos en que se fragmentan las grandes ciudades. La posibilidad de reconstruir un imaginario común para las experiencias urbanas, debe combinar los arraigos territoriales de barrios o grupos con la participación solidaria en información y el desarrollo cultural propiciado por los medios masivos de comunicación en la medida que estos hagan presentes los intereses públicos.
Sin una política que promueva la creación y la difusión de la cultura, se establecen divisiones profundas entre los ciudadanos, que potencian la desigualdad económica y social. La cultura es un elemento dinamizador de la participación, la solidaridad y la defensa de los derechos humanos. El acceso universal a la cultura es un elemento esencial del fortalecimiento democrático, de la igualdad y de la construcción de ciudadanía.
El socialismo aspira al desarrollo de una sociedad multicultural, capaz de convivir con las diferencias y asimilar su riqueza, en el reconocimiento de que en la conformación de las convicciones e ideas que profesa cada ciudadano en un sistema democrático, se cruzan movimientos culturales provenientes de historias y latitudes diferentes que fortalecen institucional y jurídicamente la sociedad.
Es esencial el fortalecimiento de los valores culturales que conforman nuestra identidad y de los que nos unen a América Latina, así como de las singularidades culturales de las distintas regiones de nuestro país.
Debe democratizarse la producción y consumo de los bienes culturales, y fortalecerse las industrias culturales ligadas a la producción regional, nacional y latinoamericana.
El Estado provincial es una pieza fundamental en la democracia cultural. Su labor primordial es desarrollar políticas a favor del derecho a las identidades culturales, la conservación y dinamización del patrimonio histórico y el acceso a los bienes culturales contemporáneos.
Entendemos la cultura como espacio de participación cívica, desarrollo socio económico y bienestar social.
Aspiramos a una cultura caracterizada por los grandes valores que inspiran al Socialismo y la autonomía local: cultura como bien público, cultura como factor de desarrollo personal y económico, cultura como garantía de creatividad, cultura como espacio de participación y solidaridad y cultura como elemento definidor de los pueblos.
Los centros culturales históricos de nuestras ciudades y pueblos constituyen el patrimonio acumulado por siglos de historia y por ello elementos de referencia cultural, social y político para ciudadanos y ciudadanas constituyen elementos dinamizadores de la actividad económica, así como referentes obligados para la integración de amplias capas de la sociedad.
El Socialismo articulará políticas urbanas tendientes a: evitar el deterioro creciente del patrimonio histórico artístico, potenciar el uso de los centros históricos para fines culturales y arbitrar políticas específicas que consigan la recuperación de los mismos.
Impulsar a construcción y mantenimiento de equipamientos culturales, la organización de manifestaciones artísticas, la dotación de la infraestructura básica cultural; ampliando las prácticas culturales a nuevos públicos y mejora de la calidad y competitividad de la oferta cultural existente.
Concebir al municipio como ámbito de producción cultural además de su papel tradicional como centro de difusión, sede indispensable de la dimensión social de la cultura.
La política cultural socialista para los municipios bonaerenses debe perseguir como objetivos: una nueva coordinación entre la administración provincial y las locales sobre la base de responsabilidades compartidas en la planificación y la financiación de bienes y servicios culturales, el impulso de un nuevo espacio asociativo que asuma responsabilidades en las prestaciones culturales con la colaboración de las entidades locales, la incorporación del artista y de los proyectos creativos a las iniciativas y estructuras de desarrollo socioeconómico local, la capacitación de los agentes culturales públicos tanto en las técnicas específicas de la gestión cultural como en el conocimiento del entorno artístico contemporáneo.
2.9 Salud
Al realizar un breve análisis de la situación actual del sistema de salud provincial:, notamos un corrimiento de la supervisión y rectoría del estado provincial en las políticas sanitarias, que se agrega a las fragmentación del Sistema evidenciado en la gran dispersión de las obras sociales, prepagos y privados con un sin fin de situaciones intermedias que carecen de un piso de prestaciones básicas a cumplir por todos.
Se observa una tendencia a descentralizar la atención por parte del estado provincial pero sin la asignación de los recursos presupuestarios y técnicos que permitan su sostén en el tiempo. Marcando una medicalización del Sistema con un vademecum de medicamentos excesivamente amplio, con bajo acceso por parte de la población más necesitada.
El desproporcionado crecimiento de las ciudades ha dificultado el acceso a los servicios de salud que no fue acompañado por una planificación de nuevos establecimientos sanitarios. Existiendo escasos o nulos programas de salud que se adecuen a la realidad epidemiológica local y abarquen a toda la población.
A la vez existen escasos controles de calidad que garanticen a la población la seguridad de los insumos utilizados (medicamentos, vacunas, etc.), manteniendo actualmente un alto porcentaje de la población provincial (que varía del 40 al 60%) sin cobertura sanitaria.
La Provincia tiene un modelo de atención basado en la reparación de lo dañado, enfocado casi exclusivamente a la enfermedad, funcionamiento aislado del sector salud respecto a otros sectores fundamentales para el cuidado de la salud como deporte, educación y cultura, entre otros.
El sistema de información es deficitario y no provee los datos necesarios para accionar con propuestas basadas en lo que le sucede a la población; evidenciando un deterioro estructural de los hospitales públicos provinciales, cuyos presupuestos sufren constantes recortes. Las direcciones de los hospitales están conducidas por profesionales con perfil político de escasa o nula formación en gestión de servicios de salud.
Hay una escasa planificación de ingreso a planta de profesionales y trabajadores de áreas consideradas críticas (mantenimiento, enfermería y otras) tendiendo a contratar personal en forma temporaria con diferentes modalidades laborales que atentan contra la estabilidad de los trabajadores, precarizando su situación, con ausencia de concursos profesionales que posibiliten el natural crecimiento y evolución en los servicios, con un falta total de propuestas de capacitación en servicios que propicien a una mejor calidad de atención. La modalidad de Hospital de “autogestión” como sinónimo de que cada lugar genere su propia forma de conseguir recursos, es una situación que favorece la inequidad.
Las estrategias de autocuidado, promoción y prevención de la salud ausentes, con una falta de articulación entre los niveles de mayor complejidad, las Regiones Sanitarias y los de Atención Primaria de la Salud.
La presente propuesta provincial se encuadra en el proyecto de Ley Nacional de Salud presentado por el Partido Socialista, con eje en la construcción de un camino hacia un Sistema Único de Salud (SUS).
El transitar hacia la construcción de un SUS es la única posibilidad de tener la rectoría del estado en las políticas públicas sanitarias.
Para cada línea de propuesta hay numerosas actividades a diversos niveles de intervención.
La Red Pública de Servicios de Salud tiene como fundamentos políticos los siguientes principios:
- la salud es un derecho humano y por lo tanto es responsabilidad indelegable del Estado asegurar a la ciudadanía su ejercicio;
- el gasto en salud es una inversión social prioritaria;
- un sistema de salud humanizado, solidario, eficiente, efectivo y eficaz con base en la gratuidad, equidad y trato igualitario;
- la construcción consensuada de un sistema de salud que compense desigualdades sociales y zonales dentro de su territorio en el acceso, cobertura y calidad del sistema, sobre una concepción integral de la salud vinculada con la satisfacción de necesidades;
- la participación de la población y de los trabajadores en los niveles de decisión, acción y control, como medio para promover, potenciar y fortalecer las capacidades de la comunidad con respecto a su vida y su desarrollo;
- la regionalización, entendida como práctica de la gestión pública que permite un abordaje racional y estratégico de las intervenciones estatales en un territorio determinado, en cercanía con la población involucrada;
- la descentralización, entendida como una estrategia de gestión de los recursos de un territorio determinado mediante la atribución de competencias y capacidad de gestión a los actores regionales y locales;
- la complementación y concertación de las políticas de salud con las órbitas municipales y nacionales.
- el acceso de la población a toda la información vinculada a la salud colectiva y a cada persona, la correspondiente a su salud individual,
- la fiscalización y control por la autoridad de aplicación de todas las actividades que inciden en la salud humana.
Y por otra parte las siguientes características: la universalidad en el acceso a los bienes y servicios de salud; la mayor integralidad, a los efectos de garantizar la promoción, prevención, curación y rehabilitación de la salud resolviendo cada caso en el nivel de complejidad adecuado.
Garantizando la gratuidad, entendida como la exención de cualquier forma de pago directo en el área estatal y; la oportunidad y continuidad de la atención.
Las acciones a implementar son las siguientes:
- Fortalecer la estrategia de Atención Primaria de la Salud
- Trabajar con equipos básicos de trabajo que garanticen en todo el territorio la accesibilidad a la atención de las personas.
- El instrumento de trabajo en todo el nivel primario y secundario debe ser una historia clínica orientada a problemas familiares.
- Fortalecer el rol del estado en el dictado de políticas sanitarias.
- Fortalecer las Regiones Sanitarias recuperando el rol técnico para el que fueron creadas, constituyéndose en el lugar de referencia para la ejecución de los programas.
- Regiones sanitarias como verdadera unidad de descentralización administrativa y con recursos propios para ganar mayor autonomía en la gestión local de los servicios de salud.
- Crear programas enfocados a la realidad epidemiológica provincial que lleguen a toda la población.
- Mejorar el sistema de información en salud permitiendo, creando un sistema único de registro capaz de analizar la situación epidemiológica actual y dar respuestas en base a lo que le sucede a la población.
- Crear una red única de prestadores públicos articulados con referencia y contrareferencia
- Fortalecer el trabajo en promoción y prevención, tendiendo a promover el autocuidado
- Coordinar acciones con otros sectores que son claves en los resultados de salud ( deportes, educación, cultura)
- Desarrollar un único sistema de carrera sanitaria donde estén todos los trabajadores de la salud y cuyo ingreso sea por concurso.
- Promover desde el ministerio provincial que las secretarías de salud municipales se adhieran a dicha carrera.
- Implementar espacios de capacitación continua en servicios donde se favorezcan y desarrollen todas las estrategias propuestas
- Promover la producción pública de medicamentos.
2.10 Deporte y recreación
En todo gobierno socialista la recreación tiene que ser una prioridad. Y en este caso, donde muchos chicos no tienen para comer, donde la única ración de comida que reciben proviene de la escuela y donde fuera de ella no encuentran amparo en la sociedad, una administración socialista debe poner al servicio de la juventud la infraestructura deportiva, como colchón social y red de contención de sus jóvenes.
El fomento de la práctica deportiva debe constituir uno de los objetivos prioritarios del Estado provincial. Los programas de prevención de la salud, las políticas de ocio y de servicios sociales deben diseñarse contando con el deporte como un elemento esencial para su instrumentación. En este sentido corresponde a los municipios contribuir a elevar el nivel de práctica del deporte dotando a las ciudades de instalaciones deportivas descentralizadas y polivalentes, cercanas al ciudadano, así como desarrollar programas de actividades coordinadas dirigidas a ciudadanos de todas las edades.
La extensión y la calidad exigirán importantes niveles de coordinación interadministrativa y de cooperación intermunicipal de cara no sólo a posibilitar la construcción de infraestructuras deportivas de alta calidad, sino también para la creación de proyectos que fomenten la cooperación entre ciudadanos de distintos municipios y que racionalicen gastos comunes que de otro modo podrán duplicarse.
Se hace necesario darle un nuevo entramado asociativo del municipio que actuará como garante del mantenimiento del interés del ciudadano por la actividad deportiva.
Como columna vertebral de la gestión en esta área, el Socialismo impulsará en los municipios el desarrollo de un programa integrado por un conjunto de actividades que de él se derivarán conteniendo los siguientes objetivos: a) Desarrollo de hábitos de movimiento en la población; b) Ofrecer alternativas de ocupación productiva del tiempo libre; c) Promover actitudes y aptitudes participativas y cogestivas; d) Promover la integración solidaria a nivel grupal e institucional en los barrios; y e) Fortalecer el funcionamiento de los clubes de barrio de la ciudad.
Mediante estos objetivos se buscará salir al cruce de los fenómenos que se observan en la actual vida urbana, donde la población adulta, en general, registra una marcada tendencia al sedentarismo.
En los grupos económicos carenciados, en particular, quedan marcados los rasgos del trabajo físico, de la desvalorización personal, y el deporte casi exclusivamente reservado al varón, sin control médico ni sistematización alguna. En este grupo, la mujer en general no participa en deportes y se observa, sobre todo entre las adolescentes, gran desconocimiento y pudor respecto a su cuerpo. En los sectores de ingresos medios o altos se reconoce a la actividad física como “algo bueno”, pero los indicios de sedentarismo son aún alarmantes.
En cuanto a los niños, cabe señalar que son objeto de la especialización deportiva precoz en competencias eliminatorias y selectivas. Esto redunda en la carencia de deportistas mayores de 15 años, ya que la mayoría abandona la práctica antes de esa edad.
Las actividades a programar serán, además de las disciplinas deportivas factibles de practicar en las instalaciones existentes, educación física, gimnasia aeróbica, gimnasia modeladora, yoga, caminatas, aerobismo, actividades en la naturaleza, campamentos, juegos, jornadas, charlas, mateadas, excursiones, fiestas populares, bicicleteadas, actividades recreativas, talleres, reuniones.
Para la evaluación del programa se tomará en cuenta la participación de la población en las distintas propuestas, la participación sistemática en actividades deportivas en todos los grupos de edades, la formación de grupos y su funcionamiento y la integración a nivel institucional.
El programa estará dirigido a niños a partir de los 6 años, adolescentes, adultos y adultos mayores. Contemplará el desarrollo de actividades recreativas y deportivas que se desarrollarán en predios municipales en torno a cinco grandes proyectos: natación para niños, recuperación de clubes de barrio y desarrollo en ellos de las actividades deportivas.
Por otra parte, el programa contemplará la realización de eventos recreativos masivos. En el transcurso del año se estima que participarán miles de marplatenses guiados por un plantel de profesores de educación física que se incrementarán en la temporada estival, más docentes, equipos de estudiantes de psicología para el desarrollo de las distintas tareas.
Una racional combinación de políticas de ayudas oficiales y de fomento de la cooperación potenciará el impulso y la participación ciudadana de una manera efectiva en la gestión de recursos del deporte.
Los Socialistas promovemos el deporte y la recreación, teniendo por norma el principio de subsidiaridad, control y regionalización.
- Posibilitar el acceso de toda la población a la práctica de la actividad física sistemática, mediante programas provinciales.
Implementar programas para adultos mayores y para personas con capacidades físicas diferenciadas como contención a sus necesidades y desarrollo de habilidades deportivas, poniendo énfasis en la adaptación de los espacios deportivos, los aspectos legales y las políticas de integración que faciliten el acceso y práctica de distintas disciplinas. Crear Centros Regionales de Rendimiento Deportivo, tal como lo hemos propuesto en al Legislatura.
- Crear sistemas y planes de seguridad en los espectáculos públicos deportivos que se desarrollen en el ámbito de la provincia.
3. SECTOR TEMATICO DE POLÍTICAS ECOLOGICO - ESTRUCTURALES
La sustentabilidad ambiental constituye una apuesta claramente socialista, una nueva dimensión de nuestra lucha por la igualdad y por la democracia. El desarrollo, según este enfoque, no equivale al crecimiento económico con carácter genérico: exige que el crecimiento beneficie a todos los ciudadanos de forma equitativa, a escala planetaria y abarcando las futuras generaciones; y que la calidad de vida y el bienestar se obtenga de forma perdurable, asegurando la habitabilidad del planeta a largo plazo. Para avanzar hacia la sustentabilidad ambiental resultan indispensables cambios tecnológicos y culturales, que sólo serán posibles si se dan las adecuadas transformaciones político-institucionales y económicas.
La perspectiva integrada del desarrollo de las sociedades con su ambiente, la perspectiva ambiental del desarrollo replantea las formas de incorporación de la población democrática de la sociedad en el aprovechamiento de sus recursos productivos, actuales como potenciales. La aplicación de acciones de desarrollo sustentable de modo conjunto entre el Estado, las organizaciones sociales y productivas y los sujetos individuales, para el adecuado manejo de los recursos.
Una de las mayores prioridades para preservar el medio ambiente es mejorar las condiciones de vida y de trabajo de la población, especialmente en las afueras de las grandes ciudades. Se deben adoptar medidas adecuadas para erradicar la pobreza y estimular el desarrollo rural y urbano.
Son los pobres los que viven en peores condiciones ambientales y los que reciben el mayor impacto de los desastres naturales (inundaciones, etc.). Una creciente población marginal relacionada con la economía formal y no formal que vive inmersa, por lo general, en áreas degradadas y fuertemente contaminadas (basurales clandestinos, arboles depredados, cursos de agua contaminados, etc.), a lo que se deben sumar numerosas formas de inseguridad social, tales como los problemas de delincuencia.
Nuestras ciudades se enfrentan así al desafío de solucionar problemáticas comunes al desarrollo y subdesarrollo con escasos recursos financieros. Por ello concluimos afirmando que es necesario desarrollar mecanismos novedosos que permitan recrear nuestras ciudades para obtener una mejor calidad de vida de todos sus habitantes, repartida equitativamente entre ellos.
La mayor parte de la población vive hoy en ciudades. En la ciudad transcurre la vida cotidiana de las y los habitantes, y es el ámbito de relación más directa con los gobernantes, por lo que la participación y la respuesta a las necesidades tiene posibilidades más objetivas.
El socialismo sostiene la vigencia del espacio urbano para el desarrollo de una mayor calidad de vida, e impulsa con ese objetivo la defensa de las autonomías municipales; la participación popular, la creación de empleo y producción; la gestión descentralizada y la planificación y presupuesto participativo, priorizando el acceso de toda la población a los servicios básicos; la función social de los espacios públicos y el uso del suelo equitativo; el libre acceso a la actividad física, al deporte, al uso del tiempo libre y a la cultura; la ciudad como espacio de innovación, reconciliando el progreso científico y tecnológico con el progreso económico y social y con sustentabilidad ambiental.
En la noción de Desarrollo Sustentable se conjugan: La satisfacción de necesidades humanas ligadas al bienestar material y espiritual, la conservación de la integridad de los ecosistemas, y la consecución de la equidad de la justicia social, del respeto por el otro y por sus derechos en el marco de una comunidad democrática.
La idea de desarrollo sustentable, aplicada al ambiente urbano, implica promover el adecuado desarrollo de la ciudad a través de un proceso de cambio en el marco del cual el empleo de recursos, la gestión de inversiones, la orientación del desarrollo tecnológico y el cambio institucional (político, económico, social), se hacen de modo tal que permiten satisfacer necesidades del presente sin hipotecar el potencial de las generaciones futuras en la solución de sus propias necesidades. Según este concepto, los recursos deben ser tratados en función de su valor presente y de su valor futuro, lo cual posibilitaría un tipo de desarrollo de bajo impacto ambiental.
La estrategia para asegurar la sustentabilidad se basa en el hecho de considerar al desarrollo como: ecológicamente armonioso, económicamente eficiente, socialmente equitativo y localmente autosuficiente.
Los Socialistas impulsaremos nuestra gestión abordando con rigor y resolución, no sólo aquellos temas que aparecen explícitos en cuanto a problemas en el medio físico, sino también todas las cuestiones que puedan tener una significación relevante para la calidad de vida de la población en cada uno de nuestras localidades, respondiendo a las demandas ciudadanas.
Para el presente Plan de Desarrollo Sostenible para la provincia de Buenos Aires hemos agrupado todo lo concerniente a los aspectos físicos del territorio provincial, tanto los naturales como los antrópicos, es decir los ecosistemas y sus partes componentes, y las realizaciones humanas que en forma de redes de comunicación, instalaciones y equipamiento, constituyen el soporte físico para las actividades. Se incluyen en este agrupamiento los siguientes temas: ordenamiento urbano y territorial, medio ambiente, tratamiento de residuos, infraestructura, red vial caminera, transporte ferroviario, puertos fluviales y marítimas, hábitat y vivienda, transporte urbano y regional, energía y patrimonio público.
3. 1 Ordenamiento urbano y territorial
Las ciudades se enfrentan hoya dificultades sin precedentes para lograr la conservación del medio ambiente y garantizar un desarrollo duradero; favorecer una mejor calidad de vida y condiciones más iguales para todos; solucionar los problemas de funcionamiento urbano y evitar la exclusión; preparar una democracia más activa y más equilibrada en la actual sociedad plural“
Concebimos la planificación como una forma moderna, participativa y democrática de pensar y organizar el desarrollo de una ciudad o municipio, que permita establecer un marco de referencia para que todos los agentes económicos y sociales puedan acomodar sus propias estrategias de acuerdo con el escenario que se desea para el núcleo urbano o la totalidad del territorio al que pertenece. Es un nuevo instrumento que facilita la gestión de un municipio en época de cambios tendenciales frecuentes y que permite estimular la imaginación necesaria para enfrentarlos.
La implementación de planes de ordenamiento del territorio que, sobre la base del conocimiento de las potencialidades y limitaciones de los ecosistemas, determinen normas y políticas activas y de largo plazo con respecto al uso de los recursos, facilitando una activa participación de la población.
En muchos países la adopción de decisiones tiende a separar los factores económicos, sociales y ambientales. Los países no pueden ya permitirse la adopción de decisiones dejando de lado las cuestiones ambientales y de desarrollo, acaso sea necesaria una remodelación fundamental del proceso de planificación.
El factor determinante de nuestra del territorio y configuración espacial, ha sido el modelo de desarrollo dependiente, agro exportador, con foco en la ciudad puerto, agravado por la ocupación desordenada y especulativa del espacio, por la ejecución de políticas sectoriales desarticuladas y por la falta de concreción de un proyecto nacional y provincial que incluyera el ordenamiento territorial.
Las carencias de infraestructura que padece la población de la provincia que contiene el mayor conglomerado urbano del país son cuantiosas. A ello se le suma el alto grado de dispersión urbana en una importante fracción de su conglomerado, que hace inalcanzable por sus altos costos el objetivo de satisfacer la demanda de infraestructura de su población.
Existe una capacidad instalada, industrial, de transporte, de almacenaje, y un parque inmobiliario, subutilizados o indebidamente usados. Existe también una injusta distribución de la dotación de infraestructura y de servicios urbanos financiados por el conjunto de la comunidad, pero asignados
a los sectores de la población de mayor nivel adquisitivo.
Un desarrollo equilibrado implica integrar a las distintas regiones atendiendo a un proceso de ocupación y uso racional del suelo productivo; el uso de los recursos naturales y su conservación; la utilización de transporte, las comunicaciones y la energía, en beneficio de la población con tecnologías adecuadas al contexto social, cultural y natural.
El ordenamiento urbano y territorial y la planificación urbana deben encuadrarse en las políticas de desarrollo sustentable.
Nuestra provincia debe planificar urbanística y territorialmente su desarrollo. Debe darse por lo tanto una respuesta racional y austera contrapuesta al despilfarro que históricamente se ha hecho de nuestros recursos naturales y artificiales, producto de una acción relativamente "espontánea" y especulativa del sector privado y aún del propio Estado en sus tres niveles.
Debe desarrollarse un plan de previsión en cuanto a la formación de reservas de suelo para la progresiva expansión controlada y racional de los núcleos urbanos.
Reubicar la problemática de la planificación urbana y territorial significa interpretar verdaderamente el valor económico y social del ambiente construido urbano y rural. Esta nueva concepción debe tender a un desarrollo armónico y equilibrado de la ciudad y el territorio, y a mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Es necesario un proyecto social de uso más equitativo del territorio que implique la recuperación de la dimensión pública de los procesos de ordenación y planificación física del suelo, y eliminar los factores que conllevan sobreganancias diferenciadas en el mercado inmobiliario. Una nueva concepción que ponga al derecho de propiedad en función social, y una gestión urbana que propicie la participación de todos los actores que intervienen en la ciudad, a través de una política de descentralización.
Los socialistas proponemos las siguientes acciones para la ordenación del territorio: - La gestión provincial, así como las municipales deberán ser planificada a corto, mediano y largo plazo, mediante un sistema de diseño, seguimiento y coordinación de acciones a desarrollar en cada área; basado en estudios y evaluaciones sectoriales y globales, con presupuestación por programas.
- Se deberá planificar la realización de obras de infraestructura, instalaciones y equipamiento comunitario, así como de servicios públicos.
- Se establecerán programas de ordenamiento urbano-rural en cada distrito, con planificación particularizada de sectores urbanizados, así como de áreas naturales.
- Se concretará un Plan Estratégico Provincial, como mecanismo de planificación participativa.
- Se impulsarán los proyectos de leyes elaborados y presentados en la Legislatura, tales como: la creación de un Programa de Asistencia Técnica a Municipios con menos de 50.000 habitantes.
3.2 Medio ambiente
El socialismo sostiene la prioridad de la preservación del medio ambiente para las generaciones presentes y futuras en el marco de un desarrollo equitativo y sustentable. La degradación ambiental no es una consecuencia ineludible de la actividad humana, sino una resultante del modelo de desarrollo vigente.
El socialismo se propone como objetivos básicos en lo ambiental la mejora de la calidad de vida de la población; la compatibilidad de la planificación económica y social con la protección de los recursos naturales, culturales y paisajísticos y de la biodiversidad; la educación ambiental de la población, la participación popular en la cuestión ambiental, y la planificación y control integral de los recursos naturales no renovables.
Es necesaria una decisiva acción política par administrar los recursos del medio ambiente de modo que se asegure un progreso humano y una supervivencia humana sostenibles. Se deben tomar las decisiones necesarias para asegurar los recursos que permitan sostener la presente y a las futuras generaciones.
Avanzar hacia pautas sustentables del uso de la energía, la producción de alimentos, la silvicultura y la demografía, plantea cuestiones sociales de largo alcance. La equidad es un objetivo esencial por derecho propio en un mundo que se esfuerce en satisfacer las necesidades básicas y proteger simultáneamente el entorno natural.
La contaminación y la degradación del medio ambiente tienen su origen en el deseo desmedido de lucro y no toman en cuenta los perjuicios que causan a la sociedad. El Estado y la sociedad deben intervenir para restablecer el vínculo entre la naturaleza y las necesidades del hombre que permitan mejorar las condiciones de vida sin destruir el equilibrio ecológico.
Los socialistas hacemos hincapié en el hecho de que las políticas medioambientales no representan una carga sino que son necesarias para asegurar un desarrollo económico y social sostenible.
La crisis ambiental es la crisis de nuestro tiempo. No es una crisis ecológica, sino social. Es el resultado de una visión mecanicista del mundo que, ignorando los límites biofísicos de la naturaleza y los estilos de vida de las diferentes culturas, está acelerando el calentamiento global del planeta. Este es un hecho antrópico y no natural. La crisis ambiental es una crisis moral de instituciones políticas, de aparatos jurídicos de dominación, de relaciones sociales injustas y de una racionalidad instrumental en conflicto con la trama de la vida. La degradación ambiental no es consecuencia ineludible de la actividad humana, sino una resultante del modelo de desarrollo vigente.
En tal sentido, la preservación y mejora del entorno no sólo es la garantía de una mejor calidad de vida en el presente, sino que ha de suponer un acto de clara solidaridad de cara a nuestras futuras generaciones, basada en la transmisión de un patrimonio, cuya dimensión escapa al ámbito territorial en que se circunscribe y es, en esencia, nuestra más rica herencia.
El respeto por el medio ambiente, es para los Socialistas el marco en el cual, tanto las instituciones como la sociedad en su conjunto, debe de encuadrar el desarrollo económico y social.
El Socialismo se propone como objetivos básicos en lo ambiental la mejora de la calidad de vida de la población de la provincia; la compatibilidad de la planificación económica y social con protección de los recursos naturales, culturales y paisajísticos; la educación ambiental de la población, la participación popular en cuestión ambiental, y la planificación y control integral de los recursos naturales no renovables. Asimismo, los Socialistas debemos asumir compromisos que permitan erradicar la pobreza y la desigualdad social, garantizar el acceso de todos los ciudadanos al agua potable, a los alimentos, a la energía y a los servicios sanitarios, prevenir el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad y reducir el uso de sustancias tóxicas y de energías no renovables. Estas acciones y una adecuada gestión de nuestro territorio, resultan indispensables para reducir los niveles de vulnerabilidad de la población ante riesgos ambientales de origen natural o tecnológico.
Proponemos políticas de coordinación entre el Estado Nacional, Provincial y los Municipios, estos serán el eje fundamental que conjugue los diferentes intereses para un desarrollo sustentable de nuestro territorio. Los municipios, como gestores más cercanos al ciudadano, serán los encargados de profundizar en políticas que intensifiquen los procedimientos de evaluación del impacto ambiental, procurando un desarrollo territorial equilibrado, un control de la polución ambiental y el tratamiento de los residuos urbanos, de la contaminación sonora y visual; la dotación y el cuidado de las zonas verdes, que contribuyan poco a poco a una mejora medioambiental. El nivel provincial concentrará la centralidad normativa y velará por la homogénea aplicación de las exigencias de la normativa ambiental en todo el ámbito de la Provincia de Buenos Aires.
El verdadero reto consiste en que al utilizar recursos para satisfacer necesidades del presente, se los debe, al mismo tiempo, restaurar, conservar, e incluso mejorar con miras a mantener su productividad y su función de “satisfactores” en el futuro.
La promoción de la conciencia de desarrollo sustentable a través de la educación ambiental de todos los sectores de la población.
La evolución político - administrativa en nuestro país, provincia y municipios data de los años ´90. Si bien se pueden encontrar acciones y avances en este mismo sentido en épocas anteriores es a partir de la Constitución Nacional de 1994 y de la nueva Constitución Provincial donde se consagran Derechos y Deberes de los ciudadanos respecto al medio ambiente. En particular se consagra una responsabilidad ambiental transgeneracional conocida como el principio del Desarrollo Sustentable.
Los socialistas impulsamos un conjunto de programas que abarcan tanto los aspectos relacionados con la preservación de las áreas naturales y los componentes de los ecosistemas que las constituyen, como los referidos al control de la contaminación originada por las diversas fuentes. Entre otras iniciativas proponemos:
- Jerarquización de las áreas municipales encargadas de la protección del medio ambiente, y adopción de políticas basadas en la sustentabilidad en el uso de los recursos naturales y en el derecho a gozar de un ambiente sano.
- Establecimiento de un Régimen Básico para la Protección del Medio Ambiente, de un Código de Prevención de la Contaminación, Código de Protección de los Recursos Naturales, Evaluación de Impacto Ambiental, y Régimen de Sanciones por Contravenciones Ambientales.
- Puesta en marcha de los Programas Ambientales de: Evaluación, Forestación, Capacitación, Información, Fiscalización Centralizada de la Normativa, Promoción de la Energía Eólica, Aplicación de indicadores ambientales a la evaluación de la sustentabilidad ambiental, y de Incorporación de Areas Verdes, entre otros.
- Plan de control y eliminación de fuentes de contaminación del aire, de las aguas y del suelo, mediante la aplicación de los Programas de: Monitoreo Ambiental y de Saneamiento Ambiental, con evaluación de alternativas para el tratamiento de efluentes de diverso origen.
- Identificación de productos alimenticios que tengan incorporados componentes genéticamente modificados.
- Arbolado y forestación de áreas públicas y de sectores linderos de instalaciones estatales. Promoción de la creación de Viveros Comunitarios.
- Programa de Protección de Especies de la Fauna Autóctona, y política de tratamiento adecuado para mascotas abandonadas. Restricción al uso de animales en espectáculos públicos
- Creación del Consejo Asesor de Medio Ambiente a nivel provincial.
- Se impulsarán los proyectos de leyes elaboradas y presentadas en la Legislatura, tales como los regimenes y códigos mencionados precedentemente, así como las referidas a la creación de nuevas reservas naturales.
3.3 Tratamiento de residuos
La actividad del hombre en la tierra siempre ha producido residuos, en la modernidad la producción de los mismos se incrementado por dos factores: el crecimiento de la población y de las ciudades a escala mundial y la difusión de un modelo de producción y consumo que han tendido a incrementar y a hacer más complejos los residuos que resultan de nuestro modelo de desarrollo capitalista. Hoy resulta significativo en nuestra provincia el problema de la gestión de los residuos sólidos urbanos, los patogénicos, los especiales o peligrosos y los radioactivos.
Hoy en el mundo se discute el problema de los desechos nucleares porque existe conciencia de que durante centenares de años van a seguir en actividad, pudiendo contaminar el ambiente. Por eso en medios técnicos y científicos, hoy se mantiene el concepto de que el gran problema de la energía nuclear son los desechos y éstos constituyen un problema para la seguridad. En menor medida, sucede lo mismo con los residuos especiales o peligrosos, dado que la disposición final de los elementos que resultan de su tratamiento entrañan una peligrosidad para el ambiente que se inscribe en el mediano y largo plazo.
La gestión racional de los residuos es una de las cuestiones más importantes para el cuidado del medio ambiente y de la calidad de vida.
La política en materia de residuos se debe planificar a nivel de la totalidad de las áreas urbanizadas, con la posibilidad de coordinar su tratamiento entre varios municipios, debiéndose establecer criterios de calidad y mejores normas referentes a la disposición y tratamiento de los residuos, así como mantener una vigilancia sistemática sobre el transporte de los mismos. Resulta necesario definir los estándares de calidad en cuanto al tratamiento de los residuos sólidos urbanos, teniendo en cuenta entre otros aspectos la legislación provincial en materia ambiental.
Entendemos como residuos sólidos, a los domiciliarios y compatibles con los mismos tales como los comerciales de construcción e industriales no peligrosos. Los residuos peligrosos deben tratarse en forma separada.
El mayor problema de los residuos originados en procesos industriales, esta centrado en los generados como consecuencia de operaciones como la galvanoplastia y la fabricación de acumuladores, con presencia de metales pesados y otras sustancias peligrosas. Otra actividad a tener en cuenta es el procesamiento de alimentos con residuos generados tales como cloro, amoniaco, glicoletoleno, bromoetano, pesticidas y herbicidas entre otros. Los residuos provenientes del procesamiento de productos químicos son potencialmente peligrosos, representando graves problemas si no se respetan las medidas de tratamiento adecuadas.
En cuanto a los residuos patogénicos generados en hospitales, clínicas, sanatorios y otros centros sanitarios, su manejo y disposición final es motivo de gran preocupación no solo por parte de los organismos competentes en materia de protección de la salud, sino también por las entidades ambientalistas y la población en general.
Deben ser analizadas por los organismos competentes posibles mejoras a los actuales procedimientos a que son sometidos los residuos patogénicos. Si bien existe en la provincia de Buenos Aires una pormenorizada legislación al respecto, creemos que luego de transcurridos estos años de implementación de la misma, se deben ir evaluando mejoras para el manejo de los mismos. Estas alternativas no deben suponer un incremento de los costos de tratamiento, tanto para los establecimientos sanitarios públicos como privados, sino todo lo contrario.
La clasificación de los residuos patogénicos a efectos de discriminar las metodologías de manejo, la elección de materiales reutilizables, la reducción en el volumen de residuos que deben ser sometidos a estos procesos, así como el empleo de tecnologías no contaminantes para el tratamiento; pueden significar no solo importantes reducciones de gastos para el sistema sanitario de nuestra provincia sino también en la eliminación de riesgos para el medio ambiente y la salud de la población.
Es necesario coordinar la aplicación de la normativa provincial referida al tratamiento y disposición final, tanto de los residuos peligrosos como de los residuos domiciliarios.
El marco de la acción necesaria, en materia de residuos domiciliarios se apoya en una jerarquía de objetivos que son los siguientes:
-Reducción al mínimo de los residuos mediante políticas de minimización en la generación y políticas de recuperación y reciclado, basado en una tarea educadora dirigida a cambiar los hábitos y costumbres en el manejo de los residuos domiciliarios por parte de la población
-Llegar a toda la ciudadanía con el servicio de recolección y transporte.
-Ejecutar métodos de disposición final ecológicamente racionales que no causen problemas ambientales.
El tratamiento eficiente de la basura, se ha convertido en uno de los grandes desafíos ambientales de nuestra época. Vivimos en una sociedad donde la mayor parte de los materiales se desechan tras usarlos sólo una vez.
Cada vez más conscientes de esta realidad, los gobiernos han comenzado a trabajar en la gestión integral de los residuos de manera tal de lograr una sociedad mucho menos contaminante y menos derrochadora de energía intensiva, convirtiendo su economía de usar y tirar, en otra que tire menos y que recicle las primeras materias y vuelva a utilizarlas.
El reciclaje es factor clave para disminuir la contaminación del agua, el aire y la tierra. Por otra parte, el reciclaje en la fuente y su aprovechamiento económico es una importante alternativa para reducir el impacto ambiental generado por los rellenos sanitarios, alargar su vida útil, mejorando el servicio y recolección de basuras. Sin embargo, la sustentabilidad a largo plazo depende en mayor medida de la reducción de la generación de residuos.
El promover estos cambios, será posible en gran medida si se concientiza a la población acerca de la importancia de su participación y colaboración en la gestión ambiental. En este sentido, los municipios deben propiciar permanentemente el debate sobre la definición del entorno deseado por la comunidad. Con ello se crea conciencia de que el problema de la basura sólo se puede resolver entre todos: Municipio, empresas concesionarias y comunidad.
La Ley Provincial 11.723, que tiene por objeto "la protección, conservación, mejoramiento, y restauración de los recursos naturales y del medio ambiente en general en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires", establece en su artículo 66, que la gestión municipal, en el manejo de los residuos, implementará mecanismos tendientes a la minimización en su generación y la recuperación de materia y/o energía.
Visto que en muchos Municipios los servicios de recolección y disposición final de los residuos domiciliarios están siendo concesionados a empresas privadas, consideramos importante legislar en relación a estos casos. Proponen entonces, una serie de normas que obliguen a los prestatarios del servicio a participar tanto en los proyectos de separación en origen, reciclaje de los residuos, como los de difusión y educación de la comunidad.
Entender que las campañas de difusión y educación ambiental en el tema de residuos domiciliarios, las experiencias pilotos en reciclado, y las experiencias de separación en origen, no pueden realizarse disociadas de los procesos de recolección y tratamiento de los mismos. Consideramos como fundamental la participación y el compromiso de las empresas prestatarias en la implementación de estas acciones.
El socialismo impulsa la aplicación de Programas de Reciclado en todos los municipios. El reciclaje en la fuente y su aprovechamiento económico es, en este momento, una importante alternativa para reducir el impacto ambiental generado por los rellenos sanitarios, alargar su vida útil, mejorando el servicio y recolección de las basuras en cualquier tamaño de comunidad.
La cultura del reciclaje es la alternativa efectiva a la actual cultura del desperdicio. Es la forma de aprovechar en beneficio de la sociedad y de la comunidad, materia prima y recursos económicos que actualmente se desperdician enterrados, o volatilizados en el aire. Es una forma de realizar ecología económica.
La participación comunitaria está conceptualmente integrada al reciclaje, como una manifestación cultural de protección del medio ambiente. Con ello se crea conciencia en la comunidad que el problema de las basuras se puede resolver entre todos a través del esfuerzo mancomunado de la autoridad municipal y las comunidades. A través de la cultura del reciclaje se educan los estamentos sociales y aprovechan con beneficio económico los componentes de la basura, con el fin de transformarlos en materia prima industrial y productos de uso agrícola e industrial.
Se deben alentar conductas que se encaminen a la separación domiciliaria de los residuos, y trazar los lineamientos a seguir para un desarrollo global de las necesarias prácticas de reciclado, apuntando a una progresiva disminución de los volúmenes de basura enterrados en los rellenos sanitarios.
El Programa se gesta necesariamente desde los hogares participantes del mismo, y debe complementarse con la actividad de docentes, estudiantes y otros actores sociales preocupados por la salud ambiental de los bonaerenses.
Obtener materias útiles de los desechos, reutilizar objetos, generar fuentes de trabajo, preservar los recursos naturales y reducir los niveles de contaminación, en el marco de un desarrollo sustentable, es el objetivo de los Programas municipales de reciclado que proponemos.
El Socialismo promueve la creación de un Sistema Integral de Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos, con la instalación de empresas sociales para su ejecución, como alternativa para paliar el desempleo y de impulso del desarrollo regional sustentable.
El Socialismo propone el necesario reemplazo de las tecnologías contaminantes, promoviendo y estimulando el desarrollo y aplicación de tecnologías limpias que minimicen el impacto de los residuos y efluentes generados por la actividad industrial.
Dado que las políticas ambientales están relacionadas fuertemente con las políticas energéticas, para asegurar el derecho a un ambiente saludable, el Socialismo promueve una economía sustentable que haga uso racional de sus recursos y que promueva la utilización de fuentes de energías limpias y renovables. En tal sentido, proponemos la tendencial reducción de la utilización de energía de origen nuclear.
Para avanzar hacia la sustentabilidad ambiental resultan indispensables cambios tecnológicos y culturales, que sólo serán posibles si se dan las adecuadas transformaciones político-institucionales y económicas.
- Implementación de políticas relacionadas de tratamiento de los residuos sólidos urbanos, basada en la aplicación de Programas de Reciclado y en las propuestas de modalidades seguras para la disposición final de los residuos.
- Impulso para el proyecto de ley presentado por el Socialismo con el objeto de declarar a la Provincia Zona No Nuclear. Asimismo, se insistirá con el control de los residuos radiactivos acumulados por la actividad de las centrales nucleares, y en una moratoria para la construcción de este tipo de instalaciones.
3.4 Infraestructura
El programa de servicios públicos del socialismo propiciará el mejoramiento de la calidad de vida de la población bonaerense y concretará la integración territorial. Impulsaremos nuevos proyectos de alto impacto en el empleo, destinados especialmente a satisfacer las demandas sociales. Nuestro objetivo, en este sentido, es desarrollar:
- Infraestructura para la Justicia Social: Tendrá como objetivo, la promoción y planificación de los asentamientos urbanos futuros, la provisión de los servicios necesarios, con la utilización de todos los recursos disponibles, estado comunidad, empresas, etc., sobre la base de un sistema provincial de planificación, con la efectiva participación del pueblo, generando mecanismos de contralor modernos. Se articularán fundamentalmente con relación a la vivienda, y a la planificación del uso de la tierra urbana y rural. Infraestructura para la Producción: Se trata de las obras y servicios necesarios para favorecer la reactivación de la producción en toda la extensión del territorio de la provincia.
Tendrá como objetivo el aumento de la ocupación y el uso racional de la capacidad industrial y agropecuaria existente, la promoción de aquellas actividades que se consideren fundamentales para la vida económica de la provincia y la protección del medio ambiente.
Se hará justicia social garantizando el acceso a los bienes y servicios comunitarios, por parte de los sectores populares en un proceso de creciente justicia en la distribución y aprovechamiento de estos servicios.
Los socialistas promovemos un Plan destinado al completamiento de las redes de infraestructura de agua, cloacas y desagües, y extensión de la red vial primaria y secundaria, así como del sistema de alumbrado público especial y de seguridad.
Proponemos: Implementar un plan de desarrollo estratégico en la provincia articulando las distintas regiones y planes estratégicos municipales; extender al conjunto de la población las obras y servicios que permitan una calidad de vida adecuada y garantizar el acceso a bienes y servicios comunitarios por parte de los sectores populares más postergados. En particular: agua potable, cloacas y saneamiento.
El agua constituye uno de los elementos fundamentales para el sostén de la vida además de ser imprescindible para el desarrollo socioeconómico.
El actual crecimiento demográfico, y su consecuente y creciente concentración urbana determina que se generen permanentemente nuevas demandas de agua, por lo cual se hace necesario satisfacer las mismas teniendo presente las limitaciones del recurso, su ubicación, sus características fisicoquímicas y los aspectos económicos.
En la Provincia de Buenos Aires, ubicada en la zona denominada «pampa húmeda», la disponibilidad de agua parece estar asegurada; sin embargo su irregular distribución, tanto subterránea como superficial, obliga a desarrollar permanentemente estudios, acciones y obras tendientes a ordenar y optimizar la utilización del recurso.
Creemos que es un derecho de todos los individuos el acceso al agua potable y a las cloacas. De esta manera, se conformará un ente multidisciplinario con participación de los distintos sectores representativos del quehacer social y económico.
El objetivo es incorporar al servicio de agua corriente y cloacas a millones de bonaerenses.
Sé tendera a una participación directa del estado en los servicios sanitarios, mediante un ente estatal o mixto para el tratamiento de agua potable, cloacas y saneamiento, partiendo de la infraestructura existente.
En ella se dará participación a los Municipios y al sector social (cooperativas, sociedades de fomento, cámaras empresariales, etc.)
- Agua potable: se elaborará un programa de ampliación de redes a los sectores suburbanos y marginales desde la provincia en combinación con los municipios. Este programa conjuntamente con las obras complementarias formará parte de un plan trienal de gobierno.
- Cloacas: siguiendo el plan de agua corriente se programará un plan de ampliaciones de la red con las correspondientes plantas de tratamiento de efluentes cloacales, priorizando las áreas de gran densidad de población
- Saneamiento y medio ambiente: programa de acción inmediata sobre cuencas hídricas urbanas, desagües pluviales y control de la contaminación.
- Se promoverá la instalación de plantas de tratamiento de residuos y efluentes industriales para el mejor control de la contaminación de los cursos de agua y receptorías.
La reiteración de inundaciones en distintas zonas de la provincia exige la realización de obras y acciones que aseguren la salvaguarda de la vida humana y limiten el riesgo que actualmente padecen muchas poblaciones.
Es necesario implementar una política hídrica que tienda a lograr un mejor aprovechamiento y manejo del agua instrumentando una Red Hidrométrica Provincial para efectuar el registro permanente de precipitaciones, caudales hídricos superficiales y niveles de capas friáticas que, en algunas regiones, han venido aumentando en forma alarmante hasta la saturación total de los suelos. Esta red permitirá formar una base de datos homogénea que posibilitará alertar y predecir acciones a desarrollar en todo el territorio bonaerense.
Se ejecutarán obras y acciones necesarias para la defensa hídrica de las áreas urbanas localizadas en zonas inundables y se asegurará la prestación de servicios esenciales como abastecimiento de agua, sistemas cloacales y electricidad bajo condiciones críticas.
Se mejorará la acción institucional, fortaleciendo las acciones de coordinación y adoptando una estructura superior que asegure la unidad en la administración del recurso y garantice que el aprovechamiento hídrico se realice dentro del marco de la planificación provincial y atendiendo las problemáticas regionales en materia hídrica.
Se intensificará la investigación y capacitación en materia hídrica y se motivará la participación de los diversos sectores de la población en el uso eficiente del recurso, difundiendo la problemática y sus soluciones.
Se impulsarán iniciativas legislativas impulsadas por el Socialismo, tales como la creación del Fondo Solidario para Servicios Sanitarios.
3.5 Red vial caminera
Aún se mantiene vigente la política de los años anteriores, de desarrollar planes donde predomine la ejecución de obras de pavimentación, desatendiendo la conservación y mantenimiento que permiten preservar el patrimonio vial y postergar en lo inmediato la realización de importantes inversiones.
Es evidente que la realización de estas obras posibilita obtener importantes réditos políticos que están más centrados en los caminos pavimentados que en los beneficios que la comunidad obtiene como resultado de la implementación de esta política.
En general se desconocen los altos costos que resultan de la administración del sector, cualquiera sea la jurisdicción que se considere; así se puede comprobar una total ausencia de planificación en las inversiones, que carecen de condiciones mínimas de coordinación y que responden exclusivamente a aspectos sectoriales.
Se ejecutan así proyectos deficientes que luego dan posibilidad a múltiples modificaciones de obras que van en perjuicio de la vida útil de las mismas.
Es el resultado de la aplicación de esta política, a la que se suma la importante reducción de sus fondos específicos por parte del gobierno nacional (que han sido destinados a atender erogaciones de la administración central) han profundizado la actual crisis del sector.
Un elevado porcentaje de la red se encuentra en un estado entre regular y malo. En los aproximadamente 1000 Km. ubicados en la Región Metropolitana presenta insuficiencia de servicio para el tránsito automotor, carecen de banquina y las zonas de caminos son insuficientes para atender soluciones a los problemas originados por los procesos de urbanización y el crecimiento del tránsito.
En esta área es necesario resolver los graves problemas que presenta la red provincial.
Por ello nuestro objetivo es: la reconstrucción de caminos modernos y seguros. A partir de:
- Recuperar la red pavimentada provincial a través de obras de mantenimiento y rehabilitación para lograr la transitabilidad y seguridad de los mismos. En los casos que se considere necesario, realizar la debida adecuación a las exigencias del parque automotor actual.
- Realizar un inventario de las necesidades, desde el punto de vista de su suficiencia estructural, nivel de servicios y seguridad.
- Disponer de censos de tránsito actualizados de los tramos en cuestión.
Ante un cuadro tan comprometido como el descrito, es necesario establecer objetivos y políticas realistas para el sector vial.
Debe además, comprenderse que la inclusión de nuevas obras de pavimentación en el próximo gobierno provincial no debe condicionar la atención y rehabilitación de la red existente.
-Proponemos desarrollar un programa determinado sobre la base de un estudio de suficiencia estructural, nivel de servicios y seguridad.
La red pavimentada necesita operaciones de esta naturaleza, además de la conservación de rutina.
Estas obras parciales tienden a mantener la superficie de rodamiento en las condiciones originales.
Construcción y reconstrucción de caminos de tierra. Para encarar estas tareas definiremos una red prioritaria que abarcará también aquellos caminos vecinales que se interesen en un Programa de Emergencia. Este Programa permitirá a través de la descentralización, la construcción y conservación por medio de los Consorcios Vecinales y cooperativas viales, aportar la participación de los propios interesados en tan singular tarea.
Esta red será definida buscando atender la construcción, mejoramiento y conservación de los caminos que intercomunican las unidades o centros de producción agrícola-ganadera con los caminos pavimentados, estaciones ferroviarias, puertos y lugares de consumo.
El programa de reequipamiento debe contemplarla incorporación inmediata de un cierto número de equipos para atender las necesidades mínimas del transporte vial en jurisdicción de la provincia.
Revisar los métodos de contratación y adjudicación de peajes para garantizar el beneficio de los usuarios, así como la ubicación de las cabinas de cobro y la programación de las obras iniciales y prioritarias.
Reestructurar los actuales organismos estatales que atienden estas áreas con el objetivo de introducir un eficaz sistema de información y control sobre el Estado, el tránsito, los costos y el mantenimiento de los caminos durante todo el ciclo de vida.
- Ante los concesionamientos a favor de grandes grupos económicos, habiendo quedado evidentemente demostrado el fracaso del sistema de financiamiento vial con cobro de peaje, y estando suficientemente comprobado el incumplimiento a las obligaciones establecidas en los contratos de concesión, originalmente suscriptos entre el Estado y las empresas privadas adjudicatarias; debe procederse a la rescisión de los mismos –tal como lo hemos planteado desde el Socialismo con la correspondiente iniciativa legislativa-, liberando del pago de peaje a los usuarios de los caminos y dejando a cargo de la Dirección de Vialidad la realización de las obras viales necesarias.
3.6 Transporte ferroviario
Se podría definir al ferrocarril como una sofisticada herramienta de propiedad común que sirve fundamentalmente para elevar la calidad de vida, el rendimiento social, en un ambiente de sustentabilidad. Nos referimos a un sistema de transporte apto para la planificación, lograr un transporte muy barato, masivo, de bajo consumo energético y poca producción de contaminación, y excelente generador de empleo.
Hoy el sistema ferroviario se encuentra en manos privadas, se han desmantelado miles de kilómetros de vías, y el estado del equipamiento rodante está muy deteriorado, aún cuando reciben fuertes subsidios estatales. Es decir, el servicio es escaso, de baja calidad, de alto costo para el usuario, y muy beneficioso para los concesionarios privados.
De acuerdo a las características geográficas de nuestro país, el sistema de transporte de pasajeros y de carga ferroviario debe ser de gran importancia en el futuro desarrollo de las distintas actividades socioculturales y de las economías regionales de la provincia.
El ferrocarril se vuelve una herramienta poderosa para alentar y fomentar las economías regionales. La idea de un buen sistema de carga es compatibilizar el servicio de carga ferroviario a través de la concentración en nodos y posterior transporte en contenedores con el sistema de carga en camiones por rutas.
De esta manera se abaratan costos de transportes, y se mejorarán las calidades y estado de las rutas.
Las mejoras más importantes deberán estar relacionadas con inversiones en vías, las que no sólo posibilitarán el transporte de carga, sino que los trenes podrán cumplir una función muy necesaria en el transporte de pasajeros, brindando el servicio a mayores velocidades, con mayores frecuencias.
El ferrocarril, no es sólo una importante herramienta de transporte, sino que es una industria capaz de generar empleo en cantidades y especialidades muy importantes, con insumos mayoritariamente de origen nacional.
Otra de las ventajas de este tipo de transporte es la ecológica, puede demostrarse que la polución que origina es: en el orden de 100 veces menores que el tráfico automotor equivalente.
Igualmente es destacable, la caída del índice de accidentes automovilísticos por bajar el tráfico de los mismos por las rutas ante la posibilidad del traslado de una gran masa de personas en el sistema de transporte ferroviario de pasajeros.
La provincia de Buenos Aires deberá reclamar para si la explotación de los actuales corredores ferroviarios.
Crear un Ente provincial que administre, conjuntamente con la participación de trabajadores y empresas de gestión social el sistema ferroviario de carga y transporte en toda la provincia.
En el proyecto se deberán priorizar y fomentar con créditos el desarrollo de la industria ferroviaria en todo el distrito provincial.
En la política de trasporte de pasajeros se deberá apoyar en la operatoria de ferrobuses entre el entorno de grandes centros urbanos, la electrificación de algunos corredores y la reconstrucción y transformación de trayectos de vías.
Este Plan persigue:
- La recuperación de la soberanía, es decir recuperar por parte del Estado de una herramienta importante en el desarrollo y planificación de las economías regionales como lo es el ferrocarril.
- Reformular el transporte de carga y de pasajeros que permita que los beneficios lleguen a todos los bonaerenses.
- Fomentar las economías regionales actuando como moderador de un modelo centralista de mercado.
- Generar un proyecto que luche contra la pobreza y el desempleo, a través de la puesta en marcha de un programa de inversión y desarrollo de la industria ferroviaria provincial destinada a la reparación del actual sistema, construcción de nuevo equipamiento para uso nacional y con amplias posibilidades de exportación.
3.7 Puertos fluviales y marítimos
En el desarrollo económico de las naciones tiene fundamental importancia el comercio. Las importaciones y exportaciones de bienes dependen de la existencia de medios de transporte eficientes que lleven los productos desde los sitios de producción hasta los centros de consumo. En este sistema, las terminales cumplen un rol muy importante y, entre ellas, los puertos son fundamentales para transportar mercaderías y commodities al exterior.
Consideramos al puerto como promotor del desarrollo económico bonaerense y del comercio internacional. Por lo tanto, se mejorará la eficiencia de la infraestructura operativa, ambiental y de seguridad, se establecerán nuevos sistemas de control de operaciones para aumentar la productividad.
Optimizando la infraestructura de los puertos, de desarrollo productivo, y ampliando las áreas portuarias y no utilizar superficies destinadas específicamente a la operatividad portuaria para ser empleadas a favor de actividades comerciales que nada tienen que ver con el funcionamiento de un puerto.
Para el funcionamiento eficiente de esta terminal, el mantenimiento de los accesos marítimos en cuanto a su óptimo calado y amplitud, resulta fundamental. La responsabilidad del dragado por parte de las autoridades provinciales y de las correspondientes a cada puerto en particular. Estos trabajos deben realizarse en forma planificada empleando las tecnologías más apropiadas, por lo que creemos necesario realizar estudios científicos y técnicos que posibiliten determinar alternativas a las reiteradas y costosas contrataciones de empresas de dragado, al registrarse periódicamente problemas de obstrucción de los canales
La administración autónoma es una característica común de muchos de los grandes puertos del mundo, lo cual nos demuestra que la descentralización es un elemento clave para una gestión eficiente de las estaciones marítimas. La participación de los sectores directa e indirectamente vinculados con las actividades portuarias, sean estos entes públicos o privados, representa un factor determinante para una buena administración.
En el año 1992, la Provincia de Buenos Aires tomó la decisión política de descentralizar los puertos bonaerenses, al plantear en el Decreto Provincial Nº 1579/92 la necesidad de conformar planes reguladores que contemplen la administración de zonas comunes por consorcios.
La inclusión de los gobiernos locales en la administración de los puertos, como la de representantes de las comunas de su área de influencia, permite lograr la participación de las mismas en la gestión de una herramienta de infraestructura trascendental para el desarrollo de toda la región.
El objetivo central de esta forma de gestión -a través de consorcios- era posibilitar y garantizar en sus Directorios la representación de los sectores involucrados en la actividad portuaria, ya que como usuarios son quienes mejor conocen sus requerimientos y la mejor manera de alcanzar soluciones.
Pero también se resguarda el interés general al establecer en la presidencia del Directorio a una persona designada por el Poder Ejecutivo. La autonomía de estos entes les ha permitido tomar decisiones rápidas, posibilitando una operatoria portuaria eficiente.
Pero cuando por el desinterés y de la desidia del Gobierno provincial, no se renuevan los integrantes del directorio de los consorcios de gestión –tal como sucedió con el Puerto Mar del Plata- se resiente la participación y la representación, y si a su vez no se da una debida alternancia entre diversos sectores se pierde el aporte de cada uno de ellos.
Esta situación de incertidumbre crea malestar y descontento en muchos de los miembros, además de inequidades por la falta de mecanismo que den la posibilidad de integrar a diferentes actores en sucesivos mandatos.
3.8 Hábitat y vivienda
El derecho a una vivienda digna y a un hábitat adecuado, debe incluir la seguridad jurídica de la tenencia, la disponibilidad de servicios, materiales e infraestructura, la posibilidad de acceso al mercado de vivienda, la habitabilidad con estándares mínimos de calidad, el acceso prioritario a grupos desfavorecidos, la adecuación cultural que permita la expresión de la identidad y la diversidad, y la asistencia a las poblaciones para mantener su hábitat.
Las políticas de hábitat y vivienda no deben ser vistas desde la perspectiva de la obra pública sino que deben formar parte del conjunto de políticas sociales como respuesta a un derecho social, en el marco de los principios del desarrollo humano sustentable sobre la base de la participación integral de los destinatarios.
El “hábitat” es un aspecto relevante ya que acompaña al hombre en todo el proceso de su vida. Constituye un espacio fundamental para la conformación de su identidad, para el adecuado desarrollo familiar y personal.
Consideramos al hábitat como el entorno donde el grupo familiar desarrolla sus actividades.
No sólo refiere a la vivienda en si, sino también a la infraestructura que sirve a la misma, ya sea agua potable, electricidad, gas, desagües pluviales y cloacales, pavimento, alumbrado público, recolección de residuos públicos.
El concepto de hábitat también se relaciona con la accesibilidad a los equipamientos sociales tales como salud, educación, recreación, cultura, seguridad, comercio y sistemas de transporte y comunicaciones.
El hábitat en si posee un significado social, ya que el lugar que las personas viven implica un conjunto determinado de relaciones sociales y, a su vez, posee un significado cultural. Esto es así en la medida en que la construcción de la identidad confluye en el tipo de vivienda como el barrio y la ciudad en la que las personas habitan, posibilitando ciertos tipos de acciones que impactan sobre la sociabilidad y determinados tipos de estigma.
Por lo tanto, la mala calidad del hábitat y la vivienda afecta el proceso de crecimiento y el desarrollo humano limitando las posibilidades de crecimiento sano, adecuado rendimiento escolar, inserción en el mercado laboral y desarrollo como ciudadano. De esta manera, la calidad del hábitat y la vivienda así como el acceso y la tenencia, resultan un capital que permite potenciar otros activos de las personas, y reducir su vulnerabilidad e impactar sobre la reproducción de la pobreza.
Los socialistas proponemos:
- Introducir un cambio profundo en la gestión de las políticas de vivienda, a partir de la unificación de un solo organismo de planificación, el desarrollo de nuevas operatorias y las relaciones financieras, descentralizando, al mismo tiempo, la ejecución de los programas, con amplia participación de los municipios y los sectores de la comunidad.
- Cambiar el concepto de vivienda por “solución habitacional” implementando variadas políticas de gestión habitacional: a- Viviendas progresivas o evolutivas, b- Viviendas cáscaras.
- Completamiento y mejoramiento de viviendas, d- Lotes con servicios, e- Programas de ayuda mutua, f- Programa de apoyo al autoconstructor independiente.
- Impulsar la regulación dominial para las familias poseedoras de viviendas adquiridas a través de uno de los programas FONAVI y que no poseen titulo de propiedad o se encuentra en demora y aquellos contemplados en la Ley 24374.
- Creación de un programa dirigido a los asentamientos irregulares con mayor concentración de pobreza, poniendo a disposición alternativas para el mejoramiento sustancial, de la calidad del hábitat y del mejoramiento habitacional.
- Promoción de la constitución de un registro provincial de asentamientos irregulares.
- Impulso del desarrollo organizativo de los grupos familiares y miembros de hogares que formen parte de los asentamientos registrados en el mismo.
- Desarrollo de acciones integrales tendientes al mejoramiento de la vivienda y la infraestructura barrial.
- Promoción del fortalecimiento institucional de los municipios, para que puedan desarrollar programas destinados para la superación de la pobreza.
- Resolver la inestabilidad jurídica en los asentamientos precarios a través de la regulación dominial y posibilitar el acceso a terrenos en situación regular.
- Implementar programas de auto-construcción grupal asistida (los cuales generan beneficios adicionales en términos de capacitación de los beneficiarios) y de vivienda evolutiva (y así proveer una parte básica de la vivienda para ser luego continuada por los beneficiarios).
- Crear un registro único de familias beneficiarias para establecer con claridad las distintas problemáticas sociales. Contar con una visión de conjunto de la familia y diseñar una política más acorde a la demanda del grupo familiar.
- Crear un Consejo Provincial de Hábitat y Vivienda.
- ejecución de políticas sociales a través de la creación de canales institucionales que permitan el control externo e interno; y la participación de las organizaciones sociales y los partidos políticos de la oposición.
- Fortalecer las instancias técnicas de ejecución de los programas a través de la capacitación en el ámbito de los municipios, las ONG, las organizaciones de beneficiarios y los sistemas de información local.
- Convocar a las Universidades, a centros terciario y asociaciones profesionales de la Provincia a participar del control y la evaluación de las políticas sociales y, en la capacitación y acompañamiento de los programas.
- Generar un programa de créditos y subsidios (individual o colectivo) para el acceso y mejoramiento de viviendas destinado a familias que presenten condiciones de precariedad habitacional.
- Implementar un programa de descentralización hacia los municipios, para que estos a su vez profundicen el proceso hacia las cooperativas y los grupos autogestionados.
- Establecer un plan de apoyo de emergencia con viviendas desmontables.
- Impulsaremos los proyectos presentados por el Socialismo en la Legislatura en relación con este tema, tales como el Régimen de Asignación de Recursos para la Construcción de Viviendas, la ley de Registro, Organización y Adjudicación de la Demanda Habitacional, la ley de Normas para la Construcción de Viviendas, y la Regularización Dominial de Asentamientos y Conjuntos Habitacionales no Regularizados.
3.9 Transporte urbano y regional
El automotor es un medio que genera una demanda intensiva del espacio, tanto para su marcha como para su estacionamiento, además de alterar la función social y ecológica de la vía pública, generando un grado de desigualdad entre los miembros de la comunidad.
Se produce así una degradación del medio ambiente y una sensación de inseguridad en los demás usuarios de la vía pública. Estas son necesidades que tenemos que atender como Socialistas, ya que mucho hacen a la salud física y psíquica del ser humano.
El tema seguridad es prioritario, ya que los datos que se cuentan en nuestro país revelan la pérdida de miles de vidas y lesionados graves por año, además de ocasionarse pérdidas materiales. De todos ellos un alto porcentaje corresponden a la provincia de Buenos Aires.
Se debe hacer docencia en estos temas para revertir las conductas de las personas y tenemos la convicción de que esto es posible. Para ello realizaremos campañas de educación vial en los medios masivos de comunicación y se implementará un plan de revisión técnica mecánica periódica de automotores en general; el mismo será operado de manera descentralizada por los municipios y será de carácter obligatorio y gratuito.
El transporte urbano debe ser comprendido en su complejidad de modalidades que estructuran las posibilidades de la movilidad en nuestras ciudades y regiones.
El socialismo alentará las políticas que incentiven el desarrollo del transporte público, de carácter social, y una equilibrada articulación con el transporte privado, como instrumento de comunicación y desarrollo de nuestros centros urbanos y regionales.
La función social del transporte público de pasajeros quedo sin un responsable directo, en el momento de la tercerización del mismo. A partir de allí, todo pasó a depender del criterio de los empresarios.
Sin embargo, mientras las empresas reclaman rentabilidad, el usuario abandona el servicio debido al encarecimiento del boleto. Entre tanto, la Municipalidad no reconoce los costos de las empresas, puesto que no posee información fehaciente (la única que recibe proviene de las mismas empresas). Podría justificarse todo en función de la crisis económica que transitamos, pero lo cierto es que el modelo falla.
Por otra, parte la ciudad debe definir quienes van a solventar el sistema. En ese sentido, pensamos que esto no puede depender exclusivamente de los pasajeros: Hay otros actores sociales que sin usarlo en forma directa, se benefician del transporte, como el comercio, las empresas, el sector turístico o los supermercados.
En el servicio de transporte actual, una variable central es la relación pasajero-kilómetro. En función de ella se decide sobre la rentabilidad que tendrá el sistema y cual será la frecuencia que recibirán los usuarios. De esta forma el número de usuarios se transforma en la única variable de ajuste cuando se debe confeccionar la tarifa.
La Municipalidad, es la responsable de brindar el servicio a la ciudad y tiene la potestad de licitarlo, pero no puede ni debe ceder la responsabilidad de su control, ni desentenderse de la función social que este conlleva.
Creemos que todos los sectores de la ciudad en su conjunto, deben ser solidarios en el mantenimiento del sistema, a diferencia de lo que esta ocurriendo ahora que los habitantes de menores recursos, subsidian con el pago de su boleto a docentes municipales y provinciales, alumnos de escuelas públicas y becados de escuelas privadas, policía provincial, federal, discapacitados y hasta agentes municipales, sumado aquellos que sin ser usuarios directos, se benefician del sistema.
Insistiremos en la aprobación en la Legislatura de un conjunto de normas para su incorporación en el Código de Tránsito de la provincia de Buenos Aires, las cuales han sido estudiadas y elaboradas por los socialistas.
3.10 Energía
Como consecuencia de la reforma del Estado, se evidencia profundas alteraciones en las actividades que regulan las distintas etapas de prestaciones de los servicios públicos, derivando en procesos de privatización y/o concesión, que condujeron al Estado Nacional y Provincial, a abandonar el rol ejecutor y prestador de estas actividades.
En el convencimiento de que la política energética debe constituir una de las bases esenciales de un proceso de desarrollo económico y social que revista las características de ser políticamente independiente, geográficamente equilibrado y socialmente equitativo y, que en si misma, debe asegurar para todos el acceso al consumo de los bienes de la energía, en el presente y en futuro, en igualdad de oportunidades, sin distinciones fundadas en el nivel socio-económico o lugar de residencia y, en condiciones que garanticen la continuidad, calidad y economicidad del servicio, la racionalidad en el uso y la conveniencia para el medio ambiente, proponemos:
- Considerar a la energía como un bien social cuyo uso debe ser democratizado y su garantizar el acceso a la energía como un derecho humano.
- Son los pueblos –no las empresas o el mercado- los dueños de los recursos energéticos y quienes determinan su forma de explotación y distribución de las riquezas generadas.
- Crear un Plan Energético Integral, compuesto por las propuestas de reconstrucción de la provincia, distintos ámbitos provinciales, y que establezca la exclusiva administración estatal de los recursos, la ampliación de sus disponibilidades, el uso intensivo de aquellos renovables y una concepción estratégica para los no renovables.
Nuestra tarea consistirá en afianzar y profundizar el rol de contralor de los servicios públicos prestado por los Concesionarios Privados, haciendo hincapié en la protección de los derechos de los usuarios, asegurando la prestación del servicio bajo preceptos de calidad, eficiencia y seguridad, como así también planificando y ejerciendo la debida protección del medio ambiente I
Impulsaremos la participación de representantes de los usuarios en el ámbito del Ente de Control.
Este sistema de construcción de consensos legitimará aún más la actividad de los organismos fiscalizadores.
Así mismo se fomentará la participación municipal cooperativa y vecinal en la construcción y operación de redes y canales de gas natural y promocionaremos fuentes alternativas de energía, tales como la solar y la eólica.
Es necesario apoyar el desarrollo del aprovechamiento de la energía eólica mediante el aporte de subvenciones y exenciones, tal como ha quedado establecido en la Ley de Promoción de la Emergía Eólica, iniciativa legislativa impulsada por el Socialismo. Estos resultan insignificantes en comparación a lo que el Estado ha invertido en el desarrollo de otras fuentes energéticas como el petróleo o la nuclear. A diferencia de la energía nuclear, la eólica no necesita que se la sostenga, solo se le debe brindar mínimas condiciones para su fortalecimiento. El rol que tendrá esta fuente de energía en el próximo siglo será vital, es necesario promoverla ahora antes de que sea demasiado tarde.
El desarrollo de la energía eólica es una prioridad central en el marco de la promoción de las fuentes renovables de energía, como parte de la solución al problema del cambio climático y a los riesgos de la energía nuclear.
Deben concretarse las medidas que contribuyan a acelerar el ingreso de la energía eólica dentro del mercado eléctrico. Tales medidas están básicamente centradas en las posibilidades que brindan los modernos aerogeneradores como proveedores de suministro eléctrico para redes públicas de distribución o integrados a procesos productivos. El enorme potencial de Argentina para hacer uso de la energía del viento, mas la existencia de esta tecnología de aerogeneradores competitiva y eficiente en el mercado, hace que solo sean necesarias decisiones políticas para desplegar el extraordinario potencial eólico existente.
Se debe establecer una Moratoria Nuclear respecto de las centrales nucleares. Sostenemos la necesidad de una política energética tendiente a disminuir las emisiones contaminantes, eliminar el riesgo nuclear, disminuir las emisiones de gases que afectan el clima global y cambiar hacia fuentes primarias renovables.
Uno de los elementos fundamentales para diseñar una política en tal dirección es el respaldo al uso de la energía eólica, una de las fuentes primarias renovables con mayores posibilidades de crecimiento en el corto plazo, competitiva y de probada eficacia.
Teniendo en cuenta que el territorio de la Provincia de Buenos Aires -en especial las zonas este y sur paralelas al litoral marítimo y fluvial- posee una capacidad de recurso viento similar al norte de la Provincia de Chubut, que existe tecnología disponible para el aprovechamiento del mismo y que ya son varios los emprendimientos desarrollados por cooperativas eléctricas en ese sentido, solo faltaría conformar una legislación que potencie y promueva dicho tipo de emprendimientos con un régimen especial.
En un contexto promisorio, Argentina en general y la Provincia de Buenos Aires en particular no aprovechan su recurso natural disponible, ni cuentan con programas para utilizarlo. La ley que logramos aprobar tiende a revertir esta situación en el ámbito bonaerense mediante el establecimiento de un Régimen de Promoción de la Energía Eólica en toda la Provincia de Buenos Aires.
Insistiremos, a través de los proyectos legislativos elaborados y presentados, en la derogación de todas las leyes que han establecido recargos tributarios en las facturaciones por consumo de electricidad; así como de aquellos que incrementan injustamente las facturaciones por consumo de gas natural domicciliario.
3.11 Patrimonio público
La protección del medio ambiente y, consecuentemente, el mejoramiento de la calidad de vida de la población, ha sido una preocupación permanente del socialismo.
En cuanto a la preservación de las áreas de dominio público y de los bienes del Estado, conocida es nuestra permanente preocupación por la defensa del patrimonio colectivo, oponiéndonos a toda forma privatización. Desde los ámbitos ejecutivos y legislativos, los socialistas hemos dado sobradas muestras de nuestra irreductible decisión de resguardar los inmuebles municipales, así como aquellos pertenecientes a otros niveles del Estado pero de significativa importancia para el desarrollo de las ciudades y sus comunidades.
En cuanto a la preservación de todos estos bienes, los Socialistas efectuaremos un constante seguimiento de la situación en que se encuentran los diversos inmuebles con que cuentan tanto las comunas como la provincia y la nación, a efectos de lograr un rápido accionar, evitando así su posible usufructo por particulares en desmedro del conjunto de la población.
Los antecedentes del socialismo en la administración comunal y su prolífica labor desde los ámbitos legislativos, constituyen sobradas muestras de la responsabilidad, coherencia, y fidelidad con los valores y principios de nuestro ideario. Las acciones de nuestros representantes han quedado plasmadas en el sinnúmero de iniciativas relacionadas con la defensa del patrimonio común.
Es imposible describir la gran cantidad de iniciativas representativas de los temas que, para los socialistas, han requerido y requieren de la mayor atención. Mucho más nos queda por hacer.
Nuestro compromiso es continuar luchando, procurando centralmente la participación activa de la población para evitar la pérdida de los bienes de dominio del Estado, ya que se trata de impedir que se comprometa el futuro desarrollo de las ciudades.
Para los socialistas, la defensa del patrimonio del Estado constituye una premisa inclaudicable, ya que se trata de bienes propiedad de toda la comunidad y no de las autoridades de turno. Resulta inadmisible que se pretenda entregar fracciones de tierra de incalculable valor, que son altamente necesarias para incrementar el equipamiento urbano público, mejorar el medio ambiente y, de tal forma, la calidad de vida de la población.
Los numerosos casos que se han venido registrando, particularmente desde la década de los 90, evidencian una actitud irresponsable de funcionarios que aprovechan sus cargos para enajenar bienes del Estado –generalmente inmuebles de incalculable valor por estar ubicados en lugares estratégicos de los núcleos urbanos-, a favor de grupos de poder económico o vinculados al poder político.
Los Socialistas hemos denunciado y en cada oportunidad en que hemos tomado conocimiento de este tipo de operaciones en las que, con distintas figuras legales, se venden o concesionan por varias décadas, bienes patrimoniales de la comunidad para favorecer a grupos privados.
Impulsaremos en la Legislatura los diversos proyectos de ley, por los cuales hemos planteado la defensa del patrimonio público ante los intentos de venta de los mismos, la afectación de inmuebles de dominio estatal sin destino para el aprovechamiento de la comunidad, así como la sanción de la ley para la transferencia a los municipios de aquellos inmuebles, funciones y servicios actualmente a cargo del Estado Provincial, ubicados en las playas y riberas del mar, ríos, lagunas, arroyos y espejos de agua, que por su índole son propios de la competencia municipal o estén situados en terrenos que correspondan al dominio de las comunas.
4. SECTOR TEMATICO DE POLÍTICAS ECONOMICO - PRODUCTIVAS
La extraordinaria expansión de las fuerzas productivas durante el siglo XX (automatización, electrónica, informática, telecomunicaciones, biotecnología, etc.) ha abierto las mayores posibilidades para alcanzar un mundo con justicia social y equidad, con igualdad de oportunidades, sin pobreza y sin hambre.
Sin embargo, esta expansión ha llevado al empobrecimiento de la mayoría de la humanidad y a la explotación irracional y despiadada de los recursos provistos por la naturaleza. La avidez de riqueza y de poder ha llevado a distorsionar los objetivos de la producción de bienes y servicios y en muchos casos han atentado contra el medio ambiente poniendo en peligro el bienestar inmediato y futuro del hombre. La contaminación y la degradación del medio ambiente tienen su origen en el deseo desmedido de lucro y no toman en cuenta los perjuicios que causan a la sociedad. El Estado y la sociedad deben intervenir para restablecer el vínculo entre la naturaleza y las necesidades del hombre que permitan mejorar las condiciones de vida sin destruir el equilibrio ecológico.
El proceso económico que dé sustento y perdurabilidad a un nuevo modelo de sociedad sólo puede asentarse en la valorización de una economía productiva, que se dinamice a través de un proceso de desarrollo autoorganizado y sustentable que garantice la igualdad de oportunidades y la creciente equidad y justicia social. Se debe avanzar en el objetivo final de construcción de una sociedad sin clases ni explotación social, con un proceso productivo capaz de dar una calidad de vida digna y sustentable a todos sus habitantes, y con la vigencia de un sistema de relaciones económico-sociales asentados sobre la cooperación, la solidaridad y el reparto equitativo del excedente económico total, principios que reemplacen el lucro y la competencia propios del modelo capitalista. En ese camino, el socialismo postula:
Donde hubiere un monopolio natural insuperable, regulará estrictamente la actividad y fijará tarifas con el fin de lograr resultados similares a los que produciría la competencia.
El Presupuesto Provincial, la ley de las leyes, tendrá que ser preparado anualmente, antes de su elevación a la Legislatura provincial, mediante una amplia discusión popular y participativa, que permita incluir en su articulado, la voluntad de la mayoría de los habitantes del país.
Es condición esencial, además, poner en marcha una nueva estrategia presupuestaria de la Nación, las Provincias y los municipios de tal modo que el balance de ingresos y egresos públicos asegure un sustancial incremento de los recursos fiscales consolidados del Estado. Este nuevo escenario debe garantizar ingresos suficientes para ir ampliando decididamente la provisión de bienes públicos en cantidad y calidad necesarios a fin de elevar en forma sustancial la calidad de vida del conjunto de la población.
El mantenimiento de los gastos necesarios del Estado para garantizar la oferta incondicional de los bienes públicos en forma gratuita y sin limitaciones requiere de un sistema tributario basado en el principio irrenunciable que expresa: el que más recursos tiene más aporta al Fisco. Una revisión integral de la estructura impositiva permitirá, con un sistema progresivo de tributación, redistribuir el ingreso a la vez que posibilitar el funcionamiento del Estado en los niveles propuestos.
Es central la reducción sustancial de la evasión, a través del fortalecimiento de los organismos de recaudación y de la simplificación del sistema y de sus normas de aplicación.
Es central la existencia de un mercado interno fuerte y consolidado, que garantice la inserción internacional y mundial, cimentado sobre aquél, que crezca alentado por políticas de promoción basadas en ventajas comparativas y dinámicas.
El mercado interno sólido debe sustentarse en la distribución del ingreso nacional sustancialmente más progresiva que la actual a través de la elevación sistemática del salario real, el incremento de la ocupación plena y el combate frontal a la pobreza, ubicando en su función esencial de apoyo a la política de crecimiento y de equidad en el reparto de los frutos de tal crecimiento, al sector financiero.
El proceso productivo destinado a fortalecer el mercado interno debe orientarse hacia la creciente integración de sus fases constitutivas reduciendo en forma progresiva la dependencia de la provisión externa de insumos y bienes de producción. Ello implica una política decidida a incorporar valor agregado a la producción en una estrategia de reindustrialización integrada, lo que supone mayor trabajo nacional en reemplazo del trabajo importado.
La conformación de áreas con actividades interdependientes, "manchones" o "clusters", en donde un proceso se encadena a los demás y conforma, así, un espacio productivo altamente intervinculado, permite fortalecer la gestión, recuperar los beneficios de la aglomeración y evitar filtraciones hacia fuera de los beneficios de la actividad productiva, de la generación de tecnología y de la reducción planificada de costos.
Para este proyecto refundacional, el gasto público y el consumo interno constituyen los ejes de una estrategia central. No se crece exclusivamente a través del mantenimiento de mercados exteriores, ni se puede incrementar las exportaciones sin una política productivista que incorpore la sustentabilidad social y ambiental.
Una nueva política para la provisión de bienes públicos descansa en la aceptación por parte del conjunto de la sociedad de que existen bienes y servicios que forman parte indisoluble de la supervivencia de los habitantes del país y, por ello, deben estar fuera de las relaciones de mercado, como meta a alcanzar en un lapso lo más breve posible. En el actual sistema de propiedad de las empresas que proveen de esos bienes públicos y de su modalidad de gestión, la entrega de tales servicios a la sociedad están plenamente sujetos al manejo mercantilista y a la obtención de lucro con su oferta al consumo público. La privatización y la concesión de gran parte de las empresas que los proveen supone que el precio o las tarifas de los mismos se corresponden exclusivamente con el objetivo de maximizar la tasa de ganancia y no el de satisfacer necesidades básicas para la subsistencia.
El socialismo propone encarar una estrategia decidida hacia el rescate de esas empresas o de las concesiones otorgadas, como ser para la provisión de agua, energía eléctrica, gas, transporte público, fuentes de energía no renovable, etc. Ese rescate que puede comenzarse con la discusión legal de la licitud de las concesiones, la no renovación de las mismas a su vencimiento o el retorno inmediato de las ya vencidas al patrimonio social colectivo lo que implica poner tales empresas en manos de la sociedad, como unidades de gestión social, administradas por quienes son sus trabajadores y consumidores, con el objetivo de proveer a todos los habitantes, sin excepción y a valores que sean accesibles, de los bienes y servicios que producen.
El socialismo comprende y acepta que las fuerzas productivas necesitan de los mercados para expandirse, perfeccionarse, incorporar las mejoras tecnológicas y alcanzar un equilibrio. Este desarrollo deberá tener como fin la democratización de las posibilidades individuales y la eliminación de la pobreza. El socialismo sostiene la necesidad de la planificación democrática de la economía para un mejor desarrollo y aprovechamiento de los recursos sociales.
Esa misma expansión creó también las condiciones para la concentración del poder económico, los monopolios y los oligopolios, que han logrado basar su fuente de riqueza en la explotación del trabajo. El socialismo debe imponer los límites a esta concentración de riqueza para ponerla al servicio de la sociedad. Planteamos un desarrollo con equidad social y sostenibilidad.
El contexto histórico en el que elaboramos el Programa Provincial nos muestra una sociedad donde el nivel de desigualdad ha ido deteriorándose desde mediados de los setenta, por lo tanto la reversión de esta tendencia es un imperativo: los costos de los esfuerzos y los beneficios del crecimiento no pueden seguir recayendo desproporcionada-mente sobre ciertos sectores sociales, además consideramos que existe un espacio para mejorar la equidad sin afectar al crecimiento, ni a la estabilidad, por el contrario creemos que seria fuente de desarrollo y nos posicionaría hacia el
logro de un sistema con mayor riqueza y justicia social.
En función de estos objetivos, consideramos imprescindible la puesta en marcha de diversas medidas tendientes a mejorar la equidad, asentadas en un crecimiento de largo plazo. Estas no serán factibles sin un entorno provincial que de las condiciones para la creación y desarrollo de emprendimientos productivos sustentables; que generen riqueza, pero que a su vez, dado que estarán asentados en micro, pequeñas y medianas empresas, con un sentido asociativo; eviten la concentración de la renta, garantizando de esta manera la creación de puestos genuinos de trabajo, tanto de carácter emprendedor como dependiente.
La única Institución que podría posibilitar esto, es sin dudas, el Estado Provincial de común acuerdo con los municipios, coordinándolo con las organizaciones sociales que se dedican a esta temática, las cooperativas y/u otros entes de carácter asociativo, el sistema educativo y el sector financiero.
El sector debería contar con un mapa productivo, comercial, financiero y tecnológico de la Provincia. Esta base de datos se podría confeccionar organizando de manera coordinada con las universidades y escuelas técnicas un censo que nos permita informatizar los datos que reflejen la realidad económica provincial.
Para ello habría que diseñar un programa orientativo de prioridades productivas en función de las potencialidades del mercado, tanto interno como externo, de acuerdo a las posibilidades de cada región. En este punto seria fundamental el trabajo en común con los Municipios, las Universidades, escuelas técnicas y organismos de investigación, organizándolos en regiones.
El sector de gobierno orientado a política relacionada con la producción tendrá importante consideración en el presupuesto provincial.
Estas políticas deberán contar con la adecuación del sistema financiero público, Banco de la Provincia de Buenos Aires, y la Banca Cooperativa, para el diseño de un plan de asistencia financiera.
Generar acciones que apliquen las normas vigentes del compre bonaerense. Para todas las compras del Estado Provincial y Municipios, se le dará prioridad a las de origen nacional y radicados en la provincia de Buenos Aires.
Apoyar de forma sistemática la creación y desarrollo de nuevos emprendimientos sustentables, de base tecnológica, asentados en los principios asociativos y/o cooperativos, tanto para la industria, comercio, servicios, de la ciudad y del campo y del sector financiero. Se dispondrá de una orientación de apoyo financiero, y de un adecuado seguimiento y monitoreo por parte de los organismos estatales competentes.
El desarrollo y el crecimiento económico sustentable solo será posible con equidad social. Los modelos de desarrollo convencionales postulaban que primero viene el desarrollo económico, que después éste se derramaría y habría desarrollo social y dejaban para el final el desarrollo de la cultura y los valores. Sin embargo, los fracasos enseñan que el camino es diferente: el desarrollo económico, el social y, paralelamente, el desarrollo de la cultura y de los valores, deben darse conjuntamente para que exista real desarrollo.
Se han agrupado en esta área temática del Plan de Desarrollo Sostenible, las siguientes políticas en materia económica–productiva: la producción agropecuaria, actividades pesqueras, minería, industria, pymes y microempresas, economías zonales, turismo, economía solidaria, comercio, sistema bancario y financiero, y promoción de empleo.
4.1 Producción agropecuaria
El sistema agroalimentario y agro-industrial de la pampa húmeda constituye el principal productor y generador de divisas del país, por ende en nuestra provincia la producción agropecuaria ocupa el primer lugar en la economía. Distintas circunstancias vive este sector que han modificado la situación, variaciones en los precios de los insumos básicos, cambio de las políticas arancelarias, aumento de las unidades económicas rentables, variación de valores en los bienes de capital, inclemencias climatólogicas (inundaciones), entre otros elementos, genera en el sector agropecuario un deterioro de la situación de los pequeños y medianos productores. Otro fenómeno, favorecido por
el sistema neoliberal, es la concentración de la tierra en un número menor de propietarios y con extensiones cada vez mayores, y la disminución de las cooperativas en el mercado agropecuario es otro indicador del proceso de concentración de los mercados.
La realidad laboral de los trabajadores muestra un proceso de cambio en el empleo y en la precarización de los mismos.
Ante estas realidades los Socialistas proponemos como objetivos generales:
- Aumentar la producción agropecuaria y agroindustrial.
- Mejorar la satisfacción de las necesidades alimentarias de la población en el marco de una política equitativa de redistribución del ingreso.
- Aumentar el nivel de empleo y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores.
- Fomentar la radicación de familias en las zonas de producción y reforzar una estructura social agraria de base familiar
- Generar mecanismos de control del uso de recursos naturales compatibles con políticas ecológicas.
- Revisar integralmente los criterios de fijación de precios y tarifas, especialmente en servicios concesionados y monopólicos: combustibles, peajes, electricidad, etc.
- Generar políticas de acceso al crédito con oportunidad y condiciones adecuadas al desarrollo de la pequeña y mediana industria agroalimentaria, siendo protagonista fundamental la participación del Banco Provincia.
- Producir políticas de refinanciación de los pasivos de deudores agropecuarios del Banco Provincia, atendiendo a aquellos que sean productores directos y tiendan a la permanencia en la actividad agropecuaria.
- Se establecerán políticas que apunten a detener el proceso de degradación de suelos, y establecer bases para avanzar en la recuperación de áreas degradadas.
- Promover e impulsar acciones necesarias para la puesta en marcha de obras de infraestructura para solucionar integral y definitivamente los problemas de puentes y caminos, accesos a puertos y nodos de concentración ferroviaria, especial tratamiento de las zonas inundadas.
- Crear programas de apoyo a productores que apliquen técnicas conservacionistas.
- impulsar una legislación de emergencia agropecuaria que contemple metodologías tecnológicas que permitan una aplicación justa de los afectados, seguros multirriesgos, exenciones tributarias directa. Los alcances deben contemplar a actividades económico comerciales en pequeñas localidades.
- Promover y apoyar la formación de organizaciones asociativas que equilibren la producción y la comercialización.
4.2 Actividades pesqueras
La pesca constituye un rubro de vital importancia que requiere una firme política estatal que contemple el conocimiento profundo de la realidad, un armónico desarrollo regional y la concertación del esfuerzo de todos los sectores.
La Provincia de Buenos Aires como el país todo entre muchas otras sustanciales reformas deberá plantearse un profundo cambio en las estructuras pesqueras tanto a nivel público como privado. Esos cambios deberán incluir la diversificación de la producción y de la industrialización; la promoción de las pesquerías de pequeña escala, como también de las pequeñas y medianas empresas del sector.
Además se requerirá una administración eficiente en la protección de los recursos vivos de la depredación y que asegure su continuidad, teniendo en cuenta las tasas de renovación de las poblaciones explotadas. Las provincias con litoral marítimo debe tener un papel preponderante como agentes de regulación, conservación de los recursos y protección del medio ambiente.
Se deberá pensar en desarrollar la maricultura en los lugares de nuestra costa que reúne condiciones geomorfológicas adecuadas (estuarios, lagunas costeras, planos de marea de golfos, bahías y ensenadas protegidas, costas medanosas y otros sitios semejantes). Entre las especies mas aptas para ser cultivadas en Buenos Aires se encuentran camarones, langostinos, mejillones, cholgas, ostras, almejas, vieras, pulpos y algunos peces carnívoros, abriéndose de este modo un amplio campo a múltiples emprendimientos. El desarrollo de investigaciones científicas por parte del Estado será requisito básico para transferir conocimientos a los productores.
La Provincia posee una extensa costa fluvial donde cohabitan grandes riquezas ictícolas. La realidad indica que un importantes potencial económico se pierde con el actual sistema de pesca depredatorias en el Río Paraná y Río de la Plata.
La depredación descontrolada y a gran escala de los frigoríficos, es el golpe de gracia para nuestros recursos ícticos, ya impactados por las grandes represas, las obras viales mal planificadas y la degradación de ecosistemas en la Cuenca del Plata. La preservación del recurso deben ser temas de interés provincial
El área costera marítima de la Provincia de Buenos Aires, tiene importancia porque representa el lugar de reproducción de la mayoría de las especies costeras de valor comercial y de concentración, tanto de juveniles como de adultos. En los últimos años el aumento del esfuerzo pesquero en nuestras costas se ha debido al mayor número de buques costeros grandes (20–30 metros de eslora), que capturan especies costeras además de la merluza, y fresqueros merluceros que volcaron parte de su esfuerzo al variado costero, como consecuencia de la menor disponibilidad de la merluza.
El conocimiento de la flota artesanal y costera y su interacción en el ejercicio de la pesca dentro del área de su jurisdicción, debe ser un compromiso ineludible para la autoridad de aplicación provincial que, en función del mismo, debe tomar medidas de manejo referidas al ordenamiento pesquero y vinculada a las limitaciones del esfuerzo. El objeto de las mencionadas medidas debe ser propiciar la sustentabilidad del uso de los recursos y la protección de las comunidades de pescadores con mayores limitaciones para la explotación de los mismos.
Tal como, el INIDEP a propuesto, entendemos necesario restringir la entrada de buques fresqueros grandes al espacio costero bonaerense o por el contrario fijar dentro del ámbito costero un área que no se superponga con las zonas de operación de la flota de rada o ría, tomando como antecedente las medidas que en este sentido se han aplicado para la pesquería de la corvina rubia en la zona exterior del Río de la Plata con cierto éxito.
Para lograr un adecuado manejo regional de las pesquerías, las propuestas de medidas de manejo deberían ser consensuadas entre el nivel técnico de la administración provincial y del INIDEP.
Por aplicación de lo previsto en la Ley 11.477 se impone el deber de asegurar la sustentabilidad de los recursos pesqueros mencionados. Resulta necesario continuar con el establecimiento de medidas de manejo y ordenamiento pesquero para el conjunto de las especies del denominado “variado costero” en la zona marítima, tomando en consideración las recomendaciones producidas en los Informes Técnicos del INIDEP.
Se deben implementar medidas de protección a fin de evitar las capturas y el incremento del esfuerzo pesquero por parte de buques que operen en las zonas de concentraciones reproductivas de especies demersales, ante la excesiva explotación de las especies capturadas.
Los resultados de la implementación de esas medidas a efectos de la protección de las especies han sido altamente satisfactorios, demostrando la disminución de los signos de excesiva explotación de las especies capturadas en dichas zonas.
Es posible afirmar que las medidas de manejo deben basarse en el consenso de diferentes actores y administraciones. Para ello, entre otras acciones, resulta conveniente desarrollar un proceso de diálogo constructivo abierto y de intercambio de inquietudes por parte de cada una de las partes interesadas, incluidos pescadores comerciales y deportivos, autoridades bonaerenses, investigadores, y representantes de instituciones nacionales como la Prefectura Naval y la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP). En estos ámbitos de participación es posible lograr valiosas sugerencias y propuestas para desarrollar a través del consenso entre los diferentes sectores.
Asimismo, resultan de vital importancia los estudios científicos que permitan contar con información fiable y actualizada para una rápida, correcta y efectiva toma de decisiones. Debido a la insuficiente asignación de los necesarios recursos presupuestarios para el cumplimiento de sus trascendentales funciones, el INIDEP encuentra limitaciones en cuanto a su información respecto de áreas más costeras y aguas arriba del Río de La Plata, lo que ha motivado el interés en la apertura de canales para propiciar un intercambio de información entre los pescadores deportivos y la comunidad científica.
La información científica resulta imprescindible a efectos de estimar las capturas biológicamente aceptables de las principales especies costeras, determinar áreas y épocas reproductivas, así como concentraciones de juveniles, procesos oceanográficos de relevancia para los stocks pesqueros, y conocer las asociaciones ícticas y la biodiversidad del ecosistema costero bonaerense.
Por otra parte de deben ejecutar los controles imprescindibles para evitar el incumplimiento de las reglamentaciones vigentes, aplicando las sanciones correspondientes.
4.3 Minería
La provincia de Buenos Aires ha sido durante varias décadas, la principal provincia minera de Argentina, especialmente por los volúmenes de materiales producidos y también por el valor de dichos productos.
La principal producción minera de la provincia, está estrechamente ligada a la industria de la construcción, con las llamadas “rocas de aplicación” y el segundo lugar corresponde a los llamados “minerales industriales” con predominio también, de aquellos ligados a la construcción.
Las características de la industria minera bonaerense, hacen que la actividad extractiva esté geográficamente ligada a diversos polos industriales que manufacturan estos productos (por ejemplo la región de Olavarría) y también vinculada espacial y económicamente a los centros urbanos con una demanda creciente en el desarrollo de obras de infraestructura
Si bien en una rápida mirada, los recursos mineros de rocas de aplicación y de algunos minerales industriales parecen suficientes para atender la demanda por algunos años y mantener activas algunas regiones en donde la minería y sus industrias satélites tienen importante peso, poco es lo que realmente se conoce en cuanto a “reservas medidas” y calidades de los materiales. Esto podría llevar, al menos en algunos rubros, al agotamiento de los recursos conocidos al no contarse con la suficiente reposición de reservas, con impacto en las industrias conexas que deberían instalarse en otras regiones o bien recurrir a materiales procedentes de otras regiones del país o del exterior.
El desarrollo urbano y la infraestructura vial íntimamente relacionada, si bien tienen una activa demanda de productos mineros, muchas veces han entrado en conflicto con esta actividad y se han suscitado importantes desacuerdos, por intereses encontrados y posiciones relacionadas a la preservación del medio ambiente.
La actividad de las canteras no debe eliminar el paisaje de serranías, ya que constuye un recurso turístico esencial para muchas localidades y zonas de nuestra Provincia.
Tanto la prevención en cuanto al conocimiento de las reservas de productos mineros, su tipificación por calidades y estrategias de nuevas utilizaciones para el futuro, así como un desarrollo armonioso y sostenible de la actividad minera provincial, serán planificados por el gobierno provincial a través de planes regionales y fortaleciendo el rol de las organismos estatales.
4.4 Industria
El desarrollo de la industria deberá ser el principal factor de generación de empleo en toda la Provincia. Nuestra provincia deberá generar riquezas prioritariamente a todos los bonaerenses.
El desarrollo de emprendimientos industriales tendrá un sano equilibrio, entre las explotaciones primarias y la fabricación de productos terminados.
Las posibilidades de manufactura con insumos primarios de la propia provincia nos coloca en una situación de características importantes para activar la economía.
Nuestra provincia tiene importantes yacimientos mineros, las principales producciones
agropecuarias del país, posibilidades portuarias, establecimientos educacionales que forman a profesionales con excelente calidad, facilidad de acceso a la energía, la integración de estos elementos tendrá que ser utilizada por el sector industrial para generar productos que se comercialicen en el mercado interno, desarrollando actividades en mercados del exterior.
La política industrial de la provincia tendrá que buscar el equilibrio económico productivo entre el mercado interno y externo.
En lo exterior deberá priorizar una integración al MERCOSUR, con políticas de producción complementaria en este mercado, que permita acceder a otros mercados internacionales.
La Provincia deberá implementar políticas activas industriales, que permitan:
- Producir riquezas y empleo.
- Fomentar con apoyo crediticio y subsidios a la pequeña y mediana industria.
- Apoyar a jóvenes profesionales en nuevos emprendimientos industriales que profundicen la investigación y transferencia de tecnología al servicio de toda la sociedad.
- Relevar la situación de la actividad industrial de la provincia, que permita tomar medidas de reactivación en cada una de las plantas en estado de quebranto económico, con la posibilidad de ser puestas en marcha con alternativas de producción en forma asociativas de sus trabajadores
4.5 Pymes y microempresas
La industria en el proceso de realimentación entre oferta y demanda continúa siendo el motor del crecimiento.
Las nuevas formas de organización actúan como multiplicadores de la masa inicial de recursos invertidos, promoviendo la división del trabajo, la generación de empleo, mayor demanda y diversificación de productos y procesos.
La industria es un lugar de privilegio, donde muchos de sus actores, aprenden haciendo, y donde se generan externalidades para el resto de la economía, por ejemplo capacitación de mano de obra, difusión de conocimientos y transferencia de tecnologías. Es tan importante en políticas de crecimiento, como las consecuencias que producen en periodos de depresión y desempleo.
De vital importancia económica, en el área industrial es el desempeño de la Pymes.
En nuestra provincia, las Pymes se encuentran en un panorama de desindustrialización masiva, en que medidas económicas alentaron priorizar la especulación financiera por encima de la producción. La desaparición de la Pymes ha sido una característica del modelo neoliberal aplicado profundamente en la última década.
Las actividades Pymes se ubican en sectores industriales, productores de bienes homogéneos y diferenciados, como así también en el agro y en servicios. Son las principales proveedoras de mano de obra y las que desarrollan una vinculación social directa con la comunidad, además poseen una mayor capacidad para atender demandas específicas de mercados de menor tamaño
Los Socialistas proponemos una política de desarrollo de las Pymes, fijando los siguientes lineamientos:
- Recomposición del crédito
- Implementación de otros mecanismos de financiamiento, tales como la constitución de sociedades de garantías recíprocas y fondos de capital de riesgo
- Crear sistemas institucionales de desarrollo científico y tecnológico que garanticen que los beneficios lleguen a todos los integrantes del sector productivo
- Fomentar programas de desarrollo que contengan sistemas de incubadoras de empresas
- Aplicación de programas que permitan la reconversión de empresas “Pymes” que den continuidad a la actividad industrial
- Se promocionará la conformación de organismos institucionales regionales con el objeto de facilitar la creación y la asociatividad de empresas Pymes
- Generar políticas tributarias específicas para empresas Pymes y diseñar un régimen simplificado de tributación
4.6 Economías zonales
Es fundamental un programa nacional de apoyo y reconversión de las estructuras productivas del interior de la provincia, con especial preferencia dirigido hacia el segmento de la pequeña producción rural y urbana, y que incluya.
- Un Programa de fortalecimiento de la capacidad de gestión de las pequeñas unidades productivas, acompañado de una política de regularización fundiaria y de formalización de las relaciones laborales y de inserción en los sistemas de previsión y medicina social.
- Un programa de apoyo al accionar en común, mediante prácticas asociacionistas, de todos los productores a fin de fortalecer su presencia en el mercado y asegurar poder de negociación frente a la creciente estructura concentrada de oferentes de insumos y tecnología y de adquirentes de los productos.
- Un Programa de defensa del precio de los bienes que producen tales agentes económicos, mediante la conformación de un Fondo Especial, al estilo de lo que se hace en todas las economías desarrolladas, administrado por los mismos productores con asesoramiento estatal y que impida fuertes oscilaciones en los ingresos de los productores ante variaciones internacionales en la cotización de los bienes que elaboran.
- Un Programa de financiamiento barato, fuertemente subsidiado, instituído con el apoyo de la banca estatal y cooperativa y la obtención de financiamiento internacional para reequipar a los productores y otorgarles recursos para el proceso de producción, comercialización e incorporación de valor agregado en las mismas regiones productoras.
- Planteamos la creación de un Consejo Provincial de Transformación Productiva con Equidad Social para las Economías Zonales, compuesto de representantes del Estado provincial, de los municipios, de las universidades, de los organismos de ciencia y tecnología y de los mimos productores para diseñar el desarrollo del programa y pautar sus costos y estrategias sectoriales y globales.
4.7 Turismo
Dada la complejidad de factores que involucra la actividad turística, las dimensiones adquiridas y el estado de desarrollo turístico que se verifica en la provincia, resulta imprescindible adecuar el marco jurídico de manera en que permita encuadrar la actividad dentro del principio del turismo sostenible, definido éste como un modelo de desarrollo económico concebido para mejorar la calidad de vida de la comunidad receptora, facilitar a los turistas experiencias de alta calidad y proteger al medio ambiente con el que la comunidad anfitriona y los turistas conviven.
El desarrollo sustentable no es una situación estática de armonía, sino más bien un proceso de cambio en el que la explotación de los recursos, la dirección de las inversiones, la orientación del desarrollo tecnológico y la transformación institucional se ajustan a las necesidades presentes y futuras
En este sentido es imprescidible crear un marco regulatorio que sirva de instrumento para la implementación de nuevas políticas turísticas con el objetivo de promover el acceso de todos los sectores sociales a la practica del turismo, garantizar un desarrollo turístico sustentable que asegure el goce de los atractivos a las generaciones presentes y futuras, y la participación de la comunidad en la planificación del turismo local, tendiendo a la competitividad del sector y a su integración en espacios económicos regionales mas amplios como el Mercosur.
Se debe declarar al turismo como actividad económica de interés provincial persiguiendo el objetivo de equiparar al sector, con vistas a su jerarquización, con las actividades tradicionales de la economía provincial.
La autoridad de aplicación conjuntamente con las autoridades municipales del área, deben elaborar programas anuales de fomento y desarrollo, alentando la radicación de inversiones turísticas, la generación de empleo y la protección y puesta en valor de los recursos que conforman el patrimonio turístico provincial.
Es necesaria la creación de un Registro de Iniciativas y Proyectos de Inversión Turística, en el que los interesados podrán inscribir sus propuestas y acogerse a regímenes especiales que pudieran establecerse, como así también la gestión, por parte de la autoridad de aplicación, de exenciones sobre tributos que pudieran grabar las inversiones que se realicen de acuerdo a lo planificado.
Nuestra Provincia tiene una organización municipal que representa una inmejorable base para la implementación de políticas turísticas descentralizadas. Nuestra propuesta contempla al municipio como base operativa para generar un esquema de planificación “de abajo hacia arriba”, lo que permitirá su participación desde el inicio de las propuestas.
Si una comunidad cuenta con el tipo adecuado de recursos, puede tener la oportunidad de desarrollar una forma de turismo que reporte considerables beneficios a todos sus miembros. Para lograrlo, el turismo debe planificarse y gestionarse de forma que mejore la calidad de vida de los residentes y proteja el medio ambiente local, tanto natural como cultural. Esto es sólo posible si se involucra a la comunidad en el proceso de planificación y desarrollo turístico local.
Para lograr la creación de un modelo participativo para la definición, puesta en valor y la utilización del producto recreativo, turístico y cultural es necesario el diseño de políticas que permitan consolidar el rol de la comunidad en el desarrollo de los centros turísticos.
Este nivel de planificación descentralizada provoca en el residente de una comunidad turística un cambio fundamental, porque lo convierte en el usuario básico del recurso turístico que compartirá durante una temporada del año con el turista.
A través de canales de participación que se planteen en el nivel municipal mediante la intervención de la comunidad, se determinarán las características turísticas de cada centro y las estrategias a seguir, las cuales estarán internalizadas e incorporadas a los valores propios de cada vecino. Una comunidad debe empezar por preguntarse a sí misma cual es el producto recreativo y turístico que puede ofrecer entendiendo por este concepto sus atractivos, su historia, su tradición, su cultura y su forma de esparcimiento. El producto es la suma de las aspiraciones de la comunidad que va a ser su principal usuario.
Desde la elaboración de planes y proyectos, hasta las etapas siguientes de su ejecución, desarrollo y control, debe mantenerse una estrecha coordinación y cooperación entre el sector privado y la administración provincial. El desarrollo de servicios e instalaciones turísticas como hoteles, agencias de viajes y excursiones, restaurantes, atracciones, actividades de tipo comercial e infraestructura local, normalmente son iniciativas correspondientes al sector privado que se beneficia con los mismos.
Sin embargo en algunos lugares de desarrollo reciente o potencial, donde el capital privado es limitado, suele resultar difícil atraer capitales privados. Por esta razón, tal vez sea necesario que el Estado haga la inversión inicial u ofrezca incentivos y exenciones tributarias para atraer las inversiones de capital privado.
Las empresas mixtas entre Estado e inversores privados constituyen otra posibilidad para iniciar el desarrollo turístico de algunas zonas Es imprescindible fomentar la cooperación entre ambos sectores en favor de los intereses turísticos de la Provincia, ya que tienden a ser especialmente activas y pueden prestar fuerte apoyo al turismo sostenible.
Las asociaciones profesionales como asociaciones de hoteles, restaurantes y agencias de viajes, pueden colaborar en la elaboración de planes y programas y se constituyen en grupos de presión. Dentro de este contexto, las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) desempeñan un rol de suma importancia pudiendo intervenir en numerosas acciones, tales como asesoramiento, evaluación de políticas, apoyo, promoción y concientización turística. .
En concordancia con lo expuesto en el punto anterior, se propone la creación de un Consejo asesor de la Autoridad de Aplicación, que presidido por el titular de la misma, prevé la participación de representantes de los Municipios y de todas las entidades representativas de los prestadores de servicios turísticos y de empresas turísticas, entidades educacionales públicas y privadas relacionadas al sector y de otras instituciones provinciales cuya actividad guarde relación con el turismo.
Sus integrantes podrán expresar sus opiniones sobre la política turística y los planes y programas a implementar, en todos sus aspectos. Del mismo modo, podrán presentar sus iniciativas dentro de este organismo.
La educación y capacitación -apropiadas y completa- de las personas empleadas en el turismo, son esenciales para un buen desarrollo y gestión de este sector. Aún cuando ciertas funciones técnicas, como planificación y análisis de viabilidad, sean llevados a cabo por expertos, los funcionarios públicos de turismo deben tener suficientes conocimientos sobre estos temas para poder supervisar el trabajo realizado.
Respecto al desarrollo de la investigación referida a la actividad turística, planteamos la creación del Instituto Provincial de Turismo, con el objetivo primordial de implementar la investigación del sector y a efectos de permitir la toma de decisiones estratégicas con los suficientes conocimientos.
Las políticas provinciales han sido escasas y muchas veces descoordinadas entre sí; olvidando que el turismo constituye una actividad con altísimo potencial de generación de empleo y de divisas, y es desarrollado, fundamentalmente, por pequeñas y medianas empresas porque su contribución al proceso de desarrollo económico provincial es muy importante.
Debemos institucionalizar pautas que permitan el desarrollo de acciones en pos de un turismo sostenido en la provincia, tales como:
- La planificación a largo plazo del desarrollo turístico, tendiendo a la protección del patrimonio provincial y del medio ambiente.
- El diseño de políticas descentralizadas, jerarquizando el rol de los municipios como ejes de la planificación y la participación de la comunidad en la toma de decisiones.
- El resguardo del turista en su calidad de usuario.
- La coordinación de acciones entre el sector público y el privado.
- La creación de un Consejo Asesor de la Autoridad de Aplicación Provincial integrado por organismos gubernamentales y no gubernamentales.
-- Desarrollar un Plan de Marketing Turístico Provincial, que actúe de marco para planes afines en cada distrito y región de la provincia y contemple la promoción los diversos destinos turísticos, mejorando la oferta sumando atractivos y actividades culturales y deportivas entre otras.
- Impulsar el turismo fuera de temporada para quebrar la estacionalidad de la demanda turística, fomentando el desarrollo de eventos fuera de temporada de manera de ampliar la duración de la misma.
- Desarrollar un programa específico de capacitación gerencial y laboral para la actividad turística, coordinando la oferta de educación formal de las universidades e institutos terciarios con la demanda de las organizaciones gremiales, empresariales y municipales para fortalecer así la calidad del servicio.
- Generar un fondo de composición y gerenciamiento mixto para financiar proyectos turísticos de interés provincial con apoyo del Banco Provincia.
- Mantener actualizado un registro de servicios turísticos que habilite a participar en los sistemas provinciales de promoción.
- La profesionalización y capacitación en todos los niveles y el desarrollo de la investigación.
- La implementación de Directrices y Normas de Calidad para la gestión turística y ambiental. Estrategias orientadas a un uso racional de los recursos, a elevar el nivel de calidad en la prestación de los diferentes servicios turísticos y a mejorar el nivel de competitividad del sector.
Los socialistas planteamos, además, una serie de iniciativas ya desarrolladas y presentadas a nivel legislativo, tales como:
- Una nueva Ley de Turismo para la Provincia, que ordene integralmente la actividad.
- Una Ley de Turismo Aventura que regule esta nueva y creciente modalidad
- Creación de infraestructura y equipamiento, tales como Centros de Exposiciones, Centros de convenciones y Centros Culturales Regionales, que sirvan tanto para los turistas como para los residentes locales.
- Una Ley de Circuitos Turísticos Patrimoniales, para aprovechar los invalorables recursos históricos, arquitectónicos, urbanísticos y culturales en general con que cuenta la Provincia.
4.8 Economía solidaria
La producción moderna se basa en grandes aportes de capital, por lo que el socialismo considera necesario modificar las pautas de acumulación, a través del rol de la economía social, basada estructuralmente en una concepción democrática de las organizaciones económicas que permiten por su particular administración, una mejor distribución de los beneficios.
El capitalismo ha establecido un sistema de poder por el que quien controla el capital tiene la decisión, y los derechos de las personas son valorados según su rentabilidad económica. Esto genera extraordinarias injusticias y fuertes tensiones sociales dentro de cada país y entre países, e impacta sobre el agotamiento de los recursos naturales y el daño al medio ambiente.
Frente a esta concepción que busca sólo la maximización de los beneficios, la economía social procura desarrollar empresas sociales con gran capacidad de producción y una justa y eficaz distribución de los excedentes económicos.
Una economía democrática no está libre de conflictos de intereses, dificultades y nuevas exigencias de un mundo cambiante; pero es una concepción apta para la búsqueda de la armonización de los diversos intereses sociales y para supeditar al capital a las decisiones democráticas.
Las entidades de economía social son potencialmente uno de los grandes sujetos de la economía moderna en el desarrollo de una sociedad de bienestar y su disfrute.
Es imprescindible contribuir a un correcto funcionamiento de las empresas sociales o asociativas, a fin de que cumplan estrictamente los valores y principios que conforman su concepto esencial, útiles para actuar como contrapoder y necesarias para promover fórmulas alternativas de gestión allí donde el mercado no actúa o donde existen graves riesgos de desatención a necesidades elementales de la sociedad.
La democracia económica exige una participación igualitaria y una cualificada cogestión de los trabajadores en las decisiones sociales y económicas que el manejo de estas asociaciones requiere.
La formación y capacitación de los ciudadanos-trabajadores-consumidores es imprescindible para el adecuado funcionamiento de estos sujetos solidarios que eventualmente deben competir en mercados adversos frente a grandes concentraciones de capital.
El cooperativismo, el mutualismo, el sindicalismo y el asociativismo nacieron al calor de las ideas socialistas de pensadores como Juan B. Justo, desde las primeras organizaciones obreras de fines del siglo XIX, como alternativa a la conformación de la plusvalía capitalista, y como búsqueda de nuevas formas de trabajo asociado que enaltezcan el trabajo del hombre en sociedad. En estas organizaciones debe existir la primacía de la persona humana, el avance social, una distribución equitativa del producto, la capacitación y la participación. Se trata de organizaciones libres, organizadas bajo principios solidarios, alternativas a las organizaciones expoliadoras que impone la globalización capitalista, que pretenden aportar a un nuevo modelo de sociedad y de acumulación de capital: el capital social. Se dirigen a sustituir el egoísmo, el individualismo y la concentración personal del capital, por el trabajo asociado, la gestión compartida y el patrimonio social.
El socialismo ratifica su compromiso de impulsar este sector de la economía por el que miles de ciudadanos participan de cooperativas, mutuales, empresas cogestionadas, organizaciones de consumidores en cooperativas de consumo, de servicios públicos, de trabajo autogestionado, de servicios de salud, marcando un rumbo diferenciador en la economía y en la sociedad contemporánea.
La economía solidaria es una forma de economía destinada a producir bienestar colectivo y no acumulación de la riqueza. Las cooperativas, las pequeñas asociaciones de productores no formalizadas y otras formas asociativas promueven la equidad en la distribución de las ganancias y participación activa de todos sus miembros, como forma de construcción democrática. Por lo tanto se apunta simultáneamente a que: la producción tienda a ser colectiva, para promover el uso eficiente de los recursos y sea utilizada para satisfacer necesidades en el corto plazo; la comercialización sea justa, es decir, tienda a eliminar costos inútiles, como la intermediación innecesaria, al mismo tiempo que atienda a las condiciones de producción de lo que se comercializa, para fomentar una nueva economía sin explotación entre las personas y sin destrucción de la naturaleza; el consumo sea racional, favorezca la utilización de los recursos locales y que preserve el medio ambiente.
En este sentido, los Socialistas fomentaremos desde el Estado provincial la economía solidaria, cooperativa y asociativa.
- Promoveremos políticas institucionales tendientes a desarrollar el cooperativismo, el mutualismo y la economía social a escala local capacitando y apoyando la formación de estos emprendimientos.
4.9 Comercio
Ante la aparición de nuevas modalidades de concentración comercial, desde el socialismo planteamos regular las condiciones de construcción, instalación, habilitación y funcionamiento de todos los establecimientos comerciales, tanto minoristas como mayoristas, que operen bajo la modalidad de expendio por autoservicio para el público en general.
Esta propuesta comprende a todos los establecimientos que pertenezcan a una misma firma comercial o razón social y estén dedicados a la exposición y venta directa al público de elementos envasados, con destino a satisfacer las necesidades y el consumo de la comunidad.
Esta normativa se plantea para ser aplicada tanto a los establecimientos que comercialicen alimentos y bebidas como actividad primaria, así como otros productos complementariamente, como a los que se dediquen exclusivamente a rubros específicos no alimenticios.
Tratándose de una regulación que pretende ser de carácter integral, la misma comprende a todos los comercios que desarrollen actividades operando con los rubros de autoservicios, supermercados e hipermercados.
Se está produciendo la llegada a nuestra región de nuevas modalidades de comercialización de otros rubros -como por ejemplo ferreterías-, los cuales tenderían a establecerse a gran escala en detrimento de los comercios tradicionales. A tal efecto, los establecimientos que deseen desarrollar actividades de venta por menor, con expendio bajo la modalidad de autoservicio, pero que se dediquen a la comercialización de productos correspondientes a un mismo rubro no alimenticio, serán asimilados a los autoservicios, supermercados o hipermercados, de acuerdo a sus superficies específicas de exposición y venta.
Creemos que ante el evidente impacto producido por la llegada de cadenas internacionales, que buscan instalarse en los centros urbanos más importantes del país para desarrollar sus actividades, resulta necesario establecer rápidamente un marco regulatorio municipal que comprenda a todos los establecimientos comerciales con sistema de expendio por autoservicio.
Una norma de carácter integral, como la planteada, servirá para contrarrestar los graves efectos negativos provocados por la instalación de grandes establecimientos comerciales, los cuales aprovechan la inexistencia de normas de protección y defensa del tradicional comercio local, fuente de trabajo y subsistencia para miles de familias bonaerenses.
Por lo tanto, los socialistas proponemos:
- Adecuar las normas que regulan la instalación y funcionamiento de grandes superficies de venta y cadenas de distribución (shoppings e hipermercados).
- Apoyar financiera y organizativamente el desarrollo de centros comerciales, con preeminencia de pequeños comerciantes, en franca alianza con los productores nacionales y de la Provincia.
- Adecuar una política tributaria equitativa y progresiva entre la actividad de comercio minorista de las grandes cadenas y los pequeños comerciantes.
La crisis alimentaria que vive la población en la Argentina no está relacionada a un problema de producción de alimentos, sino a la mala distribución del ingreso. Nuestro país, en relación a sus habitantes, es el primer exportador de alimentos y de proteínas a nivel mundial.
El sistema agroalimentario argentino está en condiciones de cubrir las necesidades energéticas de más de 250 millones de habitantes, índice que alcanza 7 veces la población total del país. Sin embargo, un alto porcentaje de la población es indigente, es decir no tiene los ingresos suficientes para cubrir sus necesidades alimentarias mínimas y muchos más son pobres, es decir que no cuentan con los recursos necesarios para comprar una canasta de alimentos, bienes y servicios básicos.
Tenemos el deber de defender marcos de soberanía alimentaría, que no es la defensa de la autarquía como sistema económico, sino un sistema de convivencia económica donde las políticas respondan a las necesidades propias, sin ser lesivas con los demás. Hablamos del derecho básico de la seguridad alimentaría como derecho a producir y no al derecho de recibir alimentos baratos.
El tratar la problemática de los alimentos con criterios de mercado no tiene en cuenta los objetivos de seguridad (posibilidad de que toda la población tenga acceso en cualquier momento a los alimentos necesarios para llevar una vida digna...FAO) y soberanía alimentaría, como derecho de
los países y los pueblos a definir sus propias políticas agrarias, de empleo, pesquera, alimentarias y de tierra de forma que sean ecológica, social, económica y culturalmente apropiadas. Por lo tanto, desde el Socialismo priorizamos los objetivos de seguridad y soberanía alimentaría, la salud pública, el mantenimiento del medio ambiente y el tejido socio económico del mundo rural y los anteponemos ante los intereses del comercio y de los beneficios de las multinacionales.
Los Socialistas proponemos un marco donde:
- Crear mecanismos genuinamente democráticos para regular el comercio de alimentos que respeten la soberanía alimentaria de cada región.
- Alentar la generación de políticas de precio donde los costos de producción se corresponden con los valores sociales y medio ambientales.
- Garantía de la soberanía de la provincia sobre los recursos naturales, agua tierra y semillas.
- Garantizar a la Provincia la soberanía sobre las normas de calidad y sobre la regulación de los organismos genéticamente modificados.
- Promocionar y proteger mercados regionales.
- Promover programas de inversión pública para fomentar la actividad productiva de familias y comunidades dirigidas a aumentar el poder, el control local, la producción alimentaria y los mercados locales.
4.10 Sistema bancario y financiero
El sistema bancario y financiero debe estar en función de apoyo y consolidación al aparato de producción de bienes para el consumo interno, a la demanda de los habitantes para satisfacer consumos indispensables para su subsistencia y a la exportación privilegiando a las pequeñas y medianas empresas, a las unidades productivas inscriptas en el modelo de la Economía Social y a los sectores productivos más postergados del interior.
Este sistema bancario estará asentado, prioritariamente, en la banca pública y la de carácter cooperativo, a la cual se le brindará todo el apoyo necesario por parte del Banco Central para su eficaz funcionamiento. El citado Banco Central será una herramienta más dentro de la estrategia de desarrollo del Proyecto Nacional, actuando en plena sintonía con la política económica oficial y operando como el ejecutor de la estrategia crediticia arriba explicitada.
Se debe sancionar una nueva ley de entidades financieras, que reconozca el carácter de servicio de la actividad financiera y su importancia crucial para el desarrollo económico y social equitativo, y favorezca la instalación de entidades financieras pequeñas, de carácter local y regional, con una regulación adecuada para sus actividades y tamaño.
Es necesario modificar la Carta Orgánica del BCRA a efectos de establecer la promoción del desarrollo de la economía como objetivo de la autoridad monetaria, conjuntamente con la defensa del valor de la moneda; incorporar como obligatorio el establecimiento de políticas financieras orientadas a las pequeñas y medianas empresas y las economías regionales por medio de exigencias de reserva o encajes diferenciales; ampliar sus funciones para actuar como prestamista de última instancia; y facultarlo para ejercer política activa, tanto para regular las variables monetarias y crediticias, como para regular eventualmente variables cambiarias y de pagos externos.
Se debe mantener la propiedad pública de los bancos que aún están en manos del Estado nacional, provincial y municipal que ante la fuerte concentración actual del sistema financiero, constituyen elementos importantes que contrapesan el comportamiento oligopólico de las entidades financieras. Estas entidades públicas, deberán atender prioritariamente a la pequeña y mediana empresa, y hacerse cargo de los préstamos de fomento para productores en emergencia (inundaciones, shocks externos, etc) Paralelamente, deberá crearse una fuerte auditoria en estas entidades para evitar los denominados "préstamos políticos" o "prestamos de favor"
Se deberá fomentar la creación de bancos de capital nacional y favorecer las operaciones de los mismos, pues su destino como instituciones dependen de la evolución de la economía doméstica, lo que permite un mayor control y aumenta las posibilidades de que estas entidades participen en los objetivos de política económica que se esbozan en este programa.
Poner al Banco de la Provincia de Buenos Aires al servicio de la pequeña y mediana producción.
Esta entidad fue creada por el Gobierno de la Provincia con anterioridad a su incorporación a la Confederación Argentina en 1860. preservada como patrimonio de la Provincia en el Pacto de San José de Flores (11/nov/1859), que expresa: “...todas las propiedades de la Provincia que le dan sus leyes particulares, como sus establecimientos públicos, de cualquier clase y género que sean, seguirán correspondiendo a la Provincia de Buenos Aires, y serán gobernadas y legisladas
por la autoridad de la provincia...” Asimismo, la ley contractual Nº 1029 de 21/9/1880, establece en su art. 3 “...el Banco Provincia ..permanecerá bajo la dirección y propiedad de la Provincia...”. Es un Organismo autárquico de derecho público según lo define su Carta Orgánica.
La historia del BAPRO no ha sido ajena al desarrollo económico-social de la provincia, y también protagonista de errores y actos de corrupción en distintas épocas.
Hoy, el BAPRO, atraviesa, talvez, la situación de mayor crisis desde su fundación. Actos de corrupción y falta de políticas transparentes en sus directivos lo han llevado a un estado de extrema gravedad institucional, que han sumergido a las finanzas de la provincia con grandes déficit presupuestario y han provocado el quebranto económico de miles de bonaerenses.
Estamos frente aun BANCO que ha servido a unos pocos, y hundido en la desesperanza y desazón a muchos trabajadores y productores.
Los Socialistas, entendemos que defender la banca pública, es poner al servicio de la sociedad alternativas de desarrollo y crecimiento, por encima del beneficio de unos pocos. Por ello, defender la continuidad del BAPRO será un objetivo fundamental.
No es posible generar y poner en marcha ningún Proyecto político-económico sin el protagonismo activo del BAPRO.
Para ello el Banco de la provincia de Buenos Aires deberá:
- Permanecer en su totalidad dentro del Patrimonio del Estado Provincial.
- Reformar su Carta Orgánica, democratizando la integración de la estructura de dirección
- Generar políticas de control y auditorias que permitan a la sociedad un estricto control ciudadano de las actividades del Banco.
- Priorizar el desarrollo de acciones económico-financieras al servicio del comercio, industria y producción, que permita la generación de recursos genuinos, de acompañamiento de políticas activas de producción. Propender a la modernización y mejoramiento de la prestación de los servicios bancarios.
- Generar políticas crediticias que permitan el acceso a la vivienda y al fomento del empleo y desempeño de profesiones en los jóvenes bonaerenses.
- Se impulsara todos los recursos provinciales para la modificación de la Ley Nacional de Entidades Financieras, con el objetivo, entre otros, de relanzar las Cajas de Crédito en los ámbitos locales, como herramienta fundamental para volcar el ahorro y el crédito al circuito productivo.
- En relación a la captura de capital que los bonaerenses tienen fuera del sistema bancario se creara un Instituto Provincial con respaldo del Banco Provincia y del Banco Nación para que se vuelquen al Desarrollo Económico Local, donde puedan ejercer un control directo sobre sus acreencias.
4.11 Promoción de empleo
El socialismo entiende que pese a las profundas modificaciones de los sistemas productivos y laborales, el trabajo sigue siendo la actividad fundamental de la sociedad y fuente principal de la riqueza, por lo que impulsa las políticas de pleno empleo y el derecho de todas las personas al trabajo digno.
El socialismo se compromete a defender las conquistas y derechos de las trabajadoras y los trabajadores; a dignificar el trabajo doméstico; y a que todos los trabajadores y trabajadoras gocen de salarios dignos y prestaciones, capacitación y condiciones de trabajo satisfactorias y seguras. El empleo estable y bien remunerado debe ser una prioridad en los planes y acciones de gobierno para acabar con la pobreza y construir una sociedad justa.
El cuidado y promoción de la salud de los trabajadores y el perfeccionamiento permanente de las condiciones y medio ambiente de trabajo saludables es un objetivo prioritario del socialismo. Debe impulsarse la recuperación por el Estado del sistema de prevención y aseguramiento de riesgos del trabajo.
En la lucha por estos objetivos, es fundamental el fortalecimiento y democratización de las organizaciones representativas de los trabajadores.
Mientras el objetivo neoliberal es desafectar de la vida social a una parte de las fuerzas laborales, en oposición, los Socialistas quieren recrear la sociedad del trabajo.
La intención de generar empleo debe incluir la idea y los niveles de protección al trabajador, que habiliten al empleo como medio de inserción social y no sólo como una estrategia de sobrevida.
El objetivo es construir una sociedad de trabajo, fundamento básico para legitimar la democracia.
Es hora de producir algunas rupturas en las formas de pensar las relaciones laborales: la visión empresaria que considera a la degradación del salario y las condiciones de trabajo como variables de ajuste y herramienta de competencia, y el doble discurso que declaman sindicalistas y juristas al regreso a viejas normas laborales.
En la década del 40, se funda un nuevo trato entre trabajadores y empresarios con eje del derecho colectivo del trabajo, donde la lucha de los Socialistas estuvo presente desde la concepción propia de esos derechos.
Hoy, se debe compatibilizar la productividad con la humanización y estabilidad en el trabajo. Es decir, establecer un nuevo contrato laboral, en el que se asocien los esfuerzos de los trabajadores con el de los empresarios, en reconstruir y modernizar el aparato productivo, transformando y creando empresas con nuevos conceptos de industrialización al servicio de todos.
La participación empresaria y capacitación de los trabajadores son condiciones fundamentales para lograr una fuerza laboral identificada con los intereses de todos. Es imprescindible colocar la reivindicación del trabajo en un lugar relevante del debate y decisiones políticas.
En la generación de empleo es necesario hacer hincapié en los desarrollos locales, alrededor de la cual se debería pensar en un programa de cooperación sindical empresario que priorice la construcción de alianzas sociopolíticas productivas en la base de la sociedad, la economía y la política, es decir, en el trípode municipio, empresas y sindicatos, donde el Estado sea el eje que articule políticas de empleo y producción.
Los Socialistas creemos que el trabajo sostiene la identidad de las personas y su pérdida trae aparejada brutales efectos materiales, morales y psicológicos. Es por ello que un aspecto esencial del desarrollo social lo constituye la constitución de una red de contención social y cultural que permita, a aquellos que se encuentran en situación de desempleo o precariedad laboral, desarrollar una vida digna.
Propuestas:
- crear empresas de inserción para promover la inclusión de jóvenes excluidos del mercado laboral y a su vez incentivar la incorporación, por parte de ellos de rutinas propias del mercado laboral. El estado provincial hará sus contrataciones e incentivará a los municipios a comprar los productos de las empresas de inserción, los cuales serán principalmente los insumos de la política social de la comuna: comedores escolares y hospitales públicos, entre otros.
- crear talleres públicos de capacitación/producción para el sector informal y rural con el objetivo de incorporar a la fuerza de trabajo desempleada y subempleada, mediante una forma de capacitación- trabajo integral. Los talleres funcionarán en las mismas comunidades urbanas y rurales.
- promover la participación de los sectores sociales en el diseño de programa específicos de empleo para microempresas productivas y de servicios que funcionen como subsidiarias de empresas mayores capacitando a los trabajadores de acuerdo a las normas de calidad internacional.
- enmarcar los planes sociales de empleo dentro de las estrategias productivas de la provincia, generando nuevos servicios sociales a corto, mediano y largo plazo.
- promover la creación de Agencias de empleo en cada municipio con el objetivo de poseer un registro único de desocupados, efectuar un seguimiento del mercado laboral local y promover el trabajo femenino.
- promover la creación de Agencias de crédito solidario para apoyar los micro-emprendimientos (empresas familiares, autoempleados) que no tienen acceso a líneas de créditos y que, con una baja inversión de capital, permiten generar un número importante de puestos de trabajo.
- ejercer un rol activo en el control del cumplimiento de la legislación laboral. Mejorar las formas de control del empleo no registrado. Capacitar y jerarquizar las estructuras estatales que ejerzan el poder de policía de trabajo en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, a fin de que puedan ejercer activamente sus funciones.
